El reconocido escritor Ricardo Mercado Luna en su libro “La Rioja de los hechos consumados” plantea las dificultades que presentan estas tierras desde la mismísima fundación y el constante accionar de la sociedad por tratar de superar las adversidades. A muchos años de esta publicación, la vigencia de sus palabras sigue intacta y pinta de cuerpo entero muchas de las situaciones que nos toca vivir a los riojanos. 

Para lamento de muchos, todos acuden en busca de la solución con los hechos ya consumados, sin ninguna previsión o anticipación que permita evitar que “la sangre llegue al río”. Sin llegar a enumerar la serie de hechos que confirman esta teoría, vale centrarse en los últimos acontecidos y que centraron la atención de los medios de comunicación, locales y nacionales. 

Si bien el conflicto salarial docente tuvo una resolución favorable, hay que señalar que la dilación afectó seriamente el avance en los parámetros educativos. El capricho gremial quedó en evidencia cuando lo que se terminó acordando, es lo mismo que se había ofrecido a principios de marzo. En el medio, quedaron miles de alumnos sin el dictado de clases, con la consecuente pérdida irreparable de contenidos. 

Hablar de las maniobras de Rogelio De Leonardi sería abundar en redundancias, que siempre desembocan en los inocultables intereses por permanecer en el poder y lograr la mayor cantidad de ingresos al gremio. El último y abortado paro, fue el más claro ejemplo que la coacción es la manera constante de actuar, pues la única preocupación era tratar de evitar el descuento de los días no trabajados por los docentes que acataron los paros. 

Las negociaciones encabezadas por los ministros de Hacienda, Ricardo Guerra y de Educación, Walter Flores, intentaron destrabar definitivamente el conflicto y posibilitar una salida a tantos días de idas y vueltas. 

Finalmente, el acuerdo arribado implica la devolución de los descuentos realizados, en tanto y en cuanto se reprograme el dictado de los contenidos perdidos. Sin dudas que la hipocresía de lo convenido, se podrá visualizar con el correr del ciclo lectivo, pues sabido es que si no se aumentan las horas o días para dictar clases, será imposible que los educandos recuperen el tiempo perdido. Mientras tanto, de lo salarial poco se volvió a hablar, para ocultar que la dilatada discusión fue completamente inoficiosa. 

En el mismo ámbito educativo, se vivieron quizá los momentos de mayor tensión en el marco del reclamo del alumnado que asiste al ISFD “Pedro I. de Castro Barros”, por las condiciones edilicias del predio donde se imparten las clases, desde que la vieja escuela Normal fue reacondicionada para convertirse en el Paseo Cultural. 

Lo que fue un constante y añejo reclamo por mejorar la infraestructura de la institución, se transformó en un gran dolor de cabeza para las autoridades educativas provinciales. Más allá del alto grado de politización que sigue teniendo detrás este legítimo reclamo del alumnado, la permanente dilación en pos de dar una solución definitiva, deriva en que el problema se magnifique a límites inimaginables. 

Un acampe frente al Paseo Cultural fue la primera reacción, que con el correr de los días se volvió intolerable para muchos de los ciudadanos que padecen el caos de tráfico en horarios pico por el centro de la ciudad, además de los comerciantes que vieron perjudicadas sus ventas y hasta padecieron el hacinamiento de los acampantes. 

Luego de realizar las mejoras, el Ministerio de Educación intentó que la actividad retorne a la normalidad a principios de la semana, pero se dio con la sorpresa que el ingreso al profesorado había sido bloqueado por el estudiantado. 

Este fue el punto de inflexión para que comience una batalla legal que derivó en el desalojo de los dos predios ocupados. Las presentaciones ante la Justicia, formuladas por la cartera de Educación y los comerciantes damnificados con el acampe, fueron determinantes para que los magistrados decidan y el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, ordene el despeje pertinente. 

El que mayor repercusión mediática tuvo fue el llevado adelante en el actual edificio del profesorado. El choque de derechos entre quienes reclaman por un lugar apropiado para educarse y quienes quieren trabajar y estudiar, fue el detonante para que la justicia libre la orden a la fuerza pública. 

Vale la pena detenerse en esta instancia, porque mucho se habló sobre una presunta represión policial, especialmente de aquellos medios con marcada tendencia político – sectorial, que magnificó el accionar desarrollado para recuperar la habitabilidad del edificio. 

Sin dudas que cuando dos sectores buscan propósitos diferentes, existen escaramuzas y forcejeos, que lejos está del abuso de la fuerza. Lamentablemente hubo damnificados de ambos lados en pugna, desde estudiantes golpeados hasta policías mordidos. El supuesto protagonismo de la diputada Lucía Avila en una de las agresiones derivará en una investigación legislativa para evaluar su comportamiento. Su rol de opositora podría acelerar un proceso sancionatorio, en caso de comprobarse su participación. 

La potenciación de estas situaciones, le hace un flaco favor a la convivencia social y mucho menos a la posibilidad de resolver pacíficamente este conflicto de tamaña magnitud. 

Las posteriores manifestaciones públicas y el desalojo del acampe de calle Pelagio B. Luna, evidenciaron un cambio total de actitud, donde reinó el pacifismo y la cautela, para evitar inútiles enfrentamientos que sólo sirven para provocar mayores divisiones. 

La aparición tardía de la Iglesia, que también padece de la falta de “timing” para reaccionar antes las necesidades sociales, podría haber significado una salida a la difícil situación. Sin embargo, las posturas como por ejemplo, proponer que se destinen los fondos de la restauración de la Catedral para construir un nuevo edificio para el profesorado, rozan lo demagógico, pues es sabido que el destino es específico y un desvío de esos recursos sería una clara malversación. La Iglesia debería ser el punto de confluencia y en estos tiempos de fuertes divisionismos, se podría convertir en el eje de la concordia para posibilitar el diálogo perdido en muchos sectores políticos, económicos y sociales de La Rioja. 

Más allá de esto, vale adentrarse para hablar ahora de responsabilidades, porque toda acción tiene una reacción. Son pocos los funcionarios que se hicieron cargo de una conflictividad que podría haber derivado en consecuencias mayúsculas, si no se frenaba a tiempo. Muchos colaboradores inmediatos del Gobernador solamente miraron desde afuera y esperaron que nada los roce, para evitar involucrarse. 

El “sálvese quién pueda” que comienza a observarse es realmente alarmante, si se piensa que por delante queda poco más de un año y medio para que culmine este período de gobierno. De nada vale apresurar los tiempos y las peleas, al menos hasta que las reglas de juego electorales estén marcadas. 

Beder Herrera desde principios de este año decidió dar protagonismo a su gabinete, confiando que cuentan con las herramientas suficientes para adelantarse a los problemas y ejecutar las acciones y políticas que se diseñan desde su gobierno. Sin embargo, lo que se evidencia son actitudes tardías para correr detrás de los inconvenientes, permitiendo que los conflictos marquen la agenda pública. 

Esta falta de previsibilidad es alarmante y ponen en serio riesgo la imagen del Gobernador, que decididamente está pensando en un perfil de provincia productiva y actuando en consecuencia con las gestiones que lleva adelante en la Nación. La política macro que está desarrollando Beder Herrera, parece no ser entendida por su equipo de colaboradores, que en lugar de ayudar, muchas veces entorpecen. 

Para muestra vale un par de botones. Además de mirar para otro lado cuando los problemas golpean las puertas de otro ministerio, muchos se encargan de denostar a los que hacen algo por buscar las soluciones. Los enfrentamientos internos ya llevan, al menos, dos peleas cara a cara entre cuatro ministros distintos, que por muy poco llega “a la manos”. 

Pero también están aquellos que hacen de más y aquellos que directamente no hacen y terminan perjudicando a quien encabeza los destinos de la provincia. 

Algo así ocurrió con la evidente falta de perspicacia de los colaboradores encargados de realizar los decretos, que establecen la delegación de mando ante la ausencia del Gobernador. 

La gravedad que tuvo la falta de notificación a quienes debían hacerse cargo del Ejecutivo la semana pasada, debe tener su correlativo llamado de atención para los funcionarios que deben llevarlo adelante, pues el Gobernador no puede estar fijándose si durante su ausencia tampoco estaría el vicegobernador ni el vicepresidente de la Cámara. Como tampoco se puede justificar, que las personas que siguen en el orden sucesorio no comuniquen como corresponde su ausencia de la Provincia, para no caer en la acefalía. 

En algún momento hay que decirle basta a La Rioja de los hechos consumados y comenzar a navegar en las tranquilas aguas de la institucionalidad y el respeto por los derechos de la democracia. Las normas existen, lo que no se da es el cumplimiento de ellas. Todos deberíamos bregar por ese objetivo, sin la necesidad de poner zancadillas a la vida institucional de la Provincia o intentar romper con la sana convivencia social. 

 

Fuente: El Independiente