Como grotescas figuras de un pasado doloroso que no quiere irse y que no se irá probablemente hasta que todos sus protagonistas -y tal vez alguna generación más- hayan pasado. Qué habrá pensado ayer César Milani cuando volvió a La Rioja, no ya como un teniente de Inteligencia militar, hijo de un conocido dirigente peronista cordobés, sino ya como el jefe de esa Inteligencia y de todo el Ejército Argentino, concentrando un poder que pocas veces en épocas democráticas tuvo un militar.

Alfredo Olivera, kirchnerista convencido, al igual que la gran mayoría de los expresos políticos de La Rioja, no dudó en reconocerlo en el programa de Lanata. Y si la investigación de la desaparición del conscripto Ledo avanza, casi seguramente se podrá ampliar a las desapariciones de “Tuco” Minué y Roberto Díaz, ambos amigos íntimos de Ledo. En aquellas épocas a ninguno de los tres se los vinculaba con Montoneros sino con otras organizaciones de izquierda. Lamentablemente esta nueva situación puso al descubierto que las ideologías, en su fase de mezquindades humanas, están por encima de la búsqueda de la verdad y la justicia, dos valores primordiales que todo ser humano organizado en sociedad, debe buscar sobre cualquier postura partidista. Los ex presos políticos, Guito Vergara y Yopo Illanez recibieron hasta insultos y acusaciones de “traidores a la revolución de Cristina” de parte de sus antiguos camaradas, por haber participado del programa periodístico de la “corpo mediática opositora” (porque ahora ya se reconoce que hay una corpo mediática oficialista), aunque ello significase mantener el manto de silencio sobre aquellos sucesos.

Más de las implicancias y consecuencias nacionales, que es dudoso que se produzcan por el gobierno nacional ya tomó una postura al respecto y jamás reconoce errores, habrá que ver ahora si efectivamente se reabre la causa Ledo, impulsada por los familiares o por la Secretaría de Derechos de la Nación (porque su par provincial no dijo ni mu hasta ahora). Y si la misma recae en el fiscal ad hoc designado por el kirchnerismo en Tucumán o en el juez Herrera Piedrabuena, acusado de pusilánime por los militantes de Derechos Humanos de La Rioja. Y hasta denunciado en el Consejo de la Magistratura nacional por ello. Ayer, por ejemplo, no estuvo el fiscal federal durante la recepción del escrito de Milani, cuando en el nuevo sistema, el fiscal es quien impulsa la acción.

Mientras tanto, mediante una simple resolución del ministro de Justicia, el Gobierno se auto extendió el plazo de presentación de declaración jurada de bienes que debían hacer mañana los funcionarios, ¡hasta el 19 de setiembre! Aunque en realidad la presentación será un mes después porque la nueva ley establece que las oficinas de recursos humanos de las diferentes áreas tienen 30 días hábiles más para informar a la Oficina Anticorrupción, las presentaciones de bienes de los funcionarios, o sea cuando ya hayan pasado las elecciones.

El pasado 8 de julio, la Presidenta reglamentó la nueva ley de declaración patrimonial de bienes, que había sido sancionada por el Congreso el 8 de mayo. Todos estaban contentos porque la nueva ley amplió el universo de funcionarios a senadores, diputados y jueces que deben presentar dicha declaración. Era un paso adelante en la transparencia de la gestión del funcionariato.

in embargo, a pesar de la declaración en contrario, el decreto gubernamental trastoca la intención de la ley. Por ejemplo, el art.4 estipula que los funcionarios ya no presentarán los tradicionales formularios sino que deberán completar uno de la AFIP que exige menos detalles: no tiene pormenorizado los valores de propiedades (ni origen de los fondos), ingresos, ni su participación en empresas ni tampoco incluye el patrimonio de cónyuges o hijos. Todo esto irá en un anexo reservado. Y si por casualidad un juez pide conocer los detalles de ese anexo reservado, es la AFIP y no la Oficina Anticorrupción la que decidirá si lo informa o no, pudiendo recurrir al famoso “secreto fiscal” para ello. Lo cual quiere decir que en realidad, la Oficina Anticorrupción, cumplirá un mero rol de pasapapeles, porque la que decide será la AFIP de Ricardo Etchegaray, otro de los funcionarios acusado de corrupción cuando estaba al frente de la desaparecida Onca. Esto además impedirá a la ya languideciente Oficina Anticorrupción (OA) realizar una de sus principales tareas, además del control patrimonial, como es el análisis de conflictos de intereses entre la actividad pública y privada del funcionario.

La nueva ley también suprime la Comisión de Etica Pública, nunca conformada por el gobierno kirchnerista, algo que siempre reclamaron las ONG de transparencia ciudadana.

En el año 2003, el flamante presidente Néstor Kirchner firmó un decreto de reglamento del acceso a la información pública que establecía que “toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado”.

Después de las elecciones de octubre, cuando se conozca la declaración jurada de bienes de la Presidenta, seguramente su patrimonio se verá sensiblemente reducido respecto del 2011, ya que, por ejemplo, que se perciben a nombre de su difunto esposo, no tendrán que hacer públicos sino que irán en la hoja “reservada”. Y si alguien quiere saberlo, que vaya ante un juez a decir por qué quiere saberlo.

 

Fuente: Nueva Rioja