Complementariamente, el Poder Ejecutivo ya reservó $ 20 millones para trabajos en las comunas, pero aún no definió la distribución; el decreto del gobernador fija que la Provincia podrá usar los recursos en las ciudades con los equipos técnicos del Gobierno.
La Provincia distribuirá en total $ 80 millones, no reintegrables, correspondientes a sus ingresos por el Fondo Federal Solidario entre las municipalidades y las comunas rurales, para la realización de obras públicas mediante la adjudicación directa, y sin pasar por el mecanismo de la licitación pública.
En materia municipal, a la cabeza de la distribución estará la Capital, con $ 16,4 millones que llegaron originariamente desde la Nación, en la coparticipación del impuesto a las retenciones de exportaciones de oleaginosas, en especial de la soja.
Otros $ 43,6 millones serán repartidos entre los 18 municipios del interior: los que más perciban (recibirán $ 3,5 millones) obtendrán tres veces más que las administraciones con menor rango (conseguirán $ 1,2 millón). -Ver "Cuánto se asignará..."-.
En cuanto a las comunas, se reservan $ 20 millones para distribuir entre las 93 delegaciones rurales, aunque aún no está definida la cifra para cada una.
Trámite veloz
El mecanismo para los municipios está definido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 12/3, que ingresó el jueves a la Legislatura y podría ser tratado en la sesión prevista para este viernes. El objetivo es comenzar a gastar casi de inmediato, ya que se pretende que los trabajos estén terminados hasta diciembre.
En los considerandos se hace referencia a los compromisos asumidos con la Nación para destinar los recursos fiscales a la construcción de infraestructura sanitaria, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con un régimen de reparto automático del 30% del monto remitido entre los municipios. El resto queda en el erario provincial, y es sobre lo que ahora se dispondrá.
Si bien la norma no lo especifica, el gobernador, José Alperovich, ya dijo que los dineros serán afectados prioritariamente a obras de cordón cuneta y pavimento. En caso de algún sobrante, cada administración lo destinará a emprendimientos específicos como habilitación de pozos y redes de agua, o tareas en edificios públicos. Así lo indicaron los intendentes consultados por LA GACETA días pasados.
Sin embargo, algunos trabajos podrán ser encarados directamente por dependencias de la Provincia, sin necesidad de intervención municipal. "Dispónese que el Poder Ejecutivo podrá ejecutar obras: A) Por sí, a través de sus organismos técnicos competentes; B) Por convenio con los municipios", pauta el artículo 2 del DNU.
Dada esta norma, hasta podrían intervenir entes descentralizados, como la Dirección Provincial de Vialidad en caso de pavimentación, o el Siprosa, si se decide mejorar algún centro de atención de la salud.
"Se hace necesario contar con fondos que permitan la ejecución y continuidad de obras que son una constante necesidad, para brindar soluciones y mejorar la calidad de vida de los distintos sectores de la provincia. El mejoramiento de la infraestructura se encuentra en estado de emergencia permanente", explicita el decreto firmado por el gobernador y sus ministros. Así justificaron la emisión del DNU en lugar de un proyecto de ley.
Disposiciones
En los casos en que el Ejecutivo resuelva que las obras financiadas por el Fondo Solidario de la soja se ejecuten mediante convenio con los municipios, se requerirá que el acuerdo entre la Casa de Gobierno y la Intendencia sea ratificado por los correspondientes Concejos Deliberantes. En esos pactos se determinará el uso de los fondos y la forma de rendir cuentas, lo cual evitará que los recursos vayan a rentas generales municipales y se los distraiga para otros destinos.
Cada emprendimiento, a su vez, podrá ser realizado por administración (a través de las propias dependencias estatales) o por terceros. En este último supuesto, se faculta específicamente a los "órganos ejecutores" (el DNU no menciona cuáles serían) a adjudicar en forma directa la realización de estos trabajos. Del mismo modo se podrá hacer si se deben contratar servicios o comprar materiales y bienes necesarios, cuando la obra sea encarada por el propio Estado.
Fuente: La Gaceta
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