En lo que va del año. La cifra la reveló el diputado Guido Acosta, de la comisión de Salud. Dijo que, con ese dinero, se podrían haber construído dos o tres hospitales.
Se promulgó la ordenanza que prohibe la venta de combustible a motociclistas sin casco. Y la Legislatura votó la ley que faculta a la Policía a multar infractores.
El titular de la comisión de Salud de la Legislatura, el diputado Guido Acosta, advirtió este jueves que el Estado ha gastado en lo que va del año unos 10 millones de pesos en la atención médica de víctimas de siniestros viales en toda la provincia, según los registros del área de Trauma Shock del hospital Vera Barros.
Y aseguró que, con esos recursos, la provincia podría haber construído dos o tres hospitales en el interior, por lo que se mostró partidario del endurecimiento de la legislación que reprime y sanciona a infractores del tránsito, como a los conductores de motos que circulan sin casco protector.
En el mismo sentido, el diputado Carlos Luna respaldó la sanción de nuevas normas pero admitió que la provincia debería impulsar convenios con los municipios para coparticipar lo que recaude por el cobro de multas sobre faltas graves, como no usar el casco, entre otras.
Este jueves, la Legislatura trata el proyecto de ley enviado por el gobierno provincial, que considera como una contravención la no utilización del casco para los conductores de motos y faculta a la policía para ejecutar el cobro de las infracciones y formar con eso un fondo destinado a campañas de prevención vial.
Rige la ordenanza
El intendente Ricardo Quintela promulgó este jueves la ordenanza 4833/11 donde se prohibe el expendio de combustible sin el casco. Las estaciones de servicio deberán colocar carteles visibles con la leyenda "Prohibida la venta de combustible sin casco", informó la comuna.
Es ley. La policía puede multar a motociclistas que no usen casco
Por unanimidad, la Legislatura sancionó este jueves la nueva ley del tránsito que faculta a la policía a multar a motociclistas que no usen casco en moto, porque la infracción se considera una contravención.
También afectará a quienes no porten papeles, la licencia de conducir y la cédula de identificación de los vehículos.
En ese contexto, el Gobierno podrá crear un fondo con las multas recaudadas y volcar esos recursos en campañas de prevención vial.
La ley crea en el ámbito de la Policía de la Provincia, la Unidad Especial de Control y Seguridad Vial. Fue aprobado de manera unánime por el cuerpo al dar tratamiento al orden del día Nº 14 del Período Legislativo 126.
En la ocasión, los legisladores revalorizaron la iniciativa del Ejecutivo Provincial de continuar aplicando medidas de control y concientización para disminuir los índices de siniestros viales.
El proyecto de ley fue tratado sobre tablas y tras la aceptación del pedido del jefe del Bloque Justicialista, diputado Mario Guzmán Soria, fue aprobado a libro cerrado con tres modificaciones. Entre las reformas se incluye rever la autoridad de contralor, proteger y respetar el derecho a defensa y las notificaciones de sanciones al titular.
Al respecto, el vicepresidente primero de la Función Legislativa, Sergio Casas, dijo que “celebramos la firme decisión política del gobernador en un tema que se convirtió en un flagelo de la sociedad”. “Esto, más allá de ser una norma, tiene que ser una toma de conciencia de todos. Esto es en defensa de la vida”, subrayó.
A la vez, consideró que “esta unidad cumplirá el rol que la sociedad necesita a favor de la vida”. “Esperemos que esto, más allá de aplicar a raja tabla la normativa, signifique una toma de conciencia de todos”, agregó.
El presidente del Bloque Justicialista, Mario Guzmán Soria, dijo que el proyecto de ley aprobado es “la expresión concreta de la decisión política del Gobierno de la Provincia de instalar como política de Estado la seguridad vial”.
“El Estado tiene la obligación de proteger y de cuidar a nuestra gente”, señaló. Detalló que el proyecto incluye “la creación de la policía caminera, de nuevas figuras en lo que a contravención se refiere, la puesta en marcha en marcha de una importante inversión de la Nación y de la Provincia”.
“La vocación de transformar esto en una política de Estado es lo que nos llevó a la aprobación sobre tablas, porque entendemos que es una necesidad imperiosa”, reflejó.
Respecto a las modificaciones que sufrió el proyecto, dijo que son “cuestiones de redacción”, como “garantizar el derecho de defensa, la autoridad de aplicación, la distribución de los recursos que se recogen con las multas”.
“Es una fuerte decisión del Ejecutivo y de la Cámara en donde se puso de manifiesto que hay que enfrentar un problema y tenemos que disminuirlo e incluso hacer desaparecer”, remarcó.
Fuente: F5 La Rioja
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