8 de Agosto de 2011 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Caba-Benefician a Santa Cruz con el reparto discrecional de fondos

El monto per cápita asignado a obras fue muy superior al de provincias con mayores problemas sociales

La provincia de Santa Cruz recibió, entre 2003 y 2010, fondos por el equivalente a $ 20.893,6 por cada uno de sus habitantes, derivados de las llamadas transferencias de capital desde el gobierno nacional. Se trata de transferencias para obras que, en gran medida, se realizan con un criterio de reparto discrecional. La cifra per cápita de Santa Cruz es 32 veces lo percibido para obras en el territorio bonaerense ($ 644,40) y casi 63 veces el monto que llegó a la ciudad de Buenos Aires, que con $ 332,60 por habitante se ubicó en el lugar más bajo del ránking de la derivación de esos recursos en particular.
Según un ránking elaborado por el Instituto de Investigaciones sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, con cifras de 2010, lo asignado en ocho años a la provincia de los Kirchner multiplica por 23 las cifras otorgadas a Córdoba o a Santa Fe, sin que eso se explique por indicadores de cada realidad social. Y equivale a 6 y a 7,5 veces, respectivamente, lo que en ese período les fue transferido, siempre medido en términos per cápita, a Jujuy y a Tucumán, dos jurisdicciones donde en los últimos días irrumpieron fuertes conflictos sociales enraizados en el elevado déficit habitacional.
"Las transferencias de capital son envíos de la nación para la construcción de viviendas, de rutas u otras obras", explicó Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, que agregó que las provincias reciben recursos por cuatro vías. Dos de ellas, la coparticipación de impuestos y las transferencias sobre la base de leyes especiales, tienen una asignación basada en índices ya definidos, en tanto que las otras dos, las denominadas transferencias corrientes (por ejemplo, para cubrir déficit de cajas jubilatorias) y las transferencias de capital, para obras de infraestructura, son las que dan lugar al reparto discrecional.
Sin embargo, dentro del último grupo -transferencias de capital-, un 17% de los $ 60.825,90 millones repartidos entre 2003 y 2010 proviene del Fondo Federal Solidario, conformado por parte de la recaudación de las retenciones a la soja. En este caso sí existe un parámetro, ya que para distribuir el dinero, que debe destinarse a obras e infraestructura, se usan los mismos índices de la coparticipación federal.
El estudio del Ieral hace un ejercicio para determinar cuánto le habría correspondido a cada provincia en caso de haberse aplicado los índices vigentes para distribuir la recaudación de los tributos coparticipables, más allá del debate que exista sobre la necesidad de modificar los criterios dispuestos en la ley de coparticipación en vigor. La comparación arroja diferencias muy amplias.

Menos a las más rezagadas
En términos de montos absolutos, lo que en tal supuesto habría dejado de recibir Santa Cruz en los últimos ocho años -$ 4764,8 millones- es similar a la cifra que les hubiera correspondido -además de lo efectivamente percibido- a Córdoba y a Santa Fe juntas, provincias que se vieron desfavorecidas, en la práctica, en $ 4660,3 millones. También la provincia y la ciudad de Buenos Aires, además de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Tierra del Fuego, habrían obtenido más si el reparto hubiera respondido al parámetro de la coparticipación.
"Resulta curioso que, por ejemplo, Catamarca, Corrientes o Salta hayan recibido menos recursos en el reparto discrecional que en una vía alternativa automática, porque son provincias relativamente rezagadas", consideró Capello.
Medidos en términos per cápita, elsegundo lugar en el ránking de fondos efectivamente recibidos para obras lo ocupa La Pampa ($ 5842,7), una jurisdicción que, al igual que Santa Cruz, tiene un gobierno local alineado con el nacional. Le siguen Tierra del Fuego ($ 5674,9), San Juan ($ 4671,1) y Formosa ($ 4399,8).
De abajo hacia arriba, a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires (con las cifras ya mencionadas) les siguieron, con menor cantidad de recursos por habitante transferidos, las jurisdicciones de San Luis ($ 670,90), Santa Fe ($ 889,1) y Córdoba ($ 896,1).
En términos absolutos (monto total y no per cápita), se ubicó en el primer lugar del ránking la provincia de Buenos Aires, con $ 10.049,6 millones, seguida por Santa Cruz, con $ 5694 millones. En el otro extremo, se ubica San Luis, con $ 289,6 millones, en tanto que con cifras también inferiores a los $ 1000 millones se ubicaron Tierra del Fuego, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires.
Un análisis específico de la asignación de recursos en el marco de las políticas habitacionales demuestra un grado alto de discrecionalidad, que provoca que la distribución no guarde relación con el nivel de déficit de viviendas de cada provincia.

Disparidad en la asignación para vivienda
En materia de fondos para la construcción de viviendas, si se miden las transferencias hechas por la Nación en 2010, la jurisdicción con mayor monto per cápita fue La Pampa, con 795,10 pesos, seguida por Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja y Jujuy, según datos consignados en un informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea.
En el extremo inferior del ranking, hubo pocos fondos para San Luis ($ 0,70 per cápita), Corrientes, Santa Fe, ciudad de Buenos Aires y Córdoba, adonde llegaron 20,2 pesos por habitante. La asignación para la provincia de Buenos Aires, en tanto, fue de 97,1 pesos per cápita.
El informe del Ieral ubica a La Pampa como una de las jurisdicciones con más bajo índice de viviendas en condiciones de habitabilidad no aceptables, según información que surge de encuestas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según un estudio sobre calidad de viviendas, en el total urbano del país una de cada cuatro unidades está en condición deficitaria (algunas se consideran recuperables y otras no), lo que significa que cerca de 3 millones de hogares sufren problemas estructurales.

Fuente: La Nación