La fecha ya establecida es el cuarto domingo de octubre, el 25, dos días antes del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.

Con la Constitución Nacional (CN) y la ley electoral, por suerte, no se pueden hacer muchas piruetas a la hora de los comicios nacionales. El fin de mandato de Cristina Fernández de Kirchner está establecido para el 10 de diciembre de 2015. La CN establece que las elecciones deben realizarse dentro de los últimos 60 días de gestión. La fecha ya establecida es el cuarto domingo de octubre; es decir, el 25, dos días antes del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) –esa ley surgida tras el traspié electoral del kirchnerismo en las legislativas de 2011– establecen que las alianzas o partidos pueden dirimir candidatos dos meses antes de los comicios. Las PASO se llevarán a cabo el tercer domingo de agosto de 2015; es decir, el 16 de agosto, un día antes del aniversario de la muerte de José de San Martín.

Yendo más cerca en el calendario, una fecha clave es la oficialización de los candidatos que, por ley, debe ser 50 días antes de las PASO; es decir, el sábado 27 de junio. Antes, el miércoles 17 de junio, será el último día para la inscripción de las alianzas. Entonces se sabrá de modo definitivo quiénes compartirán espacios y quienes no.

 

Algunos nombres. El oficialismo tendrá que dirimir por internas si el candidato presidencial es alguien que sea una expresión que dé continuidad al kirchnerismo o esté más unido a la tradición peronista. A su vez, el espacio del peronismo opositor tendrá que decidir si aspira a buscar un puente con el Partido Justicialista. Concretamente, aunque Daniel Scioli lidera la imagen positiva no es visto como un candidato propio por muchos seguidores de Cristina. Algunos ya se largaron al ruedo, como Florencio Randazzo, Julián Domínguez, Sergio Urribarri o Aníbal Fernández.

El propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, es parte de los posibles precandidatos cercanos a Cristina. Con una visión peronista conservadora, pero aliada al kirchnerismo, se postula el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. La cuestión es que, de cara a una interna abierta nacional, no parece haber más nombres. A su vez, para que un aspirante del oficialismo tenga chances serias debe partir de un piso alto. Hasta el momento, Daniel Scioli es quien está mejor posicionado. El tiempo dirá si algún otro precandidato suma aliados y simpatías populares como para disputar la interna a nivel nacional con el gobernador bonaerense.

La balanza comercial es favorable y las cuentas públicas están al día. No hay, ni por asomo, similitudes con situaciones económicas que derivaron en conflictos institucionales como los de 1989 y 2001.

En el peronismo opositor, la pregunta es si Sergio Massa buscará aliarse con alguno de los referentes del peronismo que está dentro del Partido Justicialista o se conformará con lo que logró en la provincia de Buenos Aires a través del Frente Renovador. Así como el peronismo y el kirchnerismo se expresan a través del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista, el espacio de Massa todavía no tiene un armado nacional, ni como fuerza partidaria ni como alianza electoral. Parece, por el momento, una fuerza basada fundamentalmente en la imagen de Massa.

Hermes Binner, que cuenta con buena imagen de acuerdo con las encuestasencuestas, deberá consolidar un acuerdo con el radicalismo para poder avanzar hacia 2015. Ernesto Sanz se presenta como un candidato radical natural, que quizá pueda lograr buenas alianzas al interior del partido, aunque no cuenta con intención de voto suficiente como para ser una opción a nivel nacional. Por otra parte, Julio Cobos expresa un radicalismo que por fuera del partido puede atraer votos del mismo lote que Sanz. Mauricio Macri y el PRO pueden atraer votos de la derecha, pero hasta ahora no hicieron base en otros distritos, salvo en Santa Fe por la atracción que tiene Miguel Del Sel.

A la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, hizo una buena elección en 2013 y tiene posibilidades de crecer en un escenario de conflictividad social y de lucha por una distribución justa del ingreso.

Los riesgos de la gobernabilidad. En 11 años de kirchnerismo, la derecha y la prensa opositora agitaron demasiadas veces la posibilidad de un fin abrupto del Gobierno. Jamás se cumplieron sus profecías. Ni siquiera a una oposición inteligente le conviene una finalización anticipada del gobierno. Aunque no haya un escenario político que justifique pensar esa opción como algo probable, existen mecanismos constitucionales para modificar la fecha de las elecciones nacionales. Lo puede hacer el Congreso Nacional con 129 votos efectivos, lo que en la jerga parlamentaria se llama “mayoría especial”.

Dado que varios gobernadores pueden sumarse a la danza de las presidenciales, también puede darse que varias provincias adelanten los comicios. Salvo la provincia de Buenos Aires, que por mandato constitucional debe realizar los comicios el mismo día que las presidenciales, cada Estado federal puede fijar la fecha con plena autonomía. Cada Poder Ejecutivo provincial fija la fecha. Por caso, Juan Manuel Urtubey ya estableció que en Salta las PASO serán en enero y las de gobernador en abril.

Como el fantasma del final anticipado está presente en muchos espacios políticos y mediáticos, conviene repasar cuáles fueron las condiciones en las que hubo interrupción del mandato. En la Argentina de estas tres décadas de democracia se presentaron dos casos de interrupción del mandato constitucional. Raúl Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989 y entregó el poder a Carlos Menem el 8 de julio. Pero cabe consignar que la inflación en febrero de ese año había sido del 9,6% y la convocatoria a elecciones fue adelantada precisamente por esa espiral de precios. Se llevaron a cabo el 14 de mayo y ganó Carlos Menem. El Índice de Precios al Consumidor de ese mes de mayo fue del 78,4%. La otra interrupción fue la del gobierno de Fernando de la Rúa, quien de un mandato de cuatro años cumplió dos años y 10 días. De la Rúa se había impuesto en las elecciones del 24 de octubre de 1999, asumió el 10 de diciembre de ese año y se fue en helicóptero el 20 de diciembre de 2001.

Pero, claro, los últimos dos meses de su gestión se convirtieron en uno de los peores recuerdos de la historia reciente: en 2001 se llevó a cabo la reestructuración de la deuda externa, el Megacanje, con una causa judicial elevada a juicio oral que espera turno en el Tribunal Oral Federal nº 1 de la Capital Federal y que tiene como único acusado a Domingo Cavallo. Las gravosas condiciones de dependencia de los organismos financieros internacionales y de la gran banca nacional y extranjera llevaron a De la Rúa a defender a ultranza al gran capital financiero y establecer medidas predatorias como el famoso corralito de aquel diciembre de 2001 que limitaba el retiro de dinero de los titulares de las cuentas a 250 pesos semanales. El FMI prendió la mecha que terminó en rebelión popular: no envió los dólares que debían auxiliar al gasto público y exigió el llamado déficit cero.

Las jornadas del 19 y el 20 de diciembre se convirtieron en una bisagra. El vacío de poder llevó a que el Congreso Nacional tomara el timón. Asumió entonces Ramón Puerta quien era presidente provisional del Senado y primero en la línea sucesoria dado que había renunciado el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. Dos días después, la Asamblea Legislativa nomina como presidente a Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, que duró en la Casa Rosada apenas una semana. Ante la renuncia, por línea sucesoria, el Ejecutivo quedó 48 horas en manos de Eduardo Camaño, quien era presidente de la Cámara de Diputados y también por línea sucesoria le tocaba ser presidente. Nuevamente, la Asamblea Legislativa eligió al senador por la provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde, quien asumió como presidente el 2 de enero de 2002. Es preciso reparar que la profundidad de la crisis política, económica y social de aquellos días encontró en el Poder Legislativo un ámbito capaz de encauzar los acontecimientos.

 

Los dilemas actuales. Sin dudas, los dos momentos de crisis institucionales mencionados no pueden explicarse sin una visión multicausal. La dependencia financiera externa y la inflación estuvieron, sin embargo, tan en el centro de los acontecimientos que merecen verse como elementos decisivos a la hora de preguntarse por las inquietudes del presente. Inquietudes que pueden estar asentadas en análisis serios o en los fantasmas del pasado pero que en cualquier caso influyen en el comportamiento de los actores políticos y económicos.

Volviendo al presente, falta un año para que se convoque a las PASO. Hasta entonces, los movimientos de los dirigentes o precandidatos no son más que jugadas destinadas a acumular poder y posicionarse.

Antes de reparar en nombres, vale la pena detenerse en el actual escenario económico y político. El Gobierno tomó una serie de medidas que pueden interpretarse de muy distintas maneras pero que, en cualquier caso, ponen de relieve un achicamiento de las posibilidades ofrecidas a los sectores asalariados. La devaluación de enero, buscada o no, beneficia a los exportadores y presiona al alza de los precios. Los precios cuidados incluyen a 224 productos de la canasta familiar con cadenas de supermercados y está complementado por una serie de acuerdos con otras cámaras empresarias. El programa precios cuidados empezó en enero y ya las autoridades del Ministerio de Economía están conversando cómo se “actualizarán” esos precios a principios de abril. Es decir, para el diálogo de precios, actualización conversada cada 90 días.

En estos días, otro foco de atención es cómo se actualizarán los salarios. El ofrecimiento a la paritaria nacional docente muestra cuál es la intención oficial: la propuesta oficial –revisada– fue de lograr un acuerdo no de 12 meses sino de 18. Es decir, en vez del 22% en tres tramos, el gobierno ofreció a los gremios docentes un 31% hasta junio de 2015. Esto es, un incremento del 9% para la primera mitad del año próximo.

Ante la pregunta retórica de si hay ajuste o no hay ajuste en la Argentina, es inevitable detenerse en esa disparidad. Muy pocos productos con precios conversados con los empresarios pero además con actualización trimestral. Y, para los asalariados formales, aunque esta paritaria docente actúe como testigo, la propuesta es firmar un acuerdo de un año y medio. Está claro que la idea oficial es tratar de mostrar un horizonte previsible a la sociedad.

Esta tensión entre precios y salarios abre, al menos, dos perspectivas que a su vez van de la mano. En lo económico-social habrá que ver si el nivel de conflictividad que despierta tanto en las organizaciones sindicales representativas como en el humor cotidiano de la gente. En pocos días se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Todo indica que no será manipulado pero también se presume que expresará la devaluación de enero y las disparadas de precios de distintos productos de primera necesidad. Con el conflicto docente extendido y las negociaciones abiertas en otros gremios, es difícil saber ni cuándo ni en cuánto estarán dispuestos a cerrar los acuerdos. A su vez, si el gobierno acepta una traslación del aumento del IPC de febrero a los precios cuidados, la dirigencia gremial quedará ante la incómoda situación de ver cómo se da la indexación de precios y la rigidez de los salarios.

La posibilidad de inversiones externas directas o de créditos internacionales a baja tasa de interés para auxiliar esta coyuntura es algo que no aparece como un escenario inmediato. Esta claro que el gobierno, tras el acuerdo con Repsol, busca acelerar los plazos para concretar un acuerdo con el Club de París y para saldar el conflicto con los tenedores de títulos en default que litigaron en Nueva York, que tiene en la Corte Suprema de Justicia de ese país una instancia de apelación y de resultado aun incierto. En el marco de ordenar los vínculos con los organismos financieros y reducir el gasto público, uno de los próximos pasos será la drástica reducción de los subsidios, especialmente al gas, la electricidad y el agua, que significan una parte importante del Presupuesto nacional pero que conllevará un impacto muy grande en el presupuesto domiciliario y también de comercios e industrias.

Más allá de esto, la balanza comercial es favorable y las cuentas públicas están al día. No hay, ni por asomo, similitudes con situaciones económicas que derivaron en conflictos institucionales como los de 1989 y 2001. Es decir, el Gobierno tiene algunos frentes de conflicto que venían de arrastre, que probablemente se agudizaron tras el resultado electoral de las legislativas de 2013, y tomó medidas que se asemejan a la ortodoxia económica, más allá de mantener una serie de programas sociales de inclusión y de tratar de mantener el impulso al consumo. Se puede decir que el récord de turismo del fin de semana largo de Carnaval muestra que hay sectores medios y populares con resto como para viajar y distraerse. Eso, en sí mismo, no puede ser tomado como un indicador suficiente.

El llamado a la responsabilidad en el diálogo paritario hecho por la Presidenta debe ser compatible con esfuerzos visibles de otros sectores. En ese sentido, todavía el Gobierno puede convocar al Consejo Económico Social como un ámbito más de entendimiento multisectorial. Quizá, de acuerdo con el curso de los acontecimientos y sobre todo con el comportamiento de los precios, esa convocatoria se efectivice. 

 

Fuente: Info News (Caba)