19 de Agosto de 2011 - Capital

La Rioja-Proyecto de ley de seguridad vial genera reacciones en el Concejo

El punto crítico radica en saber quién cobrará las multas. Hasta ahora, la Policía sólo hace operativos preventivos.

Las recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Felipe Alvarez sobre el proyecto de Ley enviado a la Legislatura para enmarcar el funcionamiento de la Unidad Especial de Control y Seguridad Vial tuvo críticas y aciertos por parte de referentes del Municipio de la Capital. Todavía no está definido quién se hará cargo de cobrar las multas y ese es el interrogante que todos se hacen. Desde la comuna advirtieron que se deben respetar las jurisdicciones y potestades que tiene el Municipio, establecido por la carta orgánica transitoria, mientras que destacaron las acciones que se realizan en forma coordinada por parte del Ejecutivo de la Provincia en conjunto con el Municipio.Todavía no se determinó si la facultad de cobrar multas por parte de la Policía será de exclusividad por parte de los efectivos o se realizará tal cual se hizo hasta el año pasado, donde la infracción era cobrada por parte de la Municipalidad, y una parte le correspondía a la Policía. Este hecho tuvo su escándalo mediático a fin del año pasado, cuando se denunció un monto que se le adeudaba a la Policía. Finalmente este monto fue depositado por parte del Municipio, que adujo “problemas solamente administrativos”. Ahora, con este proyecto, que todavía no se trató, generó dudas y críticas por parte de algunos referentes.NUEVA RIOJA pudo constatar que desde la Policía de Tránsito tienen los talonarios, pero todavía no están autorizados a emitir las multas, hasta que no se define bien la Ley y se firme un nuevo convenio, que se supone que tendrá que ser rubricado por el Gobierno y la Municipalidad.Hasta tanto, la Policía realiza los operativos preventivos, es decir que ante los casos de no tener el casco protector, se le retiene el rodado hasta que su propietario se haga presente con este dispositivo de seguridad. Solamente ahí se puede ir del operativo.En cuanto a las estadísticas, desde la Policía de Tránsito se informó que detectaron 50 casos por día de este tipo de falencias a la hora de conducir el rodado.   Cabe recordar que el ministro de Gobierno, Felipe Alvarez informó en una conferencia de prensa el martes pasado, que envió este proyecto de ley, que busca con estas acciones normativas y legales es, en primer lugar, disminuir los índices de siniestralidad vial y, en segundo, avanzar en la potestad de la Policía de la Provincia para secuestrar, retener y cobrar multas. Los casos contemplados en la normativa enviada a la Cámara de Diputados, son específicamente tres: en el caso de alcoholemia positiva, falta de casco del conductor o acompañante o expendio de combustible a motociclistas sin casco.Las multas para los conductores de motocicletas u acompañantes que no utilicen casco o que conduzcan con menores de edad en brazos, irán desde los 375 pesos, hasta mil pesos. Para las estaciones de servicio el rango va desde 1.250 hasta 5.000 mil pesos, con la posibilidad de aumentar. En cuanto a las multas por alcoholemia, van desde 320 pesos en adelante. El monto se incrementará, en todos los casos, sin excepción, según la reincidencia.

Críticas
Todavía no está bien definido dónde se pagará las multas, ni quién las percibirá. Al respecto, ayer los concejales de la Capital realizaron una conferencia de prensa en la que manifestaron su satisfacción porque el Gobierno provincial ponga en la agenda pública la seguridad vial. Sin embargo, advirtieron que no se debe avanzar con las competencias concedidas pura y exclusivamente al Municipio. Por ello es que pedirán una audiencia con el ministro Alvarez para que explique puntualmente este proyecto de ley.“Los aportes son bienvenidos, siempre y cuando se respeten las competencias de los municipios que están perfectamente delimitados y establecidos en la Ley orgánica municipal”, dijo la presidenta del Concejo, María Ernestina Cubiló, al tiempo que dijo que los concejales no conocen el proyecto de Ley sobre Seguridad Vial que el Ministerio de Gobierno enviará a la Cámara de Diputados, antes de que sea tratado por los legisladores. “Tenemos que dejarnos de vernos enfrentados, y trabajar en colaboración, respetar los convenios existentes, las normas están y la capacitación también, pero tenemos que tener la disponibilidad de mayores recursos, tanto financieros como humanos”. En este sentido indicó que “no necesitamos más normas, sino hacerlas cumplir y generar conciencia en los ciudadanos para que cuiden sus vidas y las de sus semejantes”, dijo la presidenta del Concejo, María Ernestina Cubiló.Señaló que “la problemática del tránsito es una cuestión complicada a nivel mundial, por eso la Organización Mundial de la Salud declaró el Decenio de la Seguridad Vial , por ser  una de las principales causas de muerte”. Es así que “el Concejo Deliberante se abocó a través de varias normas a procurar soluciones”, e informó sobre algunos indicadores que influyen en la situación actual. “De poco más de 200 mil habitante que hay en la ciudad, se calcula que hay una moto cada 3 habitantes y de una población activa de 160 mil  habitantes que se movilizan en distintos horarios todos los días, el transporte público sólo cubre 35 mil viajes y el resto se traslada en vehículos particulares, es decir, automóviles y  motos. Para controlar todo este movimiento sólo se dispone de 200 inspectores municipales, porque celebramos que la Provincia lo priorice y vuelque más recursos sean provinciales o los nacionales provenientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para este tema”, señaló al tiempo que recordó que desde “hace mucho tiempo la Municipalidad encara sola” y con sus propios medios distintas instancias de control.Otro de los ediles que opinó fue Oscar Luna, quien indicó que “no caben dudas de las competencias que tiene el municipio en materia de tránsito ya que las mismas surgen de las atribuciones en lo general, consagradas y otorgada a la Función Municipal en la Constitución  de la Provincia y en lo particular en la Ley Orgánica Municipal Transitoria, asimismo apuntó que “la Policía y el municipio trabajan en el marco de convenios que tienen plena vigencia” y agregó que “está en discusión una propuesta elevada por el Ministerio de Gobierno en donde la Policía pueda hacer operativos de control en forma autónoma, pero con talonarios de actas otorgado por el Municipio, instrumentos visado y auditado por el Tribunal de Cuentas de Municipal” y aclaró que “no hay deudas con la fuerza”.Quien no dio una opinión favorable sobre la política llevada a cabo por parte del ministro Alvarez fue el concejal Eleazar Arabel, quien se preguntó “¿qué hacemos con la cantidad de familias con dolor por todo este tiempo que no aplicó tolerancia cero?”.Arabel, quien indicó textualmente: “no le creo porque ya dijo en el mes de abril de este año que después de las elecciones vamos a implementar acciones tendientes a disminuir la siniestralidad vial” y nada hizo, sólo mostrar en una carrera automovilística.El proyecto todavía no se trató y ya generó puntos positivos y negativos sobre una norma que intenta frenar la accidentología vial, que ya se cobró 58 personas, una cifra que supera ampliamente el mismo período del año pasado.

Fuente: Nueva Rioja