El Ejecutivo Municipal presentó un recurso de revocatoria contra el fallo que dictó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto de los trabajadores designados por la gestión del ex intendente Ricardo Quintela.

El municipio presentó el recurso judicial y a la vez advirtió que no se encuentra en condiciones financiera de hacer frente a lo dispuesto por el TSJ.

Así lo informó el fiscal municipal, Raúl Galván. 

El funcionario comunal recordó que el Ejecutivo Municipal firmó en enero pasado un acuerdo con los trabajadores en conflicto y subrayó que ese acuerdo preveía un plazo de 150 días para que el municipio analice caso por caso cada designación.

Al mismo tiempo, Galván aseguró que sólo quedan 130 trabajadores en conflicto con su designación de planta. “Presentamos un recurso de revocatoria porque el municipio firmo un acuerdo en un plazo de 150 días para ir viendo caso por caso. Es importante saber que de todos los amparistas que fueron beneficiados 300 ya tiene regularizadas la situación y sólo quedan 130”, le dijo Galván a Radio La Red.

 

“No podemos acatar el fallo”

Por otro lado, Galván afirmó que el municipio capitalino no se encuentra en condiciones financieras de hacer frente al fallo del TSJ que avaló el amparo judicial presentado por los trabajadores municipales 

El Fiscal explicó que el municipio fue notificado del fallo del TSJ después de haber liquidado los sueldos y dijo además que la comuna no está en condiciones de afrontar el pago porque tienen problemas financieros. “Lo que sucede es que las liquidaciones se hacen los 25 y la notificación del fallo fue el 29. Cuando el municipio fue notificado ya se habían liquidado los sueldos. Además el municipio no está en condiciones económicas ni financieras para afrontar el fallo”, aseguró. 

Galván insistió en que para el municipio es inviable afrontar el fallo de la justicia. “Si no hay plata es imposible pagar y nos encontraríamos con una sentencia que no se puede cumplir porque no hay partida suficiente”, recalcó.

El fallo del TSJ hizo lugar a una acción de amparo mediante la cual se solicita reincorporar a más de 300 empleados que fueron designados en la planta municipal durante los últimos meses de la gestión de Quintela y que fueron suspendidos por la actual gestión comunal en diciembre pasado.

De este modo, el TSJ le ordenó al municipio capitalino que “se abstenga de modificar la condición de revista de los trabajadores afectados, constituidos como partes en este proceso y en consecuencia ordenar el pago de los salarios tal como lo vienen percibiendo hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión”.

Como se recordará, la administración Paredes Urquiza decidió suspender a estas personas al considerar irregulares a estos nombramientos.

El TSJ todavía debe expedirse sobre la cuestión de fondo. 

 

Pedirán embargar las cuentas del municipio por no acatar el fallo del TSJ

Los trabajadores municipales que fueron suspendidos por el Ejecutivo Municipal pedirán embargar las cuentas de la comuna por la decisión del municipio de no acatar el fallo del TSJ.

Así lo adelantó el abogado de los amparistas, Miguel Zárate.

El letrado afirmó que ante el incumplimiento de la comuna, ahora los trabajadores suspendidos pedirán el embargo de las cuentas del municipio.

Zárate dijo que el Ejecutivo Municipal no acató el fallo judicial y que no depositó los sueldos de los trabajadores que fueron suspendidos.

El abogado consideró que el municipio capitalino está en condiciones de pagar los sueldos de los amparistas porque fueron presupuestados el año pasado.“De modo tal que esa plata es de los trabajadores, pero se ha estado utilizando en otra cosa y eso es otro tema”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a la compra de vehículos que realizó el Ejecutivo Municipal en los últimos días. En este caso indicó que la comuna compró “camiones por cuatro millones de pesos; es decir que plata líquida tienen. Sabemos que tienen la plata y lo deben pagar porque esos sueldos son la fuente de alimentación para esa gente y sus familias”, agregó.

Hay que recordar que estos trabajadores fueron suspendidos en enero pasado y desde entonces no perciben sus haberes mensuales.

 

Fuente: Nueva Rioja