5 de Julio de 2012 - Tierra del Fuego

T. del Fuego-Sciurano ratificó defensa de la autonomía municipal

El Intendente de Ushuaia renovó ayer, ante los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, la defensa de los recursos de la ciudad ante una posible quita de coparticipación.

En diálogo con EDFM, despegó a su gestión de cualquier posible acuerdo entre el Gobierno y parte de la oposición legislativa, para aprobar la reforma tributaria a cambio de no avanzar con el recorte de los fondos que reciben los municipios. El Ejecutivo provincial y el de Río Grande resolvieron prorrogar hasta el 28 de agosto el plazo de conciliación en el marco de la acción declarativa de certeza sobre la interpretación de la ley 648, planteada por la administración Ríos ante la Justicia. Sciurano dijo haber sido informado de la novedad, por el Ministro Jefe de Gabinete, 15 minutos antes de la hora fijada para la audiencia con los miembros de la Corte fueguina.
“Vamos a seguir defendiendo la autonomía del Municipio y los recursos de la ciudad, y no vamos a tomar parte de ningún acuerdo que perjudique sus intereses”. De esta manera, el intendente Federico Sciurano ratificó la postura del Ejecutivo capitalino en torno a un posible recorte de la coparticipación, tras ser el único participante en la audiencia de partes que se realizó ayer en el Superior Tribunal de Justicia. Y despegó a su gestión de las versiones que dan cuenta de un presunto acuerdo entre el Ejecutivo provincial y algunos de los bloques legislativos de la oposición, para la aprobación de reforma tributaria a cambio de desestimar la acción declarativa de certeza que impulsa la Provincia sobre la aplicación de la ley 648.
Cabe mencionar que en esa instancia se planteó una posible prórroga hasta el 28 de agosto de las negociaciones abiertas para buscar una salida consensuada del conflicto que mantienen los municipios de Ushuaia y Río Grande, y la Comuna de Tolhuin, con el Gobierno.
En diálogo con EDFM, Sciurano precisó “la única que se presentó a la audiencia fue la Municipalidad de Ushuaia”, ya que “fue lo que se pautó en la última reunión y en función de ello era nuestra obligación asistir”.
En ese marco, dijo que “nos informamos de algo que ya había trascendido en los medios de comunicación” sobre un acuerdo del Municipio de Río Grande con el Gobierno para una prórroga hasta el 28 de agosto, “y en conjunto con la nota firmada solo por el Municipio de Río Grande había otra firmada por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien daba acuerdo a que se prorrogue el plazo”.
“Tras enterarme de esto por los medios recibí una llamada del jefe de Gabinete (Guillermo Aramburu) en la que me planteó la posibilidad de acordar en esos términos”, marcó, pero advirtió que “este tipo de acuerdos necesita un tratamiento previo debido a la profundidad de lo que estamos poniendo en juego, que es la realidad económica de las municipalidades. Eso amerita más que una llamada 15 minutos antes de la audiencia”, relató.
Pese a ello, remarcó que “por el lugar institucional que ocupa la ciudad decidí presentarme ante el Superior Tribunal y fijar la postura de la Municipalidad”.
Al respecto, indicó que “sigo sosteniendo que esto nunca debió llegar a la Justicia ya que es un tema netamente político que deben resolver los dirigentes políticos”, más teniendo en cuenta que “es quizás el tema más trascendente de la historia de la provincia después de lo que fue su fundación, ya que estamos hablando de marcar un antes y un después”.
En cuanto a la aparente falta de comunicación, el jefe del Ejecutivo capitalino aseveró que “no quiero ir más allá en el análisis” ya que “hay una realidad muy pesada en términos económicos e institucionales, y no hace bien ir a la suspicacia”.
En tanto, en relación a la 648 enfatizó que la Municipalidad “entiende que no debe someterse a ningún tipo de realidad económica distinta a la que ha tenido hasta hoy, es decir que consideramos que la ley 648 se aplicó correctamente durante los últimos siete años”.
“Queremos dar una mano porque queremos que la gente de la provincia vida mejor, pero no porque entendemos que debemos someternos a una negociación que no nos deja margen”, sentenció.
A ello sumó que desde la primera audiencia hasta ayer “en ningún momento entendimos que la Municipalidad estaba ante una situación de sometimiento por la cual debíamos proponer cómo pagar 90 millones de pesos a la Provincia”, por lo cual “entendemos que a la prórroga le faltó algún camino común para avanzar pero no en ver cómo se interpreta la ley 648, si no en cómo resolvemos los temas de fondo de la provincia, y qué aportes podemos hacer para resolver esos temas”. Y agregó: “Ushuaia es una de las cuatro partes involucradas en el conflicto, y desde ese lugar la ciudad tiene el compromiso de ayudar para que la Provincia funcione. Pero eso implica que a su vez se pueda escuchar a la ciudad”.

¿Moneda de cambio?
Para Sciurano, “da la sensación de que la discusión sobre la 648 colisiona con la discusión de la nueva tarifaria”.
Ante ello, indicó que la posibilidad de un acuerdo entre el Gobierno y algunos bloques de la oposición para aprobar la nueva tarifaria y dar por tierra con el reclamo por la 648 –que implicaría un cambio de la fuente de nuevos recursos–, “iría en contra de lo que sostuvo la gobernadora hasta acá, en cuanto a que no estamos ante una moneda de cambio”. En ese sentido, recordó que Fabiana Ríos “fue muy clara al respecto conmigo en una reunión que mantuvimos en sus oficinas”. Asimismo, reseñó que “en ese momento le dije a la gobernadora que a la Municipalidad le interesaba dar una mano y que podría hacerse cargo de toda la actividad cultural y deportiva, que podría hacerse cargo de la defensa civil en todo el ejido urbano, y que de ser necesario podría hacerse cargo del mantenimiento de los periféricos, para que todos esos recursos que se liberen se vuelquen, por ejemplo, en el hospital”, argumentó.
En tanto, respecto a la tarifaria opinó que “hoy en la provincia no hay ninguna actividad económica que amerite tasa cero”, e incluso hizo hincapié en que “si efectivamente estamos ante una situación crítica que amerita recursos para que el Gobierno pueda llevar adelante su gestión hasta estaríamos dispuestos, y lo hablamos con los gremios municipales y los concejales, a que esos recursos no se coparticipen”.
De todos modos, planteó que en forma previa “hay que tener en claro el programa económico a ejecutar, a dónde se orientarían esos fondos que se generarían, y ver cuáles van a ser los objetivos y consecuencias”.
Por último, en cuanto a las versiones sobre el posible pacto entre oficialismo y sectores de la oposición legislativa, evaluó que “lo peor que nos podría pasar es creer que una situación económica determinada se puede resolver con el acuerdo de dos o tres”.

Fuente: Diario del Fin del Mundo