El sindicato que representa a los playeros de las estaciones de servicio consideró inadmisible la pretensión de la iniciativa de transferir la obligación del poder de policía a los particulares. Los expendedores también en contra.
El Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes y Playas de Estacionamiento (Soesgype), que abarca además a lavaderos automáticos y gomerías anexas del Chaco, manifestó su preocupación por el avance del proyecto de ley presentado por el diputado provincial, Hugo Domínguez, que pretende prohibir el expendio de combustible a aquellos motociclistas que no lleven el casco de seguridad reglamentario puesto.
El secretario general del gremio, Andrés Dumont, consideró como «inadmisible» esta intención, ya que así «se pretende transferir la obligación de poder de policía a particulares». Al tiempo que destacó que toda la responsabilidad recae en los playeros, que no son más que trabajadores, que deberán enfrentar el disgusto y malestar de los clientes. Es por esto que anticipó que de avanzar con esta intención definirán próximas medidas de fuerza que pueden derivar en un paro, o la no venta de combustible a los motociclistas.
Por su parte el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Miguel De Paoli, anticipó que hoy llegará a la provincia el presidente de la Federación de Entidades de Combustibles de Buenos Aires (Fecoba), Luis Malchiodi, autor de una ordenanza similar que se encuentra vigente en esa jurisdicción y que además se reunirá con legisladores provinciales para informar sobre esta experiencia.
No obstante esto, De Paoli resaltó su «profunda decepción por la manera en que se presentó el proyecto local con un fin meramente recaudatorio», ya que las estaciones de servicio serían las sancionadas.
Los motivos del rechazo.
Desde el Soesgype manifestaron su preocupación ante las publicaciones periodísticas que daban cuenta de que la Legislatura sancionaría, al tener la aceptación de la mayoría de los diputados, el anteproyecto de prohibición de venta de combustibles a motociclistas sin cascos, presentado por el diputado de la Alianza, Hugo Domínguez.
El dirigente Andrés Dumont en primera medida resaltó que están «totalmente de acuerdo en que se implementen medidas que contribuyan a salvar vidas, mejorar el tránsito, hacer cumplir las medidas de seguridad establecidas en leyes de tránsito vigentes», ya que no son ajenos a la problemática del mismo, especialmente en Resistencia donde la Municipalidad no encuentra la solución para resolverlo.
Asimismo indicó que como parte involucrada nunca fueron consultados, y consideró inadmisible la intención de pretender transferir «una obligación de poder de policía propio del Estado a particulares, en este caso a los compañeros trabajadores de estaciones de servicio, que no les compete y que ni siquiera resultará bonificada o retribuida».
Por otra parte, Dumont señaló que de la misma manera omitieron contemplar en el proyecto «la totalidad de los intereses que se deben velar», en clara referencias a «la seguridad de los trabajadores de estaciones de servicio, a quienes se los expondrá a situaciones límites y no deseadas, cuando tengan que afrontar insultos y agresiones físicas, ante ataques de furia de los motociclistas que se acerquen a los surtidores y se les diga que no se le cargara combustible por no poseer el casco protector».
En esta línea recordó las numerosas situaciones de violencia que los trabajadores soportaron en otras ocasiones en que se implementaron medidas prohibitivas, por ejemplo: «Cuando se prohibió la venta de combustibles en envases de vidrios, botellas, damajuanas o cuando se prohibió despachar combustibles con los motores encendidos y que además los motociclistas debían descender de sus vehículos; cuando se prohibió la venta de combustibles en las bolsitas de auxilio; cuando se prohibió el uso de los teléfonos celulares mientras se carga combustibles. O bien cuando se produce escasez de combustibles, y los propietarios de estaciones de servicio se ven obligados a racionar las ventas de combustibles», sin embargo y tras detallar estas situaciones, Dumont aseguró que en todas estas oportunidades «se registraron actos de violencia contra los trabajadores, como verbales, escenas de pugilato e inclusive agresiones con arma blanca».
Por último señaló que tampoco «se tiene en cuenta quién se va a hacer cargo de las afectaciones que sufrirán los trabajadores, ya sea psicológicas, morales o físicas, ¿se hará cargo el Estado? ¿y quién se hará cargo del adicional que tendrán que percibir los trabajadores por cumplir con la tarea que le compete en la actualidad a los funcionarios municipales (inspectores)?»
Fuente: La Voz del Chaco
La Rioja Municipal - La Rioja - Argentina