Una medida judicial dictada el último lunes frenó que unos 50.00 habitantes de las villas 31 y 1-11-14 de Buenos Aires, a los que en los últimos meses se les hizo cambio de domicilio a la capital de Corrientes, sean instalados por la Municipalidad de esta ciudad en un predio del barrio Molina Punta que la misma Comuna busca usurpar para que la organización Tupac Amaru, de la jujeña Milagro Sala, les construya un barrio con todos los servicios.

Ayer, la policía de la provincia debió frenar el ingreso de máquinas viales al predio en cuestión, propiedad de una empresa constructora, y tras tomarle declaración a los maquinistas, citó al secretario de Obras Públicas municipal, quien será el primero de los funcionarios comunales en responder por la desobediencia a una orden judicial de la que ya habían sido notificados horas antes y que indicaba que debían abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad en los terrenos claramente identificados como propiedad privada.

Los vecinos del barrio Molina Punta, que se reunían anoche en asamblea junto a los propietarios de los terrenos, advirtieron que no permitirán este avance del Municipio en la zona, similar al que un año atrás se realizó en Bella Vista, donde se incrementaron repentinamente los hechos de inseguridad tras la llegada de los nuevos habitantes según denunciaron pobladores bellavistenses.

El escándalo se desató la semana pasada. El Municipio comenzó por mandar a emparejar y limpiar 16 hectáreas, propiedad de una empresa y gran parte de las cuales estaban reservadas para un espacio verde en el barrio Molina Punta. Luego de esa limpieza, una mujer que se presentó como representante en Corrientes de la Tupac Amaru, que se movía en una camioneta 4x4, realizó en la zona una asamblea en la que les dijo a futuros okupas que se metan en el lugar, estaqueen los terrenos, pongan carpas y no se muevan más de allí. Les anticipó que tenían apoyo de la Municipalidad de Corrientes.

Los vecinos del barrio Molina Punta denunciaron penalmente a la mujer, que tendría una oficina en pleno centro de Corrientes, y reclamaron una cautelar que les fue concedida en la mañana del lunes y notificada al Municipio y a la representante de la Tupac Amaru en la tarde del mismo día.

La orden judicial impide el acceso al lugar de personas, maquinarias o elementos de cualquier naturaleza para la instalación de personas. Ayer se reforzó esa acción penal con el pedido de una cautelar civil.

Vecinos de los barrios Apipé y San Gerónimo denunciaron ayer los mismos movimientos que en Molina Punta durante la pasada semana, todo con la presencia de máquinas viales contratadas por la Municipalidad de Corrientes para preparar los terrenos. Un funcionario municipal admitió en off que son cinco los terrenos de distintos barrios observados por la Municipalidad para entregárselos a okupas traídos desde Buenos Aires, aunque aseguró que se trataría de 5.000 familias, lo que hace presumir un incremento poblacional en la zona de alrededor de 25.000 personas, entre las que se contarán adultos sin trabajo y chicos y adolescentes sin plazas en los establecimientos educacionales. De ese cupo, el kirchnerismo aspira a que por lo menos entre 10 y 12.000 estén en condiciones de votar para septiembre.

La noticia de la instalación de los habitantes de las villas porteñas en Corrientes viene circulando desde hace algunas semanas. Ya era vox populi que desde el Municipio se les construiría un barrio para que se instalen en algún lugar de Corrientes antes de las próximas elecciones, y de alguna manera el concejal de La Cámpora, Justo Stoup, lo confirmó cuando admitió que la organización regimentada de la polémica Milagro Sala, la Tupac, construiría un barrio en Corrientes. Un par de años atrás, el Municipio había anunciado que sería la organización Madres de Plaza de Mayo, que por medio del plan Sueños Compartidos construiría viviendas en el barrio La Chola de Corrientes, algo que nunca se concretó y que solo pasó a formar parte de un escándalo de corrupción nacional.

A las quejas de los vecinos del Molina Punta, se les sumaron ayer tras confirmarse la noticia, la de okupas de distintos barrios de Corrientes que se mostraron indignados con la estrategia municipal: “A nosotros nos mantienen con promesas de que cuando Camau sea gobernador nos van a dar casas, mientras que a éstos que ni siquiera son de Corrientes, les construyen una casa para traerlos a que los voten”, dijo Olga, una habitante del barrio Pirayuí, que accedió a hablar con La República.

 

Los cuestionamientos a la Tupac Amaru

La organización social Tupac Amaru tiene duros cuestionamientos en la provincia de Jujuy, donde es liderada por la dirigente Milagro Sala.

En 2009, el senador radical Gerardo Morales denunció en el recinto del Senado al Gobierno nacional por “financiar a la dirigente Milagro Sala” y al grupo piquetero Tupac Amaru, al que definió como “una organización mafiosa vinculada hasta con la droga”.

“Esta es una organización mafiosa que tiene vinculación hasta con la droga”, dijo Morales en esa oportunidad.

Esta afirmación del legislador jujeño terminó siendo clave para la Justicia, que abrió una causa contra Sala a partir de los dichos del senador.

“El juez dice que me acusa porque Gerardo Morales me nombra”, dijo en esa oportunidad Milagro, al ser citada por el magistrado federal Mariano Wenceslao Cardozo, quien consideró que había pruebas para investigar a la Tupac Amarú por los fondos públicos que recibe del Estado nacional y las acusaciones por supuesta venta de drogas en los barrios jujeños. Pero la causa todavía está en trámite, aún no se resolvió.

Según el senador Morales, el Gobierno nacional le aporta 100 millones de pesos al grupo Tupac Amaru en Jujuy.

 

La organización de los narcos en la 1-11-14 del Bajo Flores

La 1-11-14 es una villa porteña del Bajo Flores que es utilizada por los narcotraficantes como lugar para esconder cargamentos de droga, montar puestos de ventas y refugiarse, sembrando el terror en el resto de esa población pobre que habita el lugar. 

Los diarios porteños Tiempo Argentino y La Nación informaron sobre los últimos hechos policiales por narcotráfico. 

El 25 de mayo pasado, la Policía Federal fue atacada con piedras cuando intentó allanar un lugar y detener a varias personas acusadas de tráfico de drogas. El diario La Nación informó ese día que los sospechosos advirtieron que iban por ellos. “Apenas vieron llegar los automóviles no identificables de la Policía Federal se dieron cuenta de que estaban a punto de ‘perder’ e intentaron resistir a pedradas. Cuatro móviles de la fuerza federal de seguridad resultaron dañados en los parabrisas y los capots en un operativo antidrogas en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores”, precisó el diario porteño.

El 17 de julio de 2012, la Justicia Federal procesó con prisión a diez narcos de la villa 1-11-14, que integran la organización que dirigía desde la cárcel el peruano Marcos. Según La Nación, esta organización “mantiene una amplia hegemonía territorial”, porque “se pudo comprobar la instalación de puntos de venta de estupefacientes ocupados por integrantes de la banda que, con roles intercambiables, cumplen las funciones específicas e indispensables para el normal despliegue de las operaciones de tráfico de droga”.

Según confiaron fuentes judiciales, hay filmaciones y otras pruebas que demuestran la existencia de cinco puestos de venta de droga en la villa, identificados como puesto Varela, puesto San Juan, córner de Lalo, puesto de la cancha de los paraguayos y puesto San Jorge.

En mayo de 2011, el diario Tiempo Argentino informó que Marco Antonio Estrada González, alias Marcos, está acusado de ser el jefe de la banda y su esposa también aparece entre las involucradas. Las causas por tráfico de drogas en esa villa está en manos del juez federal Sergio Torres. Según este diario, “tratándose de una causa compleja y con tantos acusados podría demorar mucho tiempo”. 

 

Fuente: La República