Avanzan en la reglamentación en San Martín de los Andes
El defensor del Pueblo y del Ambiente estará facultado para realizar investigaciones sobre cualquier acto administrativo que afecte intereses colectivos o difusos de los vecinos, conforme lo resolvió la Comisión de Reglamentación de la Carta Orgánica, que avanza en la confección de la ordenanza para la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, creada con la nueva Constitución municipal aprobada en 2010.
De la reunión participaron las concejales Emilia Otharán (Libres del Sur), Ana Ambrogi (UNE) y Natalia Vita (MPN), el exconvencional Carlos Sarceda (UCR), el asesor legal del UNE, David Olego, y el vecino Luis de Brun.
En esta ocasión se abordaron los capítulos tres, del Procedimiento y cuatro, de las resoluciones del proyecto. El defensor del Pueblo y del Ambiente, en sus investigaciones, seguirá el trámite y las formas que prevé el reglamento interno de la Defensoría.
Como se apuntó, se resolvió que el defensor del Pueblo y del Ambiente podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública local y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.
El Concejo Deliberante y las distintas dependencias públicas podrán recibir quejas de los interesados de las cuales darán traslado en forma inmediata al titular de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente.
Sin perjuicio de las facultades previstas, el defensor deberá prestar especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la administración pública, procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter.
Fuente: Diario de Río Negro
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