El juez Sebastián Casanello procesó a integrantes de una organización dedicada a cometer estafas mediante el uso de nombres de diputados nacionales, como el de Julián Domínguez, entre otros, según la resolución difundida este lunes en Tribunales.

Los miembros de la banda también fueron procesados por los delitos de asociación ilícita, estafa reiterada en seis oportunidades, tenencia ilegítima de documentos nacionales de identidad, tenencia de materiales destinados a la falsificación de documentos y falsificación de sellos.

En la causa se investiga la existencia de una organización criminal dedicada a cometer distintas estafas mediante la utilización de los nombres de los diputados nacionales Julián Domínguez, Jorge Rivas y Luis Eugenio Basterra, entre otros. Asimismo, el magistrado dispuso trabar embargos sobre los bienes de los procesados por sumas de hasta 250.000 pesos.

La causa se inició a raíz de la querella interpuesta por el diputado Domínguez en noviembre de 2013 porque habrían utilizado su nombre para maniobras ilícitas.

Según la resolución, todo se iniciaba con el envío de un fax –con sellos de la Presidencia de la Nación y del Poder Judicial de la Nación- a distintas personas físicas y empresas del interior del país, en los que se ofrecían a la venta vehículos y distintas maquinarias agrícolas a precios muy inferiores a los de mercado, aclarando que se trataba de material sin uso y que eran ofertados por un supuesto "Organismo Nacional de Regulación de Importaciones y Exportaciones".

A las víctimas se les brindaba una serie de teléfonos de línea fija donde eran atendidos por una mujer –presuntamente Griselda Edith Sanz- quien les afirmaba que ese teléfono pertenecía al Depósito de la Aduana Nacional y se identificaba como Secretaria del Jefe de Operaciones Horacio Curien o Fabián Di Risio –René Omar de Bernardis-quien les exigía a los interesados el pago del 10% del valor del vehículo que elegían, pues con ese importe –explicaban- era posible liberar la unidad del puerto y efectuar el pago de las tasas correspondientes.

Los valores debían ser enviados a través de la firma Western Union a nombre de los Diputados Nacionales Julián Andrés Domínguez, Jorge Rivas o Luis Eugenio Basterra, ya que se les informaba a las víctimas que ellos eran los encargados de administrar los fondos que se recaudaban con motivo de la venta de los vehículos.

La totalidad de los envíos de dinero eran cobrados –con copias de documentos nacionales de identidad falsos a nombre de los mencionados diputados nacionales- en el local de la agencia de Western Union denominado Argentel IV, ubicado en la calle Bocuzzi 222 de la localidad de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, cuyo titular es Ernesto Mario Gaddi.

Al poco tiempo de haberse cobrado el dinero exigido a los interesados en la adquisición de los vehículos, los teléfonos de línea fija que se utilizaban para que ellos se contactaran con los imputados eran desconectados; de ese modo, las personas defraudadas perdían todo contacto con los autores de las maniobras.

La totalidad de los teléfonos de línea fija que fueron identificados como posiblemente utilizados por los imputados para llevar a cabo las defraudaciones en estudio se encontraron caídos y/o sus domicilios de instalación correspondían a personas manifiestamente ajenas a la investigación, según indica la resolución.

En el curso de la investigación se estableció que "al menos René Omar De Bernardis –organizador-, Ernesto Gaddi –dueño de la agencia Western Union ubicada en la calle Bocuzzi 222 de la localidad bonaerense Florencio Varela-, Griselda Edith Sanz y Lorena Romina Pastorini, conformaban una asociación ilícita dedicada a perpetrar distintas estafas, de las que resultaban víctimas personas del interior de nuestro país". 

 

Fuente: Mdzol (Mendoza)