El que esta ciudad sea Santiago del Estero es iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, quien además no oculta sus aspiraciones presidenciales. 

Pero el tema está instalado en la agenda pública, al menos en estos días, debido a que la propia Presidenta de la Nación mencionó como viable esa posibilidad durante un acto celebrado en la mencionada ciudad, la más antigua del territorio argentino.

La otra oportunidad en la que el traslado de la capital fue una opción cierta se debió al impulso del ex presidente Raúl Alfonsín, quien durante su mandato, promediando la década del ochenta, pensó en mudarla a una ciudad patagónica, Viedma. El proyecto finalmente no prosperó, pero al menos permitió que el tema se debatiera. De modo que la discusión actual no parte de cero, sino que, en todo caso, abreva en aquellos intercambios ochentosos.

Pensar en un país con mayor equilibrio demográfico, desarrollo productivo y de infraestructura pública y privada que el actual no solo es saludable, sino además imprescindible. Las inequidades regionales son tan evidentes y distorsivas que no hay otra posibilidad que imaginar estrategias que las eliminen, o al menos las atenúen. La pregunta es hasta qué punto el cambio territorial de la capital federal contribuirá a que la mentada armonía se cristalice.  

Otros países han resuelto exitosamente iniciativas parecidas, aunque pocas naciones tienen una historia de centralismo tan acentuado como la Argentina. Brasil, incluso, no solo trasladó la capital sino que construyó una ciudad específicamente para esa finalidad, Brasilia, situada en la región central del coloso sudamericano. Logró, de ese modo, no solo el desarrollo de la infraestructura en una zona inhóspita hasta ese momento, sino también su crecimiento productivo.

Tal vez el traslado de la capital a una ciudad del interior del país promueva al desarrollo de la región donde se sitúe, y de esa manera, contribuya a morigerar las inequidades. Pero el déficit de federalismo que padece la Argentina permanecerá incólume si no se modifican otras variables. Como por ejemplo una distribución más equitativa de los recursos tributarios entre el Gobierno nacional, que concentra el 75% de esos recursos, y las provincias.

Sin una modificación en ese sentido, el Gobierno central, cuya sede podrá estar en Buenos Aires o en Santiago del Estero, continuará acaparando una gran parte de la torta de los recursos fiscales del país, con la atribución de manejarlos discrecionalmente. Así, el federalismo seguirá siendo una utopía.

De modo que el traslado de la capital emerge como un tema que merece empezar a debatirse. Si bien es cierto, como señala la oposición, que hay otros temas de mayor urgencia para solucionar en el país, las discusiones sobre cuestiones estratégicas no deberían ser obstáculo para acometer los problemas actuales.

Eso sí, deberá entenderse que mudar la capital no garantiza, como medida aislada, un cambio de paradigma en la política argentina.

 

Fuente: El Ancasti (Catamarca)