En este sentido, Sirerol expresó que se tomaron todas las medidas para resolver esta problemática y especificó que el desencadenante de la situación que lleva ya una semana con el servicio parado “se ha tomado de rehén a los usuarios, sin causa justificada, no ha sido comunicado este paro de acuerdo a la normativa vigente con cinco días de anticipación, no hay un  motivo evidente y claro de cuál es el reclamo”.

Además explicó que la relación entre empleado y empleador en una relación del ámbito privado que está regulado por la Secretaría  de Trabajo de la provincia y por los gremios que nuclean a los trabajadores, la UTA  nivel regional y la CGT “desde la gestión hemos articulado y venimos trabajando fuertemente para mejorar la situación del transporte público, dentro de los márgenes que tenemos permitido para asegurar la prestación del servicio”.

El secretario especificó que desde el ejecutivo se ha articulado con la Secretaría de Trabajo donde la misma  se ha llamado a la conciliación obligatoria, y detalló que  el intendente  ha recibido en su despacho no solo a los delegados de los trabajadores sino también a los dueños de la empresa, también al Secretario General de la UTA y al secretario General de la CGT, todo ello  para buscar  la solución definitiva a este tema.

“El paro es ilegal, están tomando de rehén a los usuarios, no están dejando trabajar a más del 80% de los trabajadores que quieren salir a trabajar, porque saben que este paro es totalmente ilegal, lo cual faculta a la empresa a descontar los días no trabajados".

Explicó que además de ello la Secretaría de Trabajo al no tener respaldo este reclamo que están llevando de parte de la gremial, ha declarado ilegal el paro y ya incluso la justicia ha determinado la orden de desalojo. "Acá hay una decisión judicial, hay una decisión de la secretaria de decretar el paro, porque no tiene justificación alguna, hay denuncias por parte de los propietarios de la empresa a un grupo reducidos de empleados que son los que han sido despedidos con causa justificadas debido a las amenazas de muerte que han llevado hacía ellos mismos y hacía el resto de sus compañeros, denuncias que tienen constancia en el ámbito de la justicia como corresponde" expreso 

Sirerol.

Por consiguiente destacó que como gobierno municipal se debe asegurar la prestación del servicio y se ha  articulado todos los medios necesarios poder llevar adelante la prestación del servicio, con grandes problemas pero sostuvo “si bien la situación económica y financiera no es la óptima, se está trabajando desde el ejecutivo municipal con la provincia para dar una solución”.

Además pormenorizó que desde la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante se ha invitado al secretario de Servicios Públicos para hablar sobre esté conflicto que según lo expresado por el secretario Busso seguramente se hará presente en la comisión “esta es una situación que no es de ahora, es una situación que tiene varias aristas de conflicto, uno de ellos es la desfinanciación que se ha hecho a la empresa a través del Boleto Estudiantil Gratuito, en donde la Ley Orgánica Transitoria y la legislación vigente plantea a través de una ordenanza que el único capaz de modificar la tarifa de la prestación de servicio es el Concejo Deliberante, el BEG y la tarifa ha sido decretada por el Intendente anterior, son cosas que han ido complicando la demora en los expedientes en la Secretaría de Transporte de la provincia" pero indicó que este punto se pudo subsanar debido a la voluntad del Ministro de Infraestructura  Juan Velardez.

Por su parte el Fiscal de Estado Fabricio Bolognesi detalló que se actuó de oficio  ante esta problemática primero solicitando a la Secretaría de Trabajo la ilegalidad del paro en virtud de que no se cumplió con ninguno de los requisitos para llegar a la huelga, y por otro lado una denuncia  penal, "porque consideramos que la medida atenta con la libertad de trabajo, ya que son 20 personas que de manera inconsulta deciden  obstaculizar el trabajo  de los demás choferes que están dispuestos a trabajar". Es importante aclarar que desde la empresa y también los empleados se hicieron denuncias penales, ya que no pueden ejercer su derecho a trabajar por el impedimento ocasionado.

“Lo fundamental  es que hay que entender que por parte del Ejecutivo Municipal  y de la fiscalía lo que se tiene presente es velar por el servicio esencial del transporte”, además de ello detalló que ya se libró en la justicia la orden de desalojo, por lo que a su criterio especificó que en las próximas horas se normalizaría esta situación.

 

Fuente: Opina La Rioja