16 de Enero de 2011-Mendoza

Mendoza-Confusión en un año electoral

Las declaraciones de la jueza con competencia electoral no hicieron más que sembrar mayor confusión en un año electoral, que a esta altura ya debería tener las reglas claras respecto de las primarias abiertas y la elección general.

El 2011 es un año electoral en el que los argentinos tendremos que elegir nuevo presidente de la República, gobernadores de las provincias, la mayoría de los jefes municipales y los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, la Legislatura provincial y los concejos deliberantes.
La crisis institucional sufrida a fines de 2001 puso de manifiesto un profundo descreimiento del pueblo argentino en su dirigencia política, expresado en aquella dramática consigna de "que se vayan todos".
Desde entonces, los dirigentes políticos han expresado mil veces sus propósitos de enmienda y su compromiso de producir una auténtica reforma política.
Han transcurrido diez años y seguimos esperando el cumplimiento de esas promesas para contar con reglas claras y estables que encaucen las disputas del poder. Ni siquiera está claro bajo qué reglas se votará en un plazo de apenas 9 meses.
La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, acaba de afirmar que es poco el tiempo existente entre la fecha prevista para las primarias, el 14 de agosto y el establecido para las elecciones generales, el 23 de octubre.
Según la magistrada, deben incorporarse millones de cambios en los padrones y esas modificaciones no se podrán aplicar para actualizar el padrón en los plazos previstos. Señaló además que existen diversas dificultades para aplicar la nueva ley electoral, sobre todo en algunas provincias.
Esas declaraciones resultan sorprendentes teniendo en cuenta que la ley electoral fue sancionada por el Congreso en diciembre de 2009 y desde entonces la magistrada permaneció en silencio.
Por su parte, la dirigencia política cruza ahora acusaciones y formula objeciones a esa norma legal, que establece que la campaña electoral debe iniciarse 35 días antes de la fecha de los comicios, la que quedó establecida para el 14 de agosto para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y para el 23 de octubre para los comicios generales.
Un plazo considerado exiguo por la gran mayoría de la dirigencia política en razón de que la anterior ley fijaba ese plazo en 90 días.
Desde el Gobierno, se dice que se trata de una ley que votó el Congreso Nacional y que hay que cumplir con su aplicación, asegurando que existen actitudes "temerosas" de parte de algunos candidatos.
Los opositores coinciden en señalar que las dudas se multiplican en la totalidad de los partidos, que el Gobierno no puede manejar el proceso electoral y las reglas a su antojo y que es necesario escuchar las afirmaciones de los jueces, en el sentido de que la norma legal es de imposible cumplimiento.
Los fundamentos de esa ley electoral expresan en tono declamatorio que se propone lograr una mayor participación política de la ciudadanía y la incorporación de los jóvenes "con capacidad, iniciativa y vocación" a la actividad política, sin embargo, en este marco de confusión, difícilmente se logren aquellos objetivos, porque es inevitable que el descreimiento y la desilusión crezcan en un electorado que a lo largo de casi 27 años de democracia maduró políticamente mucho más que su dirigencia.
Sin entender lo que sucede y sin saber cómo y cuándo se votará y si habrá o no internas abiertas y obligatorias, la ciudadanía observa impávida el espectáculo desconcertante que le ofrece una dirigencia que sigue anteponiendo sus intereses particulares o de facción a los del conjunto del pueblo.

Fuente: Los Andes