Reacción tardía. Eso es lo que tuvo la Municipalidad de San Luis para salir a responderles a los concejales opositores, que a mitad de la semana pasada mostraron a la prensa cómo la Comuna vende maquinaria en forma irregular, sin autorización del cuerpo legislativo y sin remate público de por medio. 

La Intendencia convocó a una conferencia cuando habían transcurrido tres días hábiles del recorrido de los ediles de Compromiso Federal por una "chacarita" en pleno Parque Industrial Norte. Y lo hizo para exponer que se trata de chatarra, a la que calificó de bienes privados y dijo que el Centro de Disposición Final (CDF) está facultado para comercializarla.

Pese a que el jefe comunal, Enrique Ponce, instruyó a cuatro funcionarios para que fijen posición sobre la denuncia pública, el contacto con los periodistas se convirtió en un unipersonal del asesor letrado, André Baz-la. El abogado villamercedino fue quien el 4 de enero se ganó el mote de "negador serial" porque, primero, le negó a El Diario los ataques a una oficina que terminaron con el ingreso a dependencias con cerrajero y con tres funcionarios despedidos, y luego, las imágenes lo mostraron como protagonista principal de la embestida en la Secretaría de Vivienda.

"Es una confusión maliciosa. De ninguna manera hemos enajenado bienes de dominio público", aseguró sobre el listado de elementos que encontraron los concejales en un predio cerrado con alambre perimetral y que contiene cuatro motoniveladoras, una minicargadora, dos barredoras, una tolva de asfalto, un motor para el funcionamiento del martillo asfáltico y un tanque para transportar hormigón. Todas fueron fáciles de identificar porque tienen la inscripción o el sello de la Municipalidad.

"Cuando la maquinaria ya no cumple sus funciones para la que fue comprada deja de ser un bien público y pasa a ser un bien privado. El cambio de situación se hace con un acto administrativo y ahí se puede vender", justificó Bazla aunque no pudo precisar ni mostrar el decreto o resolución que respalden que el equipamiento vial y de limpieza habrían quedado en desuso. Tampoco dio montos ni dijo a qué fueron destinados esos ingresos.

El patrocinante de la Comuna trató de dejar en claro que la operación "no generó ningún perjuicio al erario municipal" y que, según su interpretación, no hay razones para que la venta debiera haber pasado por el Concejo Deliberante y menos por una subasta pública. "Se ha trabajado correctamente", manifestó antes de desviar el foco de la conferencia con la entrega a los periodistas de fotocopias de boletas pagadas por la actual gestión y la anterior, de Alicia Lemme, sobre montos que destina el Centro de Disposición Final para el transporte del personal y la seguridad del predio.

 

Fuente: La Gaceta de San Luís