A diferencia de lo que ya es una práctica común, esta vez la Unión Industrial Argentina (UIA) no emitió ningún comunicado tras la tradicional reunión de junta directiva de los martes, que se desarrolla cada quince días.

Sin embargo, igualmente trascendió de fuentes parlamentarias una nota que le hizo llegar la Copal -la entidad que reúne a las empresas de alimentos y que, entre otras cámaras empresariales, integra la UIA- al vicepresidente Amado Boudou, en su condición de presidente del Senado.

Luego de expresar "la muy grave preocupación que ha causado en Copal y sus 37 cámaras" el proyecto que apunta a modificar la llamada ley de abastecimiento promovida por el Poder Ejecutivo, la entidad que preside Daniel Funes de Rioja aseguró que la iniciativa "resulta claramente inconstitucional, en razón de que viola varios de los artículos de la Carta Magna".

"El proyecto no sólo hace desaparecer en la práctica la capacidad de iniciativa y decisión de la empresa como tal, con lo cual se afectará no sólo la producción e inversión, sino también el empleo y el desarrollo de unidades productivas, cualquiera que sea su dimensión."

Expresa además que "implica un muy serio avance sobre la iniciativa privada y la libertad económica -también amparados por la Constitución-, al producir una verdadera estatización del mercado".

La nota además criticó que en los artículos 1° y 2° del proyecto se establezca que su alcance llegará "a todas las actividades económicas del país, no sólo a la industrial, sino también a la comercial y de servicios, hasta ramas como el deporte, el esparcimiento y la cultura".

Copal también alertó sobre el impacto que podría tener sobre las inversiones la "nueva regulación de las relaciones de producción y consumo" que impulsa el Gobierno para reemplazar a la ley de abastecimiento que fue sancionada en tiempos de José Ber Gelbard como ministro de Economía, durante el gobierno peronista de principios de la década de 1970.

Según su análisis, por la norma propuesta "se verán afectados los tratados bilaterales vigentes para la promoción de las inversiones extranjeras suscriptos por la Nación", lo que podría traer conflictos internacionales.

"Copal alerta sobre la inconveniencia que un proyecto de estas características generará sobre la inversión privada, imprescindible para el proceso de desarrollo de nuestro país, aspiración compartida por el Gobierno, partidos políticos y la sociedad en su conjunto", señaló la nota enviada a Boudou.

La nota de Copal no fue cursada únicamente a Boudou, sino también al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y a las comisiones del Senado por donde ingresará el proyecto del PEN: Derechos y Garantías, Industria y Comercio y Justicia.

 

MÁS PODERES PARA COSTA

Los puntos más polémicos de la iniciativa oficial

 

Precios máximos

La Secretaría de Comercio podrá fijar precios máximos, volúmenes de producción y venta y márgenes de ganancia.

 

Información sensible

La Secretaría también podrá requerir a las empresas "toda documentación relativa al giro comercial".

 

Superpoderes

Según el texto, la dependencia que preside Augusto Costa podrá cancelar concesiones y regímenes impositivos.

 

Clausura definitiva

Si bien se eliminan las penas de cárcel, en caso de reincidencias podría llegar a la clausura definitiva del establecimiento..

 

Fuente: La Nación (Caba)