La violencia contra las mujeres dejó la invisibilidad del ámbito privado y el silencio de la negación, para instalarse como un tema prioritario de las políticas públicas y constituye una grave problemática social. Las organizaciones internacionales más importantes del mundo así la consideran. 

Recién en la Convención de Viena en el año 1993, la Organización de las Naciones Unidas reconoció que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos, estableciendo que “La violencia de género es todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o en la privada”. 

Nos preguntamos, cómo es posible que se haya demorado tanto en reconocer semejante obviedad, la respuesta es que la violencia ocurrida en la intimidad de la vida familiar, quedaba reservada al ámbito privado y fuera de la regulación legal y protección estatal. 

Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belén Do Pará, año 1994 “La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

La historia nos demuestra que a la mujer se le asignó social y políticamente un lugar diferente e inferior que al varón. En el Génesis 2,23, Adán expresa: “Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne”. 

La misma valoración subyace en un fragmento de la Primera Carta de Pablo a los cristianos de Corinto: “El hombre no debe cubrirse, siendo como es imagen y reflejo de Dios; la mujer, en cambio, es reflejo del hombre” (1 Cor. 11, 7). Pitágoras, en el siglo V antes de Cristo, afirmaba que, “Hay un principio bueno que ha creado la luz, el orden y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, la tiniebla y la mujer”. 

La situación de subordinación social de las mujeres, rémora de la cultura patriarcal, aún subsiste, pese a los importantes avances producidos en las últimas décadas. Las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes ni obispos en el catolicismo, que es la religión mayoritaria de Latinoamérica. Tampoco pueden ser obispos las mujeres anglicanas, credo predominante en Inglaterra, según un pronunciamiento emitido por la cúpula de esa Iglesia en este año 2013. 

A la mujer se la relegó al ámbito de lo privado y ni siquiera allí se la reconoció como sujeto de derechos; ni sobre sus hijos ni sobre los bienes pese al esfuerzo aportado para adquirirlos. Resulta paradigmático el Código de Napoleón –fuente de otros códigos civiles europeos de la época- que equiparaba a la mujer en cuanto a su capacidad a los menores púberes y a los dementes. 

Al ser “distinta”, carente de las capacidades del varón, la sujeción fue vista como natural. De esa concepción patriarcal surgen las características de la subordinación de la mujer considerada como necesaria, impuesta por la naturaleza de las cosas. El término violencia conceptualmente significa fuerza; la violencia implica una relación de poder, de posiciones, el que manda y el que obedece; el que decide y el que ejecuta, el representante y el representado. 

En los países de Europa Occidental la problemática de la violencia en el ámbito privado se instaló con fuerza en la sociedad, a partir del accionar feminista de la década del sesenta del pasado siglo, promoviendo la constitución de movimientos sociales contra diversas formas de discriminación y violencia. 

La afirmación de que lo privado es público, que fue su dogma, significaba que la violencia vivida en la intimidad repercutía en todas las manifestaciones de la vida personal, familiar y social. Este principio fue un aporte muy importante al asignarle un lugar trascendente a los derechos que nacen de las relaciones privadas. 

Al recobrar la democracia en 1983 en nuestro país, la exigencia para que se democratice la vida familiar y sus derechos sean considerados y valorados como derechos humanos, tutelados social y jurídicamente, fue una perentoria necesidad. No había legislación respecto a la violencia de género y la violencia familiar, hasta que en diciembre de 1994 se sancionó la ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar. 

Esta normativa se refiere a la violencia sufrida por cualquier miembro de la familia en su seno; establece la competencia de los tribunales de familia y prevé una serie de medidas cautelares para la protección de las víctimas. Significó un avance en relación al vacío normativo previo. Las provincias fueron invitadas a adherir a la misma, pero la mayoría, como La Rioja, dictaron normas superadoras y más progresistas en la materia. 

Pero, sin duda, la ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ambitos en que Desarrollen sus Actividades Interpersonales, sancionada el 11 de marzo de 2009 y reglamentada por el decreto 1.011 del año 2010, constituye un avance progresista y superador. Las innovaciones de la nueva ley son significativas. Protege al género mujer de la violencia en todos los ámbitos de la vida, en su integralidad. Entre las nueva instituciones debemos mencionar el Observatorio contra la Violencia hacia la Mujer, que es muy importante por el rol específico que se le asigna, en el sentido de documentar la realidad, proyectarla en acciones concretas superadoras e influir en las políticas de Estado dirigidas a erradicar la violencia de género en todas sus formas. Nuestra provincia fue pionera en asumir ese humanista compromiso. 

La violencia mata más mujeres, entre 19 a 45 años que las enfermedades, los accidentes de tránsito o el cáncer. El 38% de los homicidios de mujeres, en el mundo, son crímenes perpetrados por sus parejas, según el informe del año 2013 de Naciones Unidas. 

En el año 1981 se instituyó el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en homenaje a la memoria de las hermanas Patria, Mireya y Teresa Mirabal Reyes, torturadas, violadas y asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por los sicarios de Rafael Trujillo, que sojuzgaba a la República Dominicana. Esos tres femicidios conmovieron al mundo, horrorizaron a los dominicanos y marcaron el principio del fin de la tiranía. 

El uso de los botones antipánico y la organización de grupos de concientización, seguimiento y autoayuda, que ya se están implementando en algunos municipios de nuestro país, con alentadores resultados, son algunas medidas posibles para ayudar a erradicar la violencia de género. Es un insoslayable compromiso social y humanista liberar a las víctimas y liberarnos como sociedad de esta pandemia, que es una desgracia personal y una calamidad social. Todas y todos podemos contribuir a construir una sociedad libre del flagelo de la violencia.  

 

Fuente: El Independiente