Según se pudo saber, desde el Estado no existiría ninguna negociación ni contacto alguno con la empresa prestataria del servicio de transporte público capitalino. La estimación realizada por las fuentes consultadas, es que algún funcionario podría estar entablando conversaciones particulares con la empresa, pero de ninguna manera está en análisis la implementación de esta medida, como política de Estado.   

 

Fuente: El Independiente