El futuro de Amado Boudou exhibe una variedad restringida de opciones. Tras el procesamiento que le dictó el juez Ariel Lijo por cohecho y negociaciones incompatibles con su función, el Vicepresidente se enfrenta a tres posibilidades: pedir licencia, seguir sometido a las presiones políticas de la oposición para llevarlo a juicio político, y refugiarse en una estrategia judicial que dilate una sentencia definitiva en la causa por su vínculo con la ex Ciccone. 

Cada una de ellas implica un cierto grado de costo político para el Gobierno y, su contracara, más o menos terreno de acción para la oposición. Particularmente en la antesala de un año electoral en el que el kirchnerismo se jugará la continuidad de su proyecto político. 

 

El pedido de licencia:

Hasta anoche, cerca de Boudou lo descartaban de plano. La decisión, aseguran, está en manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si el Gobierno decidiera finalmente tomar este camino, podría abrirse una discusión técnica sobre el mecanismo para que el Vice deje su cargo sin renunciar. Para el constitucionalista Eduardo Barcesat, sería necesaria una ?votación por mayoría simple? del Senado que le acepte el pedido. Mientras que para su colega Félix Loñ la intervención de la Cámara alta no haría falta. "?Boudou no es un senador, no pertenece al cuerpo. Él como vicepresidente tiene la función constitucional de presidir el cuerpo, pero no tiene voz ni voto. Eventualmente, lo que podrá hacer es comunicarle su decisión al Senado?", explicó. 

En lo que ambos constitucionalistas coinciden es en que la decisión no le quitaría a Boudou los fueros de arresto de los que goza por ser funcionario del Poder Ejecutivo. ?"Es una decisión personal que no le quita los fueros. No modifica su situación, porque no significa una renuncia al cargo?", definió Loñ. 

Así, un pedido de licencia del Vice aparece como el único camino que podría evitarle mayores costos políticos de los que ya pagó al oficialismo. Especialmente si el proceso judicial ?al que se suma la lluvia de pedidos de juicio político? se extiende hasta el segundo semestre del año próximo, cuando tendrán lugar las elecciones presidenciales. 

 

El juicio político:

Es una instancia que por estos días aparece difícil y a la que se podría llegar por dos caminos: el avance de los varios pedidos opositores, o la aceptación de un pedido judicial. Es que la Justicia puede investigar, indagar, imputar y hasta condenar al Vicepresidente, pero para que éste cumpla una condena de prisión deberá pedirle al Congreso que le remueva los fueros de arresto mediante un juicio político. 

Los bloques opositores por ahora no logran reunir el número que hace falta para impulsar el juicio. Necesitan dos tercios de los legisladores presentes en cada Cámara. La mayoría oficialista viene funcionando como tapón. 

Ante ese escenario, el objetivo de la oposición a corto plazo será intentar que el Frente para la Victoria pague el costo de defender al vice. ?"Tenemos que llevar el tema al recinto de alguna forma?", explicó ayer la macrista Laura Alonso sobre el proyecto de resolución que presentó el arco antikirchnerista, firmado por la UCR, la Coalición Cívica-ARI, el PRO, el Frente Renovador y el Frente Amplio UNEN, entre otros. Allí le piden al presidente de la Cámara, Julián Domínguez, que intime a la comisión de Juicio Político a reunirse. Ese cuerpo solo sesionó una vez, para elegir autoridades, y nunca volvió a trabajar. 

Los opositores pedirán que su proyecto sea tratado en una sesión mañana mismo, y ya anticipan que el oficialismo se resistirá. ?"La comisión tiene seis pedidos de juicio político. Rechazalos si querés, pero que levanten la mano para rechazarlo?", exigió el radical Mario Negri. 

Anoche todo indicaba que, en medio de este tironeo, el oficialismo evitaría sesionar para restarle espacio al tema en el recinto. 

 

La estrategia judicial:

Es el camino al que Boudou viene apostando y que tendrá novedades inmediatas esta semana. La defensa del Vice analizaba ayer recurrir a la Cámara Federal para apelar su procesamiento (como se informa en página 6), en el marco de una estrategia dilatoria que apunta a patear para un futuro no tan inmediato un eventual juicio oral. Si la Cámara le niega la apelación, todo apunta a que sus abogados irán a Casación y, en última instancia, a la Corte Suprema. 

 

Fuente: El Cronista (Caba)