El municipio local recibió en concepto de la nueva tasa a empresas de extraña jurisdicción más de un millón de pesos de parte de una sola firma que acordó el pago de este tributo a comienzos del corriente año.
Se trata de la multinacional General Motors que abonó al Estado local la friolera de 1,3 millón de pesos por el llamado «impuesto a la valija». El cobro de este tributo fue gestionado y logrado por el estudio jurídico «Acrich y Langer», tras varios meses de gestión.
Desde la administración que lidera el reelecto intendente Eduardo Avalle se aseguró que esta contrubición que se aplica a empresas que venden servicios o bienes en Marcos Juárez sin tener una sede física en la ciudad está amparada en la ordenanza vigente, que fuera aprobada por todos los ediles el año pasado.
Los funcionarios aclararon que parte del dinero extra que se obtiene de esta forma será destinado a mejorar los haberes del personal municipal y el resto se aplicará para optimizar los servicios y ejecutar obras en distintos sectores de Marcos Juárez.
De acuerdo a las previsiones del estudio jurídico mencionado, el cobro de esta tasa ha permitido aumentar en promedio 20% la tasa a las diferentes municipalidades cordobesas que lo aplican desde hace varios años.
Incongruencia opositora
Mientras, la administración municipal destacó el éxito de poder haber cobrado efectivamente esa suma millonaria a General Motors, desde la oposición política en el Concejo Deliberante se pidió derogar la ordenanza que habilita el cobro de este tributo.
Los mismos ediles que el año pasado aprobaron dicha normativa, ahora consideran que el cobro de este tributo puede generar consecuencias negativas contra el municipio si alguna de las empresas involucradas decide litigar judicialmente por esta causa.
Ante la negativa del oficialismo, los concejales radicales y del Frente Cívico pidieron tratar nuevamente la ordenanza que dio marco al impuesto a la valija para rechazarla y «no quedar como responsables de lo que pueda ocurrir».
En este contexto, hay que tener en cuenta que los fallos judiciales producidos a nivel nacional o provincial no han prohibido en modo alguno la aplicación de esta tasa.
Fuente: La Mañana
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