Si bien en las comisiones se sostuvo que falta información para avanzar en el tratamiento, la realidad es que varios de los intendentes, a través de sus diputados por pueblo, presionaron para que no se apruebe la ley hasta tanto la provincia no gire los fondos del empréstito y los correspondientes a la ley Arabel.
Las diferencias internas en el Frente para la Victoria ya no tienen disimulo. Más allá que desde el gobernador hasta el último diputado reconocen que existen y abogan por un entendimiento y el diálogo, las distancias se agrandan cuando se comienzan a perfilar los intereses comunitarios y personales.
El sábado un grupo de seis intendentes logró convocar a 13 legisladores y con ello torcer lo que era, hasta el viernes, el seguro tratamiento de una nueva redacción de una ley vigente desde la dictadura militar.
Pero la falta de envío de fondos por parte del Ejecutivo provincial a los Municipios, en particular los provenientes del empréstito de 100 millones de pesos, cuyo 70% debía ser distribuido entre las comunas, logro obtenido por las presiones de los propios jefes comunales a los diputados, puso en pie de lucha a varios intendentes, agobiados algunos en la imposibilidad de cumplimentar las obligaciones salariales o con altas deudas a sus proveedores, gremios y mutuales. Son pocos los que se mantienen, medianamente, al día y que exigen el envío del dinero, para, en el caso de El Calafate, no tener que acudir a sus ahorros para pagar sus acreencias, y en el caso de Río Gallegos, porque orienta toda la recaudación lograda para cumplir con sus trabajadores y es escaso a nulo el margen que le queda para poder hacer funcionar la comuna como corresponde.
Así, convocados por el intendente de Río Turbio, el sábado se reunieron en Río Gallegos seis jefes comunales: el anfitrión Matías Mazú; el local Raúl Cantín, y los intendentes de Puerto San Julián, Nelson Gleadell; de El Calafate, Javier Belloni; de Perito Moreno, Guillermo Bilardo y el de Piedra Buena, José Bodlovic. Entre todos lograron convocar, personalmente y vía telefónica, a 13 diputados, de los 22 del Bloque del Frente para la Victoria.
La verdadera decisión final la reveló el diputado de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, que el martes sostuvo a La Opinión Austral que el pedido de los intendentes era no aprobar la ley FUCO si no se cumplía primero con la ley del empréstito y la ley Arabel.
Esto fue confirmado ayer, en declaraciones a LU 12 Radio Río Gallegos, por el intendente Guillermo Bilardo: “Primero que se dé cumplimiento a las leyes, después se verá lo otro”, indicó (ver nota aparte).
Como el proyecto fue girado a las comisiones, la postura oficial para no dar tratamiento al tema fue la falta de información. Esto se debatió en el seno de la comisión y se decidió girar sendas notas al Banco Santa Cruz y al propio Poder Ejecutivo para requerir datos como el saldo de las cuentas a la vista, para determinar de cuánto dinero se está hablando en realidad y de qué manera se han utilizados esos fondos.
Ayer por la mañana, el ministro de Economía se reunió con los diputados del FVS para hablar de esto. Al término de ese encuentro lo que se dijo fue “no hubo acuerdo para dar despacho por cuestiones técnicas”.
Anoche se volvía a desarrollar una reunión de bloque del PJ, aunque no se sabía si se buscaría destrabar esta situación o si la misma permanecerá, como hasta el momento parece ser, en stand by.
Con lo ocurrido con la ley FUCO, es la tercera vez que los intendentes presionarían a través de sus legisladores para poner condiciones en la sanción de leyes, en aras de asegurarse fondos frescos para sus comunas, más allá de reconocer las dificultades económicas que atraviesa la provincia en todo su conjunto.
Fuente: La Opinión Austral
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