La vergonzosa dilación que burdamente propuso el “tellismo” residual, al pretender que este trance que sufre la Universidad Nacional de La Rioja continúe sin resolución, por el solo capricho de no dejar los sillones que ocupaban junto al renunciado Enrique Tello Roldán, se comienza a caer a pedazos tras una valiente decisión judicial que exhorta a una inmediata salida en busca de la ansiada paz social. 

El diálogo y la negociación pretendida durante toda la semana, no dieron los frutos deseados y terminó por romperse el viernes. La intimación para que los decanos que responden al ex rector presenten su dimisión, fue el ultimátum de la Asamblea Soberana de la Comunidad Universitaria para posibilitarles una salida elegante. 

Caso contrario, la toma no sólo seguiría, sino que se acentuarían las medidas de protesta. Antes de culminar la semana, con muy buen tino, el juez federal ad hoc, José Nicolás Azcurra resolvió favorablemente una acción de amparo, donde directamente se apunta al rol desempeñado por la vicerrectora a cargo del rectorado, Valeria Quinteros, que había convocado en un principio a la Asamblea Universitaria para el 12 de octubre próximo, respaldada por el estatuto vigente. 

Aplicando un fuerte sentido común, el magistrado entiende que la crisis que se vive en la UNLaR, merece acciones rápidas, tendientes a asegurar el funcionamiento institucional para retomar el dictado de las clases, que permita el debido acceso a la educación de los miles de alumnos que asisten a esa Casa de Altos Estudios. 

Esta conminación, debería implicar que a mediados de esta semana se celebre la sesión extraordinaria de la asamblea, para que asuma la responsabilidad de gobernar momentáneamente los destinos de la Universidad, ante un conflicto irresuelto como el existente, claramente estipulado en el articulado del estatuto. 

Azcurra, conocedor de las argucias “tellistas”, tomó resguardo de cualquier maniobra que pueda trabar la sesión y exigió que la vicerrectora notifique inmediatamente a los miembros, so pena de iniciar acciones en contra de Quinteros y los asambleístas que no justifiquen su ausencia, por incumplir con sus deberes de funcionario público. Este juez federal designado ad hoc para entender en esta causa, debido a inhibiciones del titular del juzgado Daniel Herrera Piedrabuena, también debió adoptar decisiones de fondo ante la suspensión de las clases en el Colegio Pre Universitario General San Martín. Exhortó a las autoridades a reabrir las puertas de la institución, pues no existía violación alguna de las garantías para el alumnado. 

La tan proclamada falta de seguridad, que llevó al cierre del establecimiento por parte de la renunciada directora, quedó sin sustento al constatarse que la integridad física de los alumnos y docentes, estaba resguardada. Las decisiones judiciales, vienen a poner blanco sobre negro a una situación que muchos se encargaron de enturbiar, con maniobras dilatorias orquestadas desde distintos sectores que buscan el desgaste de la lucha estudiantil, de docentes, no docentes y egresados, para tratar de quebrar el reclamo y asegurarse así la permanencia en los cargos que ostentan ilegítimamente. 

No quedan exentos de esta crítica, aquellos que apuestan a la continuidad del conflicto, para sacar réditos políticos y electorales. Tanto unos como otros, deberían tener una buena lectura de la realidad, basada en la contundencia del aval otorgado por la sociedad en su conjunto, a la lucha genuina de los estamentos universitarios. 

Las 20 mil almas que ganaron las calles del centro de la ciudad hace una semana, son la muestra cabal que el espíritu de solidaridad del pueblo riojano está intacto y que una causa justa puede congregar el apoyo necesario para cambiar el rumbo de la historia. Esa voluntad popular no se debe manchar, ni por una inválida resistencia ni tampoco por espurios intereses político-sectoriales. Este respaldo, sumado a los 20 días de toma pacífica, le otorga también facultades a la Justicia para que actúe con la premura que el caso merece. 

La institucionalidad de la UNLaR no sólo debe respetarse basándose en un anodino estatuto, sino adoptando medidas que puedan destrabar la maraña legal, en la que se pretende enredar a los manifestantes. El rol del juez Azcurra a partir de ahora, será clave en la resolución de un problema que superó a todos, incluso a los funcionarios nacionales de Políticas Universitarias que retornaron a la provincia en busca del consenso. 

Irrenunciables El diálogo maduro que aparentaba reinar en algún momento de las negociaciones, es digno de valorar en los representantes de la Asamblea Soberana, que en el afán de avanzar en la solución, relegaron exigencias y al “que se vayan todos” le dejaron “que se vayan los decanos y los secretarios”. 

Los enviados de la Nación no terminaron de imponer el criterio necesario y todo se terminó quebrando, por la tozudez de quienes no quieren renunciar bajo ningún punto de vista, a sabiendas que perdieron toda legitimidad en los cargos. ¿O cabe alguna duda que nadie los respetará si insisten con esa postura soberbia y altanera? A esta altura de los acontecimientos, debería primar algún grado de dignidad de parte de quienes sustentaron, en mayor o menor medida, el reinado de Tello Roldán. 

Seguramente, los decanos ni siquiera podrán salir a la calle sin tener que agachar la cabeza, por darle la espalda a la voluntad popular. La gran pregunta es por qué lo hacen, y se someten al escarnio de la sociedad riojana de esta manera. La mayoría de sus pares universitarios les quitaron el apoyo, ni hablar del Gobierno provincial que en la figura de Beder Herrera les dijo que “renuncien todos los que tengan que renunciar”, y ahora también la Justicia. 

Es evidente que detrás de tamaña decisión de resistir, se erige la figura de Enrique Daniel Nicolás Tello Roldán, que desde las sombras intentará sostener un poder que ya no existe. En primera instancia se creía que los jugosos sueldos de los decanos eran razón suficiente para intentar atornillarse a sus sillones, pero dadas las circunstancias, los motivos deben ser mucho más graves que los pensados. 

Las hipótesis son de lo más variadas. Podría tratarse de un pacto sellado con Tello Roldán, para mantenerse hasta las últimas consecuencias y así proteger cierta información que está guardada en el edificio principal de la Universidad, que no pudo ser extraída por la toma que se lleva adelante. 

Las sospechas no serían infundadas si se analiza que del hospital de Clínicas se habría sacado documentación en horarios no apropiados, o versiones sobre papeles que estarían escondidos en vehículos que permanecen en el subsuelo del rectorado. Más allá de todo esto, lo cierto es que nadie quiere dar un paso al costado, amparándose en la legalidad que los asiste por el estatuto vigente y tratando de evitar una posible intervención federal, que a estas alturas todos rechazan, por lo doloroso que sería para la tan vapuleada democracia universitaria. 

La política en su peor expresión, comenzó a socavar una envidiable unicidad de criterio que hasta ahora demostró la Asamblea Soberana. Los infiltrados de sectores partidarios, que están perfectamente identificados, obedecen las órdenes de sus patrones para así llevar agua para su molino. Hay dos posturas claramente distinguibles y por ende contrapuestas. El oficialismo está abocado a buscar una salida inmediata y consensuada, que permita el retorno de la paz social, mucho más si se trata de tiempos electorales como los actuales. Sabido es que cualquier conflicto social, por más alejado que sea, termina rozando al Gobierno provincial, que hoy batalla por recomponer posiciones en las elecciones del 27, tras la derrota sufrida en las PASO de agosto. 

En la vereda opuesta, confluyen el radicalismo y el quintelismo, que mantienen la virtual alianza hasta para tratar de “empiojar” una conflicto ya de por sí complicado. Sucede que a ambos espacios políticos, les conviene mantener el fuego de la discordia y extenderlo lo más que se pueda en el tiempo, pues así considera que se daña la imagen del Gobierno. 

La mezquindad de los referentes políticos infiltrados, como de ciertos medios de comunicación que agitan determinadas acciones desestabilizadoras, muestra a las claras que se utilizará cualquier elemento para obtener un rédito electivo. Han sembrado la semilla de la discordia entre quienes comenzaron la lucha en la universidad, cuando ninguno osaba por inmiscuirse. Esta actitud podría resquebrajar la lucha y dar lugar a debilidades que hoy no deberían existir, si realmente se pretende un cambio en la vida democrática de la Universidad. 

Los egoísmos y malas intenciones tendrán que ser exoneradas por los propios asambleístas, que conocen a la perfección quien es quien dentro y fuera de los claustros. Hoy reiteramos nuestra posición, respecto a la oportunidad histórica que tiene la comunidad universitaria de recuperar la democracia libre e igualitaria para todos. La Asamblea Universitaria tendrá la chance de reivindicarse, aceptar la renuncia de Tello Roldán y convocar a elecciones ya. Que nada la empañe y que la Justicia bregue por un camino de concertación que desemboque en la solución definitiva a este conflicto.  

 

Fuente: El Independiente