El juez Claudio Soto realizó pasadas las diez de la mañana una inspección ocular en las unidades de Autobuses Santa Fe y dio fin así a la etapa de recolección de pruebas, en el marco de la causa judicial iniciada por un grupo de ONG contra la Municipalidad y la empresa por la falta de accesibilidad en los colectivos.

Ahora, después de que las partes presenten los alegados de manera escrita, el magistrado quedará en condiciones de dictar sentencia. De todas maneras, de acuerdo a lo que pudo saber El Diario, no se espera una resolución tajante en contra del municipio y la firma.

El juez Soto se fue raudamente del lugar, con declaraciones muy escuetas a la prensa. Incluso, el magistrado pareció convencido de que las personas con discapacidad podían acceder a las distintas unidades de transporte sin demasiadas dificultades. La visión de las distintas ONGS que plantearon el reclamo fue distinta: creen que la accesibilidad no quedó garantizada.

El abogado de las organizaciones no gubernamentales, Nicolás Romano, explicó en el lugar que ahora las partes tienen el plazo de un día hábil para "oponerse o no al cierre probatorio". Y tres días hábiles más para la presentación de los alegatos por escrito. "Creemos que en unos 15 días hábiles el juez estará en condiciones de dictar sentencia", apuntó Romano.

 

Recurso de Amparo

La Fundación ACCIÓN, Asociación Caleuche, LIPEBI, LIPADI, Fundación Madre Teresa y CADAD habían presentado un recurso de amparo para que se cumpla la accesibilidad para los usuarios del servicio de colectivos urbanos. Reclamaban que se utilicen unidades de piso bajo en toda la flota que presta el servicio, como las que tenía Plaza cuando estaba a cargo. Actualmente, solo una pequeña parte del total de las unidades son de piso bajo.

A mediados de febrero, el juez terminó de escuchar a los testigos que presentaron cada una de las partes. En las audiencias, cada una de las partes se mantuvo en su posición.

Desde la Municipalidad reconocieron que no se ajusta a lo que se pedía en el pliego de licitación. Pero sostienen que la accesibilidad está garantizada con combis adaptadas y con rampas mecánicas que serán agregadas a los colectivos, además de algunas unidades de piso bajo que ya circulan. Esa misma propuesta es la que presentó Autobuses Santa Fe.

Desde las ONG, pretenden que todas las unidades tengan piso bajo, tal cual lo exigía el pliego que las autoridades prefirieron “saltear” amparándose en la urgencia que tenían para contar con el servicio.

El argumento de las organizaciones no gubernamentales es que no solamente se ven afectadas las personas con discapacidad que no pueden acceder a las unidades. También se ven en desventaja personas mayores, obesas o los niños por lo difícil que es acceder a un colectivo. Y sostienen que los argumentos de la Municipalidad “le hacen el juego” a la empresa, que utiliza unidades más baratas y con menos mantenimiento.

¿Qué puede llegar a resolver Soto? Fuentes judiciales sostuvieron a El Diario que lo más seguro es que el fallo del magistrado le de la razón a las ONG en que no se cumple con la total accesibilidad, pero que exija una solución a la Municipalidad y a la empresa que permita adaptar las unidades actuales. Por ejempo, agregando rampas tal como ya han propuesto. Lo que se dice un fallo “salomónico”.

 

Varios problemas

Los problemas con la accesibilidad de los colectivos surgieron desde el vamos. La Municipalidad aceptó las unidades de piso alto, al contrario de lo que se pedía en el pliego, para no demorar más el servicio cuando Plaza ya había puesto fecha para su salida.

Los primeros meses no hubo otra alternativa que ese tipo de vehículos. Luego, comenzaron a circular algunas unidades de piso bajo y se anunció que también habría una combi para personas con discapacidad. Según dijo el mismo intendente Larrañaga, de ese modo la accesibilidad estaría garantizada “a un 100%”. Pero al día de hoy, la combi es poco utilizada y las unidades de piso bajo no llegan a ser una por línea.

Tras el amparo presentado por las ONG, también se anunció que los colectivos serían adaptados con rampas. Eso fue rechazado por los denunciantes, pero en definitiva fue la solución que los funcionarios ofrecieron en la Justicia.

Desde las ONG sostienen que el problema de accesibilidad no es solo para las personas con discapacidad, sino también para personas mayores, obesas o incluso niños.

 

Otras denuncias

Pero además, en la Justicia hay otra presentación de los concejales del FrePam, realizada en diciembre del año pasado. Los ediles denunciaron penalmente a tres autoridades del municipio capitalino para que la justicia provincial investigue si hubo incumplimiento de los funcionarios públicos a sus deberes, al aceptar la oferta de la empresa Autobuses Santa Fe SRL en “clara violación del pliego licitatorio aprobado por el Concejo Deliberante”.

Los denunciados fueron el intendente Luis Larrañaga y los secretarios de Obras Públicas y Servicios, Javier Schlegel (renunció en febrero de este año), y de Hacienda y Abastecimiento, Miguel de Elorriaga.

Según los denunciantes, con el apartamiento del pliego los denunciados “violaron la legislación de rango internacional, nacional, provincial y local” en relación a la accesibilidad de los servicios públicos, aparte de “violar también el principio de progresividad de los Derechos de las Personas”.

“Por si fuera poco los funcionarios municipales crearon un contexto de rescisión adelantada de la prestadora Plaza, que debía cumplir el servicio hasta 2016”, indicaron en su momento.

En junio de 2012, los bloques de concejales del FrePam y del Radicalismo Independiente habían hecho otra denuncia relacionada con los colectivos. En este caso, contra los funcionarios que autorizaron el aumento del boleto de Plaza. Los denunciados fueron Larrañaga, Schlegel, De Elorriaga, y el exdirector de Servicios Públicos, Daniel Filippa.

Los funcionarios municipales sostuvieron públicamente que el boleto debía costar 3,04 pesos, según los cálculos de una fórmula polinómica, pero que por un acuerdo con la empresa se decidió dejar el boleto en 2,50, sostuvieron. Para los denunciantes, en tanto, sus cálculos -en base a datos de Estadísticas y la Subsecretaría de Trabajo- establecieron que el aumento debía llegar a 2,25 pesos.

 

Fuente: El Diario de La Pampa