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1 de Junio de 2013 - Tribunal de Cuentas

San Luís-El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la peatonal

Reveló que la empresa recibió el 40% del valor de la obra a una semana de haberla iniciado. Lo estudiará el Concejo.

La Intendencia de San Luis no deja de cosechar cuestionamientos por la construcción de una cuadra de peatonal junto a la transformación del Paseo del Padre. Ahora, el Tribunal de Cuentas Municipal emitió un duro informe en el que detectó una serie de irregularidades sobre la obra que ya suma cuatro meses de demora, el mismo tiempo que tenía el plazo de ejecución oficial y por la que el Ejecutivo ya pagó $10.874.129,27, lo que representa el 97,36 por ciento del presupuesto original.
El órgano que audita las cuentas comunales reveló que el Municipio le pagó a la empresa Ceres SRL un adelanto financiero del 40 por ciento ($4.467.792,29), de los cuales un 25 por ciento fueron solicitados en concepto de “acopio de materiales”, todo entre el 19 de setiembre y el 5 de octubre del año pasado. Y calificó a la maniobra de “improcedente” porque el pliego sólo prevé un anticipo del 15 por ciento, prohibe el otorgamiento de dinero para esos fines y la ley de obras públicas impone un tope del 30 por ciento.
“Un adelanto por encima del indicado en el pliego o no previsto en el mismo, implicaría una modificación en las condiciones de la oferta, pudiendo afectar derechos de terceros que hubieran participado de la licitación”, expresó el texto de siete carillas, al que tuvo acceso El Diario; que lleva las firmas del presidente, Javier Rapisarda, y de los vocales Marcos Cianchino y Graciela Cussatti de Miraglia; y que ayer pasó a la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante.
Para el Tribunal, la contratista solicitó ese aporte adicional para adelantar al 20 de diciembre la terminación del Paseo, un fundamento que consideró “inconsistente” y que en la práctica, tampoco se cumplió. “Tomando la fecha de inicio de obra del 28 de setiembre, el término para la entrega del Paseo del Padre se cumplía el 17 de diciembre, con anterioridad a la fecha indicada por la empresa del 20 de ese mes”, sostuvo para hacer caer el argumento y agregó que “los 120 días totales para la finalización íntegra de la obra se cumplieron el 26 de enero de 2013”. 
Las pruebas que recabó el órgano echaron por tierra los dichos del asesor letrado del Municipio, Ricardo Bazla, quien hace una semana ofreció una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete y otros funcionarios para asegurar que el anticipo financiero había sido “exactamente del 15 por ciento, tal como lo establecen las normas vigentes” y garantizó que el pedido adicional de la adjudicataria fue rechazado por su antecesora en el cargo, Estela Aragón, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Vilche.
El informe del Tribunal no menciona cuál fue el dictamen de ambos funcionarios sino que observó que los dos “se encuentran alterados y sin salvar las fechas de emisión (borradas con corrector)”. La celeridad con la que tuvo que actuar el Municipio para satisfacer el planteo empresarial tampoco respetó los requisitos legales porque la opinión de Aragón está fechada el 5 de octubre, un día después de que salió el decreto de la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento Urbano que autorizaba el depósito, previo pase de la Dirección Técnica de la Comuna y del secretario Legal y Técnico, todo ocurrido en la misma jornada. Dos semanas después se conoció la renuncia de la asesora letrada.
Pero las inconsistencias no terminaron ahí. La Municipalidad autorizó una ampliación de obra por $222.565,08, un monto que es reconocido por el secretario que la heredó. El decreto está fechado el 27 de febrero, pero en la copia de los certificados figura que las tareas comenzaron un mes antes “por lo que se podría suponer que la ampliación y el inicio de los trabajos no tuvieron la autorización pertinente”. 
El órgano también marcó el incumplimiento de Ceres a destinar, durante el plazo de ejecución de la obra, dos computadoras de escritorio, dos celulares liberados y una camioneta 4x2 doble cabina, que quedaría en propiedad del Municipio al culminar el lazo contractual.
Por ahora la Intendencia sólo atinó a postergar otra vez el plazo, que venció el martes. Pero lo hizo sin fecha cierta. “La entrega se concretará en el transcurso del mes de junio”, reza una nueva gacetilla.
 
Fuente: Diario La República

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