9 de Enero de 2011-Coparticipación

Tucumán-Los municipios podrán devolver préstamos del PE en tres años

El Pacto Social les dará casi $ 1.100 millones. En rigor, las intendencias deben reintegrar los fondos a la Provincia este año, con la coparticipación que ceden. Pero si les queda un saldo, pueden refinanciarlo a 24 meses.

Los 13 municipios que recibirán préstamos de la Provincia para pagar los sueldos de sus trabajadores durante este año, a los que se suman otras cinco administraciones en lo referido a la asistencia para financiar obras, dispondrán de hasta tres años para devolver los casi $ 1.100 millones que recibirán durante 2011.
La capital, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Concepción, Monteros, Bella Vista, Aguilares, San isidro de Lules, Famaillá, Alberdi, Tafí del Valle, Yerba Buena y Alderetes recibirán $ 833,8 millones para cubrir sus planillas salariales. Y estas intendencias, junto con las de Simoca, Burruyacu, Trancas, Graneros y Las Talitas, recibirán otros $ 240,5 millones para ejecutar trabajos públicos. Aunque de estos recursos saldrán, también, los fondos para pagar los eventuales aumentos para los municipales. Así lo establece el decreto de necesidad y urgencia 18/3, que establece el Pacto Social para este año.
El ministro de Economía de la provincia, Jorge Jiménez, explicó que no se trata de que estos recursos serán financiados a 36 meses, en cuotas iguales. "Las municipalidades deben reintegrar los recursos durante este año. Para ello, ceden a la Provincia sus recursos coparticipables y también aportan dineros de la recaudación de sus tributos. Aquellas que eventualmente no alcancen a reintegrar el 100%, pueden refinanciar hasta en un plazo de dos años los montos que no lograron devolver", explicó el tributarista.
En el Poder Ejecutivo admiten, extraoficialmente, que esa situación comprenderá a buena parte de las municipalidades. Si bien advierten fuentes informadas que hay casos como el de Yerba Buena, que se encuentra en condiciones de restituir la totalidad de la plata que reciba mediante el régimen de préstamos de la Casa de Gobierno, también reconocen que son "mayoría" las administraciones que, sin la ayuda del Gobierno, serían financieramente "inviables".
Precisamente, en el caso de esos municipios endeudados, la devolución de los fondos del Pacto Social 2011 que no alcancen a cubrir hasta el próximo 31 de diciembre comprometrán la mitad de la gestión de quienes sean electos para gobernar entre 2011 y 2015.
El ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, reconoció esta situación pero defendió el sistema. "Es lo mismo que pasó con las gestiones actuales, que debieron pagar deudas de las anteriores, porque no importa quién sea el intendente: la institución municipal es la misma. Eso le ocurrió también a la Provincia, y bien lo sabe José Alperovich: cuando asumió en 2003 y se encontró con un importante pasivo. El secreto es no volver a endeudarse: nada es regalo", recordó.
"El Pacto Social y su fondo fiduciario para obras responden a una decisión política del gobernador: ayudar y asistir financieramente a las administraciones locales. No se obliga absolutamente a nadie; todo es optativo, se adhiere el intendente que quiere, con el aval de cada Concejo Deliberante. Prueba de ello es que La Cocha no se sumó a ninguna (operatoria). Y hay municipios que suscriben el ’Pacto Obras’ pero no el ’Pacto Sueldos’. Son autónomos", señaló.
Tal como detalló este diario, el aumento de recursos para los municipios no fue parejo. "Para las obras, tuvimos reuniones con cada uno para analizar los proyectos, y se fueron asignando los montos de acuerdo a las disponibilidades del Gobierno, las necesidades planteadas y a la posibilidad de devolución del municipio", explicó.
"En cambio, para los sueldos se tomó como base el salario de los empleados y los gastos de funcionamiento. El impacto de la inflación del año pasado, implicó un reajuste del 15% respecto de 2010", agregó el ministro.
Jaldo destacó que hay una tarea conjunta: "Interior acuerda y distribuye, pero Economía es el que permite financieramente estas operatorias, todos bajo instrucciones del gobernador".

Los intendentes del interior dependen ahora de los ediles
Los concejales deben aprobar el Pacto Social.
Los concejos deliberantes del interior comenzarán una carrera de sesiones para la adhesión al Pacto Social hasta fin de mes. La aprobación de las respectivas ordenanzas es un paso de ineludible cumplimiento previo a que la Provincia pueda desembolsar un solo peso de los fondos comprometidos para el pago de sueldos al personal estatal y la liquidación de las asignaciones familiares.
Así lo confirmó el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado. El monterizo está a cargo del Poder Ejecutivo por las vacaciones del gobernador, José Alperovich, en Punta del Este (Uruguay), desde donde regresará alrededor del 20.
"Los concejos deliberantes no tienen un plazo obligatorio de vencimiento para aprobar las ordenanzas con las adhesiones, pero seguramente lo harán pronto; todos están organizándose para concurrir al recinto en estos días. Deben estar primero adheridos para recién luego comenzar a recibir las partidas de este año", advirtió.
Hasta el momento, sólo los ediles de la capital cumplieron con el requisito legal, al sesionar en forma extraordinaria el último viernes de diciembre, apenas 72 horas después de que Alperovich firmada el Decreto de Necesidad y Urgencia del Pacto Social. Esta norma será tratada por la Legislatura en la sesión del martes.
Una vez sancionada la respectiva ordenanza, cada intendente deberá suscribir el Pacto con la Provincia. En cambio, los comisionados rurales podrán hacerlo en forma directa, ya que carecen de cuerpo legisferante en su administración.

Tranquilidad
Amado destacó la importancia de estos acuerdos: "significan que los municipios que firmen podrán continuar cumpliendo en tiempo y forma con los salarios y aguinaldos a todo el personal estatal de su municipio o comuna, y que se podrán realizar las obras previstas mediante el Fondo Fiduciario, que se sumarán a las que tienen asignadas en programas nacionales o provinciales". "Es una tranquilidad para ellos y varios intendentes así me lo manifestaron", agregó.
Por el Pacto Social, se asignan recursos por más de $ 1.150 millones a cambio de la cesión de la coparticipación nacional de impuestos y de la concentración de la recaudación fiscal local en manos de la Dirección Provincial de Rentas.
La única excepción es el municipio de La Cocha, que no se sumó al acuerdo general ni al Fondo Fiduciario. "El intendente Leopoldo Rodríguez decidió no incorporarse en este sistema, porque su administración es una de las más pequeñas de la provincia, con un manejo de fondos y una cantidad de empleados que no justificaba, a su entender, sumarse a este instrumento", explicó Amado.
El legislador señaló que las obras son definidas por cada intendente según las prioridades locales, pero admitió que se conversan ciertos proyectos con el Ministerio del Interior y con el propio gobernador. "Más bien son consultas o planteos sobre iniciativas de segundo orden, para elegir cuál ejecutar antes", señaló.

Fuente: La Gaceta