Durante el ciclo de seminarios sobre el gobierno municipal argentino organizado por la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (Findel), El Cronista indagó en la situación y problemática de los municipios locales que fueron expuestas por diversos especialistas y funcionarios públicos.

Daniel Cravacuore, director de Findel, destacó que la autonomía y la descentralización de los gobiernos locales se han vuelto un asunto apremiante, donde el trabajo de todos los ámbitos y sectores políticos -sin distinción- se convierte en la mejor manera para encontrar soluciones.

Julio César Pereyra, intendente de Florencio Varela y copresidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas, opinó que el municipalismo no distingue entre sectores políticos, aunque reconoce se trata de un tema "muy hablado y poco ejecutado".

Por su parte, Orlando Pulvirenti, abogado especialista en Derecho Administrativo, indicó que hay municipios que se han tornado "inviables". Pone a Quilmes como ejemplo, donde encontró 170.000 personas afectadas por las inundaciones y bajo la línea de pobreza requiriendo habitación y vivienda al municipio.

"Esto un municipio no puede pagarlo, pero los vecinos quieren respuestas y van a tocar la puerta del poder que más cerca tienen", dijo. Al respecto, el especialista concluyó: "Hemos empoderado en derechos a los municipios, cuando, muchas veces, esto no encuentra un correlato económico a la altura de las circunstancias".

Por esta razón, los expertos municipalistas coincidieron en asegurar que la situación requiere que se revise el sistema de coparticipación.

Entre los problemas que demandan los municipios, entre ellos el de Tierra del Fuego, están los conflictos de intereses que mantienen el gobierno nacional con el municipal en relación al impuesto inmobiliario. El mismo fue llevado a juicio recientemente por el gobierno provincial fueguino, despertando el debate en torno a la autoridad de los municipios y la prometida ley de coparticipación promulgada en 1994. La Ley de Coparticipación, que tiene por objeto coordinar la distribución de lo producido por los tributos impuestos por el estado federal, fue un ejemplo emblemático porque, desde 1996, la reforma debía estar implementada. Aunque el gobierno actual se ha comprometido a impulsarla, hasta el día de hoy esto no se ha cumplido.

 

Fuente: El Cronista