25 de Enero de 2012 - Córdoba

Córdoba-De la Sota: Pacto Fiscal para pagar juicios que asfixian a municipios

El Gobierno provincial prepara el lanzamiento para marzo próximo de un nuevo Pacto Fiscal destinado a ayudar a aquellos municipios que afrontan la posibilidad cierta de tener que pagar condenas millonarias en distintos juicios laborales, con proveedores y contratistas de obras o por accidentes de distinta naturaleza.

Un anticipo de este futuro Pacto podría darse en el discurso que José Manuel de la Sota pronunciará el miércoles 1 de febrero ante la Legislatura de Córdoba.
Según anticiparon a LA MAÑANA fuentes del bloque oficialista de legisladores de Unión por Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota enviará un proyecto de ley con el fin de enmarcar este nuevo acuerdo que beneficiará a un centenar de intendencias y comunas de la provincia, incluida la propia ciudad de Córdoba.
Estas administraciones locales se encuentran al límite de tener que abonar en un plazo perentorio, condenas millonarias que en conjunto superarían los 100 millones de pesos. Incluso ya hay varias intendencias que vienen sufriendo embargos desde hace meses por fallos judiciales en contrario como son los casos de Capilla del Monte y Embalse, por nombrar algunas.
De concretarse en los hechos estas sentencias, se vería seriamente afectado el normal funcionamiento de cada una de estas municipalidades y la consecuente prestación de servicios básicos para los distintos vecinos de la Capital y de los pueblos y ciudades del interior involucrados en estos procesos.
Las fuentes aseguran que luego de la sanción de esta ley, la Provincia asumirá como propias estas deudas, afrontando el pago de estos fallos judiciales con la emisión de títulos públicos que serán entregados a quienes resulten beneficiarios de estos litigios.
En otras palabras, el Gobierno de Córdoba se convertiría en una suerte de garante de los intendentes para pagar estas sentencias que en varios lugares representan cifras superiores al millón de pesos.
Aunque aún restan pulirse varios detalles de este proyecto, a partir de marzo se abriría un plazo de hasta tres meses con el fin de que los distintos intendentes presenten las pruebas documentales de estos juicios en su contra, el estado de los mismos y los montos aproximados de las diferentes condenas o embargos, si éstos ya están en marcha.
Una vez certificados estos procesos, la Provincia avanzará en la negociación judicial con cada acreedor municipal, afrontando el pago de las deudas con títulos públicos que obviamente generarán una tasa de interés en favor de los beneficiarios.
A cambio de este gesto, los diferentes municipios beneficiados acordarán luego el pago refinanciado de las deudas que asuma como propia la Provincia, en un plazo no definido que podría oscilar entre los 10, 15 o 18 años.
Los recursos de coparticipación que el Gobierno de Córdoba gira quincenalmente a los intendentes, servirán como garantía para el cobro de las cuotas de ese plan de pagos a largo plazo y con un interés mínimo tal como ocurrió en los Pactos Fiscales I, II y III.
La decisión de instrumentar este nuevo Pacto Fiscal surgió a partir del pedido de ayuda formulado por una veintena de intendentes al gobernador José Manuel de la Sota y al jefe de Gabinete, Oscar González. Todos ellos coincidieron en que ya casi no quedan instancias de apelación y en consecuencia, los pagos de las condenas son inminentes.
Tal como lo hizo De la Sota en los Pactos Fiscales I, II y III (entre los años 2000 y 2003) y Juan Schiaretti a mediados de 2010 con el Plan de Refinanciación hasta 2030, el Gobierno de Córdoba asumiría de esta forma como propias las deudas de los municipios, pero en este caso particular, con sus acreedores judiciales.
Con los Pactos Fiscales I, II y III fueron abonadas las deudas que existían con organismos públicos como la Caja de Jubilaciones o el ex Ipam y con el Plan de Schiaretti las que mantenían en dólares las intendencias con organismo internacionales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial por diversos préstamos otorgados especialmente en la década de 1990 para la ejecución de obras públicas.
Con el sólido respaldo de una ley provincial como la que se propone sancionar, a los acreedores judiciales de los municipios sólo les quedaría aceptar los pagos en títulos que ofrecerá en su momento la Provincia.

Fuente: La Mañana