El Gobierno nacional salió a supeditar al ámbito del Congreso la discusión en torno al proyecto de ley pedido por la presidenta Cristina Fernández y presentado por un grupo de legisladores K que busca regular las protestas sociales que obstaculizan la libre circulación de las personas. 

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo ayer: “No es un proyecto que incumba directamente al Poder Ejecutivo, pero no cabe duda que hay una demanda social, un hartazgo social por la interrupción del tránsito por núcleos reducidos de manifestantes”. 

Capitanich fue señalado la semana pasada como el autor intelectual de la iniciativa, ya que su ex ministro de Gobierno en el Chaco, el hoy diputado Juan Manuel Pedrini, fue quien firmó el proyecto de ley que ha generado desacuerdos en las filas oficialistas, sobre todo en los organismos de Derechos Humanos y movimientos sociales afines al Gobierno. 

En tanto, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, consideró ayer que es “bienvenida” la discusión en el Congreso de un proyecto de ley que “aclare y estandarice el accionar de las fuerzas de seguridad” frente a un piquete que obstaculiza la libre circulación de las personas. En este sentido, sostuvo que si bien el Código Penal “es muy explícito” al plantear que “cortar una vía de circulación donde hay transporte público es un delito y, como tal, hay que actuar en consecuencia”, lo que ocurre en los hechos es que “ni siquiera la Justicia se puede poner de acuerdo en su interpretación”. Pero, como Capitanich, Berni aclaró: “Mi deber no es legislar”, e indicó que esa tarea es del Congreso. 

El secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, sostuvo también ayer que “hoy ya nadie discute” la política iniciada por Néstor Kirchner en 2003 de no reprimir la protesta social, pero consideró que ya es momento de debatir cómo se realiza “sin perjudicar los derechos de los terceros. En 2003 Kirchner llevó adelante una política muy resistida por grupos mediáticos y muchos políticos, que fue la de no reprimir la protesta social. Hubo muchos que se opusieron pero hoy ya nadie lo discute”, dijo Parrilli. 

Como el proyecto presentado por los diputados K no tuvo buena recepción en la oposición y generó resistencias en las filas oficialistas, el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, aún no le dio giro a ninguna comisión, lo que sirve para interpretar que el tratamiento legislativo no será exprés como otras leyes que le importan al Gobierno. La postura en la bancada K es abrir el debate para conseguir avales más amplios, de modo de no ser la única fuerza que pague costos políticos.

 

Fuente: La Voz del Interior