28 de Marzo de 2013 - Concejo Deliberante

Tucumán-El PJ avaló obras para la Capital, a costa de contrataciones directas

El Concejo Deliberante avaló, a partir de los votos del oficialismo, la adhesión al programa "Más cerca" para la concreción de obras por un monto de 115 millones de pesos, aunque en un primer desembolso sólo se recibirán 1,12 millón. La oposición cuestionó que se eluda la licitación, la falta de un plan de obras y la discrecionalidad de ejecución.

Ajustándose a los tiempos que digitó la Nación y atento a los apuros por parte del Poder Ejecutivo provincial para que la norma se efectivice cuanto antes, el Concejo Deliberante capitalino aprobó en la jornada de ayer, solamente con el voto de los ediles justicialistas, la adhesión del municipio al Plan Nacional denominado "Más Cerca", por medio del cual se tiene previsto ejecutar durante el año 2013 soluciones "urgentes" a las necesidades básicas de los habitantes de la provincia.
Como ya se había suscitado en el debate que se propiciara en la Legislatura semanas atrás, desde las bancas opositoras se objetó el presente proyecto a raíz de tres aspectos centrales que merecieron críticas. Así, las posturas contrarias a la esencia de la iniciativa se basaron en cuestionar el dejar de lado el proceso de licitación pública al momento de realizar las obras y avanzar en la contratación directa. Asimismo, los concejales refractarios al oficialismo reflejaron su malestar ante la falta de controles que se implementará desde la propia Intendencia. En tanto que hubo reparos como consecuencia de la escasez de datos y precisiones en lo que concierne al plan de obras a ejecutar en conjunto con los montos dinerarios que se enviarán desde la Administración Central.
Como miembro informante y titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del órgano deliberativo capitalino, Ignacio Golobisky defendió el proyecto al resaltar que se trata de un plan tendiente al mejoramiento de infraestructura de la Ciudad que posibilitará, a su vez, mantener los niveles de ocupación y empleo con el objeto de superar los coletazos de la crisis internacional que se abate sobre el país.
Al hacer mención sobre los recursos que se dispondrán, el justicialista indicó que "son fondos no reintegrables, por lo que no se compromete el patrimonio y el presupuesto del municipio, y así no generamos ningún endeudamiento a futuro".
Paralelamente, reconoció que hasta el momento no se tiene determinado en forma completa el plan de obras que se llevará a cabo. Vale señalar, en este sentido, que en una primera etapa se concretarán obras mediante un convenio firmado entre la Provincia y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), por lo que a la Municipalidad se le otorgará, en un primer desembolso, la suma de 1.123.745 pesos aproximadamente, aunque el monto total de todo el programa en sus diversas etapas asciende a los 115 millones de pesos.
Quien abrió los discursos críticos ante el tratamiento de esta norma, fue el radical José Luis Avignone, quien comentó que días atrás envió una nota el propio Intendente Domingo Amaya en la que solicitó descripciones del programa para su análisis, pero que hasta el momento no tuvo una respuesta satisfactoria.
"Esto es un cheque en blanco donde se elude la licitación pública y se hacen las contrataciones por vía directa. Me pregunto por qué el apuro, pero como no comemos vidrio, se advierte que es con un fin meramente electoral", adujo el correligionario.
Por su parte, desde Fuerza Republicana, su representante Claudio Viña, ya desde un principio cargó contra el plan de obras al señalar, en tono irónico, que al no aprobarlo "estamos en el horno, ya que parece que con esto se soluciona todo, hay un antes y un después". Seguidamente, bregó por instrumentar controles estrictos de modo tal de posibilitar un gasto eficiente de los recursos asignados.
"Este programa es entendible si recién se arranca con una gestión, pero llevan nueve años en el gobierno y aún así se justifican necesidades básicas insatisfechas de la población. Además, se evitan todo tipo de controles ya que la Municipalidad no tiene un organismo de contralor para estos gastos", protestó Viña.
Además, hizo foco sobre el posible grado de discrecionalidad al momento de establecer las zonas en que se ejecutarán los trabajos. "Todas las obras son antojadizas y a pedido de aquellos políticos que tienen fuerza territorial", denunció.
 
Una secretaría del PE
A su turno, la edil Sandra Manzone (Coalición Cívica), trajo al seno del debate la resolución de la justicia que había cuestionado la metodología de la contratación directa y mediante una cautelar (promovida por el PRO) frenó obras que revestían esta cualidad, dado que la propia Constitución provincial establece que deben primar las licitaciones públicas al momento de encarar este tipo de obras.
"Se está incurriendo en una actitud antidemocrática. Entonces debemos cambiar el nombre de este proyecto que pasaría a ser 'menos municipio, más concentración y cero autonomía'", indicó Manzone.
El macrista Roberto Ávila protestó que al avanzar con la iniciativa "la Intendencia pasó a ser una secretaría del Poder Ejecutivo, afectando la transparencia de los actos de gobierno ante lo que es un proyecto vacío".
En tal sentido, no descartó que la ordenanza sea pasible de judicialización como consecuencia de las "desprolijidades" que se avalaron.
Quien saltó a la palestra en defensa del programa nacional fue Javier Morof al refutar las acusaciones sobre la inconstitucionalidad de la norma en razón de promover las contrataciones directas. "La ley habla de buscar soluciones urgentes a las necesidades de la población, lo que es una razón de orden pública y así se ajusta a la Constitución, por más que jueces movidos por la demagogia no lo entiendan así", exclamó.
Las manifestaciones vertidas por Oscar Nagle tendieron a contrarrestar las objeciones al sostener que la oposición apeló a "discursos maliciosos con términos oscuros, pero la ley está muy clarita. La plata no llega a una caja donde cada uno retira esos recursos según su parecer. Se propone un cotejo de precios que es público y cualquiera puede constatar a las empresas que se presentan", indicó.
Finalmente, el delfín del amayismo en el recinto, Germán Alfaro, destacó que es imprescindible efectivizar lo enunciado en la ordenanza puesto que "nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y hacer sin apartarse de la normativa y de la ley". Paralelamente, graficó que al municipio le corresponde un 23 por ciento (115 millones de pesos) del monto total para la provincia que se traducen en la concreción de 113 obras.
Al momento de la votación, doce fueron las voluntades que avalaron la iniciativa, mientras que los cinco opositores se expresaron en contra de la misma.

Fuente: El Siglo