Paredes Urquiza y Martínez denuncian que el Tribunal de Cuentas Provincial, en la persona del Cr. Macchi, a pesar de no tener competencia para exigir rendiciones de cuentas al Municipio de la Capital, no solo intimó a sus autoridades para que presenten rendiciones de cuentas, sino que también aplicó multas por no presentarlas y hasta llegó a enviar Pliegos de Reparos a los responsables de la Administración Municipal, configurándose de esta forma una clara y grave violación de las leyes vigentes por parte de los funcionarios del Tribunal de Cuentas Provincial.

Al momento en que él o los funcionarios del organismo de control Provincial (que preside desde hace más de 2 décadas el Cr. Luis Zamora) a sabiendas quebrantaron las leyes vigentes, se configuró el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos previsto en el Art. 248 del Código Penal.

 

“Capítulo IV - Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos > ARTICULO 248 

"Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”

Esta conducta por parte de las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia no es casual, señalan Paredes Urquiza y Martínez, es parte del proceso de presión política y amedrantamiento ejercido por el oficialismo provincial, para someter a quienes se oponen políticamente a ellos; usando para este fin al Tribunal de Cuentas Provincial como herramienta de coacción contra la dirigencia política que no le responde.

Situaciones similares se dieron con municipios del interior (caso Chamical); pero la gravedad del caso que hoy se denuncia es el hecho de que el Tribunal de Cuentas Provincial no tiene ninguna competencia para controlar al Municipio de la Capital; el que cuenta desde hace 32 años con su propio Tribunal de Cuentas Municipal, por lo que el abuso de autoridad es tan grosero que se convirtió en un delito, que podría terminar en la carcel para el Cr. Macchi y las demás autoridades del Tribunal de Cuentas Provincial que pudieran ser responsables; además de responder con su patrimonio personal por las demandas que pudieran surgir.

Esta situación es una muestra más de la precariedad institucional que atraviesa la provincia, donde organismos como el Tribunal de Cuentas, en lugar de cumplir su función constitucional de contralor, termina funcionando como una herramienta de presión contra la oposición política, al servicio de una sola persona o un sector político. No se dimensiona que cuando un funcionario público viola una ley, aunque lo haga por pedido de su jefe político, comete un delito, y este es el caso de lo que sucedió con las autoridades del Tribunal de Cuentas Provincial; terminaron señalando los denunciantes.

 

Fuente: Impacto Rioja