En la oposición había anoche el mismo desconcierto que en el oficialismo, cuyos bastoneros en el Congreso, Julián Domínguez y Miguel Pichetto, se enteraron por la TV de la decisión del Gobierno. No era una novedad absoluta, pero no la esperaban para ayer. Apenas se conoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los EE.UU. de no revisar el fallo Griesa a favor de los buitres malos, se puso en el primer lugar de la agenda el cambio de jurisdicción de pago y del agente fiduciario. 

En Casa de Gobierno se sabía del anuncio desde temprano y reclamaron embargo a los periodistas que tuvieron la primicia hasta que se conociera el discurso presidencial. La antesala fue la aparición antes del mediodía de Jorge Capitanich, Héctor Timerman y Susana Ruiz Cerutti para insistir en que Estados Unidos debe responder ante el resto de las naciones por las decisiones de sus jueces, aunque rechace la jurisdicción de La Haya. Pareció redundante esa argumentación ya conocida, como recordar que Washington ha prohibido a sus funcionarios hablar del tema buitres con los argentinos. Era la base argumental para lo que se anunció anoche y que se usará cuando el juez Griesa hable de desacato y cuando algún funcionario de los Estados Unidos intente aplicar medidas procesales en funciones del incumplimiento de las sentencias.

Los jefes de los principales bloques opositores cruzaron anoche información y parecía imponerse una actitud de apoyo a la iniciativa, que necesita mayoría simple para la aprobación. Los caciques de UNEN y del macrismo han criticado muchos aspectos del trámite que le ha dado el Gobierno a este último tramo de la discusión judicial en Nueva York, pero siempre sostuvieron la idea de pagar. Y lo que propone este proyecto de ley es pagar, preservando los intereses del 93% de los bonistas que aceptaron el canje de sus papeles en 2005 y 2007. Con esa condición, aceptan que se avance con los pagos del resto de los bonistas que no han acordado, a quienes se les harán, en nueva plaza y nuevo agente pagador, pagos según el régimen que aceptó el otro 93%, una situación de facto que puede provocar nuevas acciones judiciales.

En la oposición pesa mucho la opinión del hoy massista Roberto Lavagna, gerente del canje en 2005, quien ha argumentado ante quien quiera escucharlo en la necesidad de preservar los intereses del 93% ante todo como manera de que no se desmorone lo logrado desde 2005 en este litigio, aunque las recetas aplicadas no cierren definitivamente todos los frentes. Ha ilustrado esta posición con la frase: "Es preferible un tifón a un tsunami".

Este apoyo a la ley que parecía despuntar anoche no impedirá agrios debates hoy en la visita que harán los funcionarios del Gobierno al Congreso (Carlos Zannini, Axel Kicillof, la procuradora Angelina Abbona) ni en el recinto. Como los oficialistas, los opositores esperaron hasta medianoche que se publicase la letra del proyecto, sabiendo que Cristina de Kirchner hizo modificaciones en su texto hasta último momento, incluso mientras se emitía por la cadena nacional el mensaje que había grabado horas antes de las 21, que es cuando se transmitió. Otras plumas con alta bocina, como la del hoy opositor Jorge Yoma, ironizaron por Twitter. "Habla de Pacta Sum Servanda (respeto del contrato) y modifica unilateralmente el domicilio de pago; voy a quemar el Código Civil y vuelvo".

 

Fuente: Ámbito Financiero (Caba)