El arreglo que el 28 de noviembre de 2017 logró el Sindicato Único de Empleados Municipales (Suoem) con el Ejecutivo de la Ciudad ya sonaba peligroso entonces: preveía una actualización mensual de acuerdo a un índice de inflación que surge de una canasta de indicadores oficiales: Indec de todo el país, más los índices de las provincias de San Luis, Capital Federal y Santa Fe.

Hoy, con todas las variables de la economía detonadas, queda a la luz que fue ruinoso en términos económicos para el municipio.

Entre enero y octubre de este año, los municipales llevan un aumento salarial del 38,04 por ciento, cuando el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba acumula en el mismo período 38,36 por ciento. El IPC del Indec nacional, 39,5 por ciento. En esos 10 meses, el salario promedio del trabajador estable en Argentina (medido según el Ripte) aumentó 26 por ciento, con lo cual, el Suoem lo supera en 46 por ciento.

Con excepción de los aceiteros, un sector que exporta el 75 por ciento de lo que produce, no hay acuerdo salarial en el país que se le acerque, ni público ni privado, al punto que no piden un bono compensatorio.

El monto es una de las razones que lo diferencian del resto. Camioneros es uno de los casos emblema por lo que significa en términos políticos su líder, Hugo Moyano, y por su impacto económico tanto en los costos logísticos como en las pérdidas que ocasiona con una medida de fuerza. Recientemente acaba de firmar un 15 por ciento adicional (a pagar en noviembre y en mayo) y cerró el año en 40 por ciento.

En tanto, los trabajadores del municipio cordobés recibirán este año una suba igual a la inflación, cuya proyección ronda en el 47 por ciento para 2018.

Pero hay otras razones adicionales que hacen de esta paritaria un caso inédito: el ritmo al que se cobran los aumentos. La mayoría de los gremios negocia la suba de a tramos: dos, tres, eventualmente cuatro. El mismo Camioneros tendrá el 40 recién en mayo próximo.

Acá, el reconocimiento de la suba de precios se aplica a los 30 días, y no se paga en simultáneo por la sencilla razón de que los indicadores oficiales se publican después de que los municipales cobren el sueldo. Así, no existe prácticamente rezago entre la suba de precios y el aumento salarial que la compensa.

Una tercera razón que diferencia esta paritaria a la mayoría del resto es que no contempló una morigeración de la cláusula gatillo en caso de que las condiciones se le complicaran a quien paga los sueldos, es decir, al municipio. Una de estas condiciones es que la recaudación baje o que se modifique el escenario de reparto de coparticipación. Para la ciudad de Córdoba, las dos cosas sucedieron y no estaba prevista la instancia de revisión de lo acordado. La Provincia, por caso, paga desde mayo actualización mensual pero en agosto, cuando la recaudación bajó, avisó que en septiembre se revisarían las condiciones, porque así estaba contemplado en el acuerdo firmado en diciembre de 2017.

La cuarta condición que hizo inusual este acuerdo fue, justamente, la automaticidad: nada quedó sujeto a revisión. Si bien los consensos de largo plazo (anuales o de 18 meses) le quitan conflictividad a la relación y evitan que la gestión se aboque sólo a negociar paritarias y evitar las asambleas y los paros, tienen el riesgo de que pase lo que pasó: que nada se pueda negociar.

Es términos económicos, es muy costosa la “paz social” porque el principal gasto del municipio –que ronda el 65 por ciento de su presupuesto– queda indexado así al ciento por ciento con la inflación.

Con una devaluación este año superior al 50 por ciento, el fisco queda sin margen para licuar, al menos unos meses, su principal gasto fijo. Dada esta experiencia para 2019 este mecanismo de ajuste será diferente.

 

Una foto diferente

Consumado este acuerdo, cambió el ranking de los trabajadores “mejores pagos” del Estado cordobés.

Históricamente, la lista era liderada por los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, seguido de los empleados de Epec, bancarios del Banco de Córdoba y municipales de Capital, según los datos de quienes aportan al sistema de la seguridad social provincial. Pero la generosa paritaria del Suoem los catapultó al segundo puesto de los mejores pagos con fondos públicos.

Así, de un salario promedio bruto que tenían en marzo de 48.592 (cuarto puesto) pasaron al tercer lugar en febrero de este año, con un salario de 74.055 pesos y al segundo lugar en octubre pasado, con 73.593 pesos brutos promedio entre los casi 11 mil trabajadores municipales.

A contramano de todos los sectores, el salario promedio de los trabajadores de Epec se redujo 3,3 por ciento entre inicios de año y octubre pasado, fruto del plan de reducción de gastos que el Ejecutivo emprendió este año en la distribuidora provincial.

Un detalle al margen: a nivel país, el salario promedio de los trabajadores estables, contando entre públicos y privados, pasó de 26.301 pesos en diciembre pasado a 33.154,28 en octubre.

El aumento es del 26 por ciento (31 por ciento menos de lo que lograron los municipales cordobeses) con salarios que no llegan ni a la mitad de lo que cobra empleado del Palacio 6 de Julio.

 

Fuente: La Voz