10 de Julio de 2012 - Mendoza

Mendoza-Asfixiar y subordinar

Ningún gobernador, ni los más K como Pérez, recibirá ayuda extra de la Casa Rosada. La Presidenta traslada los costos del ajuste a las provincias y, de paso, busca adiestrar al oficialismo.

Las decisiones políticas (puramente) y económicas (de política económica) se confunden todo el tiempo cuando quien las toma es la Casa Rosada, de manera que es muy difícil calibrar las consecuencias que tendrán para la Presidenta y los gobernadores las crisis por las que atraviesan algunas provincias.
No sólo los mandatarios que decidieron (o no les quedó otra que) sacar los pies del plato K, como Daniel Scioli, o que nunca comulgaron del todo con Cristina Kirchner, como el cordobés Juan Manuel De la Sota, están sufriendo día a día la tortura de que los funcionarios nacionales no les atiendan el teléfono para solucionar las urgencias financieras de sus distritos, también pasan por esta situación los gobernadores más leales, como el mendocino Francisco "Paco" Pérez y el entrerriano Sergio Urribarri. Para todos, los grifos por los cuales la Nación durante los últimos 9 años transfirió recursos no automáticos (por fuera de la coparticipación) están cerrados.
Para contextualizar bien esta decisión de brutal adiestramiento político hay que tener en cuenta que hoy la Nación se queda con casi el 75% de lo que recauda la AFIP y transfiere sólo el 25% a las provincias (la Constitución exige por lo menos un 35% para los estados sub-nacionales), pero éstas reciben asistencia por fuera de la coparticipación, a total discreción de la Casa Rosada, que equivale a un 10% más de fondos tanto para obras como para gastos corrientes.
De este conjunto de distintos tipos de ayudas no coparticipables es de lo que se hicieron adictos gobernadores e intendentes en la última década. Pero hoy se encuentran con que lo que antes les llegaba por el sólo hecho de acompañar al Gobierno nacional, comienza a serles negado. Y como muchas provincias se lanzaron en los últimos cuatro años a expandir el gasto público, ahora tienen que enfrentar apremios fiscales que comprometen seriamente la administración del Estado.
El diputado nacional Enrique Vaquié (ex ministro de Hacienda de Mendoza) apunta esta interpretación: obligada por el enfriamiento de la economía, Cristina Kirchner está creando un nuevo paradigma a la hora de negociar con los gobernadores. Como ya no tiene una caja frondosa con la cual adiestrar a las provincias y municipios y tampoco tiene como activo las "expectativas económicas" de tan sólo unos meses atrás, decidió subordinar a los gobernadores haciéndoles faltar lo que antes llegaba cotidianamente como combustible imprescindible de la "fidelización" de la cartera de clientes del kirchnerismo.
Si hasta el año pasado el Gobierno discriminaba positivamente a las provincias y les daba a sus amigos más recursos que a sus rivales, ahora la discriminación es negativa, ya que se les quita ayuda hasta a los distritos más fieles y a los enemigos se los batalla incluso capturándoles recursos propios (el kirchnerismo se apresta a aprobar una ley para sacarle las cauciones judiciales al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, fuente de financiamiento de Mauricio Macri).
La oposición, atenta a esta situación, le recriminó al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, la caída en los recursos que van a las provincias. "Si algún gobernador les dijo que recibe menos dinero, les mintió. Las provincias recibieron por coparticipación un 24% más en este primer semestre que en igual periodo de 2011", les respondió enfáticamente el ministro coordinador. Pero no precisó nada sobre la transferencia de recursos no automáticos, cuya caída explica -en parte- el ahogo fiscal de las provincias.
Urribarri debió desdoblar el pago de los sueldos de marzo, aunque es sin duda uno de los gobernadores que la Presidenta más elogia en público. Daniel Peralta, el santacruceño, todavía no termina de pagar los aguinaldos de diciembre y la Casa Rosada lo está obligando a hacer un brutal ajuste en todas las áreas. Pérez no tendrá ni siquiera los 200 millones de pesos que le iba a prestar el Banco Nación porque desde la Secretaría de Finanzas -que comanda Juan Carlos Pezoa- se congelaron todos los préstamos bancarios a las provincias. El riojano Luis Beder Herrera, que pidió unos pocos millones para pagar salarios, tampoco recibió nada. Se trata de gobernadores totalmente identificados con el Gobierno nacional.
¿Entonces qué les espera a los gobernadores no tan K? Scioli anunció esta semana su propio ajuste -congeló vacantes, achicó gastos y subsidios- y enfrenta el paro de los docentes por el pago en cuotas del aguinaldo. A De la Sota no sólo la Nación le niega el pago de una deuda previsional por más de 1.000 millones de pesos, sino que Abal Medina le mandó a decir desde el Congreso que también se le desconoce una deuda por obras de unos 500 millones. Son los dos peronistas que manejan las dos provincias más grandes del país.
Al bonaerense le espera la peor parte, como a todos los aliados del kirchnerismo que un día dejan de serlo. Por ahora, Scioli sólo viene intentando coparticiparles los costos del ajuste a la Presidenta: logró que hasta los gremialistas de la CTA oficialista pidan que la Nación le dé a Buenos Aires una mejor coparticipación federal y actualice el fondo especial del conurbano, que desde hace una década está congelado en 650 millones de pesos.
Pero evidentemente la Presidenta está dispuesta a que sean las provincias las que sufran la consecuencia de la sintonía fina, aunque debe saber que ella misma no quedará en absoluto afuera de los costos políticos. La lógica de Cristina Kirchner sería la siguiente: mientras más ajustadas estén las administraciones provinciales, más dependerán de su propia voluntad. Por eso las negociaciones son a cara de perro con todos los distritos, nadie tiene "coronita".
Algunos oficialistas interpretan que es este el momento para poner blanco sobre negro la relación con los gobernadores y con el peronismo, ya que el año que viene es electoral y se definirán las chances del kirchnerismo de cambiar la Constitución para impulsar la "re-reelección" (el "cristinismo" necesita apabullar en las urnas).
La pregunta que se hacían muchos diputados bonaerenses -todos kirchneristas- el miércoles en un pasillo del Congreso es hasta qué punto Cristina Kirchner está ejecutando bien esta decisión de ir a fondo. Muchos temen que un pequeño incendio en la provincia de Buenos Aires termine generando una ola de conflictividad social que llegue hasta las puertas de la Casa Rosada.
El ex kirchnerista y ex peronista disidente Felipe Solá lanzó ayer por una radio: "Con la Provincia no se jode. La situación se puede poner caótica si se trata de que el Gobierno nacional se ciñe a cumplir con lo legal (los envíos de la coparticipación y nada más) para castigar a un gobernador", reflexionó, y puso en voz alta lo que por lo bajo dicen los peronistas bonaerenses del Frente para la Victoria.

Fuente: Los Andes