16 de Enero de 2011-Mendoza

Mendoza-En el Reino del Revés

Para la autora de la nota, la situación creada por la ley de internas abiertas genera irregularidades de todo tipo, que ponen al sistema político frente a varias encerronas.

Por María Matilde Ollier
Parafraseo un título tan querido para la infancia argentina -que es a la vez una forma de homenajear a María Elena Walsh- porque es lo primero que viene a mi mente cuando leo los dimes y diretes que oficialismo y oposición, justicia mediante, han intercambiando en estos días, a propósito de la incógnita sobre la ley 26.571, que establece elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para elegir presidente, vice y legisladores nacionales.
 
Más allá de la posibilidad de que las elecciones se lleven a cabo o finalmente vuelvan a suspenderse, tal como sucedió con la elección interna abierta para los comicios presidenciales de 2003, vale la pena reflexionar un poco sobre qué ha ocurrido y sigue ocurriendo en torno a esta renovada ley. Los hechos ilustran bien el funcionamiento de la política doméstica.
Entre noviembre y diciembre de 2009, diputados primero y senadores a continuación dieron a luz la Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, que venía a cubrir una necesidad del oficialismo: abatir al peronismo disidente llevando como candidato a presidente a Néstor Kirchner.
El oficialismo utilizó una mayoría pronta a extinguirse, dada su derrota en las elecciones legislativas, para buscar una forma de continuar en el poder luego de 2011. Para ello recurrió, entonces, a la única ley que pone en cuestión la igualdad democrática: la ley del más fuerte.
De este modo, una ley que debió contar con el consenso, producto de la negociación entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, fue impuesta por una mayoría consecuente (u obsecuente) con las necesidades políticas del Ejecutivo.
No se trataba de una ley irrelevante; por el contrario, se deliberaba una ley que hace al corazón mismo de la elección democrática: cómo la ciudadanía elige sus candidatos presidenciales y cómo los partidos proponen su oferta electoral.
Un cambio no menor acompañó este proceso manejado por el Gobierno: el Ejecutivo aprovechó para dejar el armado de los padrones en sus manos (la Dirección Nacional Electoral) antes que en las de la Justicia. Otro frente de disputa quedaba abierto.
El tiempo pasó. Las razones que impulsaron la iniciativa del Poder Ejecutivo en el Congreso se esfumaron ante la muerte de Néstor Kirchner. Parte de la oposición que nunca se mostró amiga de la ley hacía sus preparativos electorales en vista a su posible instrumentación.
Las aguas se encontraban relativamente calmas hasta que una jueza electoral afirmó que era "imposible" la depuración de los padrones para la fecha establecida para la realización de los comicios abiertos. Mientras tanto, otro juez afirmaba que el tiempo establecido para el escrutinio de las internas era también de cumplimiento "imposible".
Desde la oposición estallaron, entonces, nuevos cuestionamientos a la ley y a su implementación.
A los viejos interrogantes sobre la perpetuación del bipartidismo, se sumaron otros referidos a la aplicación de la nueva ley electoral: la ausencia de regulación de la publicidad oficial, la dependencia de la autoridad de aplicación de la Casa Rosada -quien distribuirá los espacios televisivos y radiales- y la falta de normas en relación al accionar de las juntas electorales partidarias, entre otros.
De ahí que mientras el Gobierno, a través de su ministro del interior, ratificaba la vigencia de la ley, todavía no reglamentada, y desafiaba a la oposición acusándola de temer al veredicto popular, sus rivales referían a su "imposible cumplimiento", "al cronograma bastante confuso", "a la generación de incertidumbre por parte del Gobierno", "o su intención de no cumplir la ley".
Lo cierto es que la situación creada desde el Gobierno genera irregularidades de todo tipo, que ponen al sistema político frente a encerronas varias. Así escuchamos desde el pedido de suspensión de la ley por parte de algún sector de la oposición, lo cual -de efectivizarse- confirma una vez más la inestabilidad institucional, hasta la ratificación de su implementación, lo cual implica un trabajo tardío, dudoso, controvertido y perjudicial para la oposición.
Entre el apuro y la incertidumbre comienza la improvisación. La oposición decide ensayar formas de contrarrestar la imprevisibilidad pero también su disconformidad con la ley. Las terceras fuerzas, Coalición Cívica y Proyecto Sur, que por ahora no han armado alianzas, al girar (cada una) en torno a un solo jefe, ya postularon a éstos como sus candidatos presidenciales.
Desde el radicalismo, dos de sus postulantes, el mejor posicionado en las encuestas, Ricardo Alfonsín, y el nuevo contendiente, Ernesto Sanz, pergeñan una consulta interna no vinculante en reemplazo de una elección interna formal, cuyo ganador sería el aspirante de agosto. El problema parece plantearlo Julio Cobos, que no jugaría en esta consulta no vinculante. De ahí que la falta de reglas dé para todo.
En el peronismo disidente también estallaron las controversias entre Felipe Solá, contrario a una interna peronista, y el resto de los aspirantes (Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá) que plantean un diseño similar al propuesto por el radicalismo.

La democracia invertida
La confusión que semejante comedia de irregularidades ha producido lleva a concluir que la democracia argentina funciona de manera invertida. Esto significa que, en nuestro país, no son las reglas y las instituciones las que delimitan y establecen los términos de la lucha por el poder sino que ocurre a la inversa: el resultado de la lucha por el poder define el cumplimiento, el cambio o la violación de las reglas.
La subordinación de las reglas al resultado de la lucha política -que por supuesto se refleja en el Parlamento- y, en consecuencia, a la voluntad del ganador, constituye el rasgo central de nuestra debilidad institucional, de la cual deriva su inestabilidad.
A su vez, la inestabilidad institucional conduce a la incertidumbre que se vive de manera permanente. En pocas palabras, la democracia invertida explica el sainete en relación tanto a la sanción de la ley de internas abiertas como a su futura e incierta implementación.

Bajo el signo de la desconfianza
Por Pablo Mendelevich
Algunos intentan asemejar las internas abiertas con el sistema norteamericano. Pero las diferencias son abismales.
Todavía no se han probado las creencias populares según las cuales la plata trae más plata, la salud trae más salud, el amor reproduce amor y -en la otra punta- la mala suerte jamás se presenta por unidad. Pero algo está por acreditarse en la Argentina: las internas traen internas.
Como el gobierno obliga este año a todos los partidos y a todos los ciudadanos a presentarse el segundo domingo de agosto en el cuarto oscuro para decidir miles de candidaturas, cundió el ejemplo y más de uno quiere hacer (antes) su propia interna hogareña.
No conviene inferir de ello, sin embargo, que la democracia trae más democracia. Se trata aquí del recaudo de quien come antes de ir a un banquete debido a que el cocinero del anfitrión no le merece ninguna confianza.
Mientras no se suspenda la ley que las impuso, las internas "del Gobierno", como se las llama en los mentideros políticos, estarán concentradas en un "superdomingo", que cae apenas diez semanas antes de las elecciones generales. El nombre completo de lo que se está por probar es PASO, Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (úsase como "las PASO…", sustantivo, nunca verbo). Lo de primarias, claro está, es en homenaje a las norteamericanas.
Pero allá, cosa de gringos, son elecciones voluntarias, escalonadas a lo largo de varios meses, se aplican distintos métodos según los estados, en ningún lado hay un cuarto oscuro sembrado con decenas de boletas de colores llenas de nombres ignotos y todo desemboca en convenciones partidarias consagratorias.
Ellos practican sus primarias, porristas incluidas, desde los tiempos de Theodore Roosevelt, de modo que no conocen mucho sobre lo que significa tener en cada elección presidencial reglas de juego distintas y, además, poder violarlas bajo el tic argentino de que todos lo hacen.
La duración de las campañas, por ejemplo, ha sido reducida entre nosotros, desde este año, de 90 días a 35. ¡Sabios legisladores, cuánta profilaxis cívica en un solo inciso! Pero, qué le van a hacer, la realidad se burla de su sabiduría: basta alzar la vista para ver que todos los políticos están ya mismo en campaña (la Presidenta desde hace años, sin solución de continuidad), y eso que falta tanto como un embarazo completo para el día de los comicios.
Ahora bien, ya que las campañas deben ser (sic) de sólo 35 días, ¿qué problema hay en que los partidos definan sus candidaturas presidenciales recién el 14 de agosto si tienen tiempo de sobra para desenrollar la campaña desde ese domingo (o los primeros días de setiembre, cuando con suerte ya estará el escrutinio definitivo) hasta el 23 de octubre?
 
La gran cuestión es saber qué parte de la ley vale y qué parte no. Resulta curioso que surja ahora la preocupación por la legalidad de las preinternas, internas privadas, preescolares (porque se hacen antes de la primaria) o como se las quiera llamar. Legales son en tanto no están prohibidas y mientras se ajusten a las cartas orgánicas de cada partido.
 
El problema es la señal. Protagonistas importantes como el radicalismo y el peronismo federal planean un sistema paralelo al que les impone el Gobierno porque descreen de las reglas que mandó lacrar Kirchner en 2009 tras perder ese año las elecciones. Mala renovación para un sistema, el electoral, que se basa en la confianza.

Fuente: Los Andes