La disputa entre Buenos Aires y la Nación en torno de cómo se distribuyen los recursos del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos es tan vieja como la existencia de ese mecanismo de recursos fiscales, lanzado en 1935 por el presidente de entonces, Agustín P. Justo.
En realidad, el conflicto está intrínseco en la esencia misma de la coparticipación, una distribución de recursos en la que rara vez coincide lo que se aporta con lo que se recibe. Y en esa ecuación, las provincias de mayor desarrollo relativo son las que llevan las de perder.
No se refería a otra cosa el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, cuando acotó la semana pasada por Twitter que los bonaerenses reciben aproximadamente la mitad de lo que aportan.
Y, quizás involuntariamente, tampoco hablaba de otra cosa la presidenta Cristina Fernández al destacar el crecimiento "exponencial" del 625 por ciento del aumento de la coparticipación a Buenos Aires entre 2003 y 2011. Omitió señalar que en el mismo lapso, las transferencias a todas las provincias aumentaron un 731,3 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. En la ratificación de una línea de conducta, tampoco hizo referencia a la inflación acumulada.
A lo largo de los más de 77 años de vigencia del régimen, hubo oscilaciones en los porcentajes otorgados a todas las provincias (coparticipación primaria) y a Buenos Aires en particular (coparticipación secundaria), pero lo que abundó, en especial después de la última ley de 1988, fue una sucesión de "parches" que intentaron atenuar los reclamos de aquellos Estados que se consideraron, de una u otra manera, perjudicados. Son las denominadas "leyes especiales", que representan cerca del 20% del total de las transferencias de la Nación a las provincias.
El año de sanción de la ley no es un detalle menor: por entonces, los gobernadores de Buenos Aires, Antonio Cafiero, y de La Rioja, Carlos Menem, se desvelaban buscando provincias aliadas de cara a la elección interna que disputarían en julio. El por entonces mandatario mendocino José Octavio Bordón recordó que el precio de esas alianzas consistió en muchos casos en "décimas de puntos de coparticipación".
Según el diario La Nueva Provincia de Bahbía Blanca, la compensación llegó después del triunfo de Menem en 1989, con una inundación de ATN`s en La Rioja y una condición que impuso Eduardo Duhalde para presentarse en la elección de gobernador de 1991: la creación de un Fondo del Conurbano.
Ese fondo en un inicio consistió en un porcentaje de lo recaudado en Ganancias que elevaba las partidas hacia La Plata a niveles que terminaron por enfurecer al resto de las provincias. Así fue que en 1995 se lo transformó en una suma fija congelada desde entonces en 650 millones de pesos anuales.
Ya por entonces se había sancionado la reforma constitucional que establecía que antes del 31 de diciembre de 1996 debía aprobarse una nueva ley de Coparticipación. A punto de cumplirse dieciséis años de incumplimiento del mandato de la Carta Magna, nadie parece darse por enterado.
La Rioja, una de las provincias con mayor porcentaje en mora
Si bien en términos absolutos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lidera el ranking de morosidad por jurisdicción ($ 5.705 millones), la provincia con mayor porcentaje de mora (en relación a su propio stock de préstamos) es Tucumán, con un coeficiente del 8,9%, seguida por Río Negro y La Rioja (8,4% y 7,5%), indica el reporte de Economía & Regiones.
Por su parte, las jurisdicciones con menores problemas de pago resultaron Misiones (2,1%), Córdoba y Santa Fe (2,4%). En el NOA, después de Tucumán, el mayor nivel de morosidad bancaria lo tiene Santiago del Estero, con un 5,6% de la cartera en esa situación, según el Banco Central. Le siguen Salta (3,3%), Catamarca (3,1%) y Jujuy (2,8%).
En cuanto a la apertura por rama de actividad, se advierte que el mayor grado de morosidad lo presenta el sector de la construcción, con un 4,9% de los préstamos contraídos, seguidos por los asalariados (4,3%).
En valores absolutos, estas dos actividades concentran el 48% de los créditos en mora, destacándose el aporte de los asalariados, con el 45% del total ($4.483 millones).
Por su parte, los sectores con menores dificultades en el pago fueron la Producción Primaria (1,7%), Electricidad, Gas y Agua (1,8%), Comercio (2,2%) e Industria Manufacturera y Servicios (ambas 2,9%).
Por su parte, el 31 de diciembre de 2011, el stock de préstamos a los asalariados alcanzó a $ 104.164 millones. El 64% de los mismos se distribuyó entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (39%) y la Provincia de Buenos Aires (25%).
En tanto, Santa Fe y Córdoba participaron con otro 5% del total, mientras Tucumán y Mendoza, lo hicieron con un 3%, correspondiendo el 20% restante a las otras 18 jurisdicciones subnacionales.
"En promedio, estas líneas de préstamos se expandieron un 46% entre diciembre de 2010 y el mismo mes de 2011. Vale aclarar que todas las provincias presentaron una variación positiva en los stocks de préstamos", dice un informe de Economía & Regiones.
Particularmente las provincias de Corrientes y Tucumán fueron las que observaron la mayor expansión (67% y 65%, respectivamente), mientras que las jurisdicciones que presentaron las expansiones menores fueron Neuquén y La Rioja (31% y 33% respectivamente).
En el caso de Tucumán, el total de préstamos a asalariados alcanzó en 2011 los $ 3.022 millones, con un promedio de $ 17.665 por trabajador del sector privado. Ese monto equivale a 4,8 veces el salario promedio de un empleado privado ($ 3.689), de acuerdo con el reporte privado. La suma es casi equivalente al promedio nacional.
En el NOA, los préstamos se dirigen mayormente hacia los asalariados, especialmente en las provinciales con menor desarrollo. Según la Fundación del Tucumán, del monto total de créditos autorizados en la región ($ 13.517 millones a diciembre de 2011), un 57,4% está constituido por préstamos para personas físicas en relación de dependencia, cifra que se acerca más a la situación de Salta y Tucumán.
En Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero ese porcentaje es superior al 70%.
La segunda actividad más financiada es la producción primaria -principalmente agrícola- especialmente en Salta y Tucumán, que acapara el 17% y 16% respectivamente del total. Servicios se encuentra en tercer lugar, recibiendo el 8,8% de los créditos en la región.
Hay que notar que el porcentaje de financiamiento que recibe esta actividad es muy inferior al que se observa a nivel país donde es 24,6%. Por lo tanto, indica el reporte, el crédito en la región además de ser escaso, menos del 40% se destina a financiar actividades productivas y de servicios en el corto y mediano plazo -el financiamiento a largo plazo es prácticamente inexistente-.
"Esto representa un importante obstáculo para el desarrollo de las economías regionales, al ser muy bajo el financiamiento para las PyME que son los motores del crecimiento local", acota.
El federalismo tampoco se demuestra en los indicadores del movimiento financiero. Hay una alta concentración de los capitales en los grandes centros de consumo. Capital Federal, por caso, absorbe el 53% de los préstamos, mientras que la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba suman 30%.
En las otras 20 provincias se divide el 17% del monto total prestado. Para los depósitos la concentración es similar; esta es una tendencia que se mantuvo en el tiempo e incluso se profundizó durante la última década, según el análisis regional que elaboró el área de Economía de la Fundación del Tucumán para el diario La Gaceta.
Fuente: Noticias Noa
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