Concejales de la UCR, el PP y el FAP promoverán esta semana el ingreso de un proyecto de resolución, a través del cual exigirán al intendente Carlos Mauricio Camau Espínola que responda a un nuevo pedido de informes sobre la implementación del boleto estudiantil gratuito en la ciudad de Corrientes. Tras el rechazo a un primer intento, decidieron insistir en función de dudas sobre el pago correspondiente a las empresas del transporte urbano. 

La advertencia sobre la posibilidad de que el Municipio esté acumulando una deuda millonaria con las empresas del servicio urbano de pasajeros, motivó a referentes de la oposición a insistir en un pedido de informes. 

El concejal del Frente Amplio Progresista, Gabriel Romero, presentó hace dos meses un primer pedido de informes con el objeto de precisar cuántos son los beneficiarios del boleto estudiantil gratuito, y controlar la estructura de la ordenanza, que establece que la gratuidad será contenida con un subsidio municipal estipulado en cada uno de los presupuestos que se aprueben desde 2014 en adelante. 

En tanto, respecto de 2013, la ordenanza autorizaba la modificación de partidas, debido a que el beneficio fue instituido tras la aprobación del Presupuesto para el corriente año. 

En esa ocasión, el oficialismo, “sin ninguna clase de justificación y sin debate”, optó por rechazar el pedido de informes.

Este jueves, el concejal va a insistir con un nuevo proyecto, en el que reitera una solicitud de precisiones sobre la cantidad de beneficiarios, y si el Municipio hizo o no las reasignaciones de partidas presupuestarias con el objeto de sostener el servicio, mediante el subsidio que establece la ordenanza. 

“No importa quién fue el promotor de la idea, porque creo que es una de las medidas más sabias, de verdadera inclusión y colaboración con la educación, aspecto en el que hasta este momento el Municipio estaba ausente”, opinó Romero en radio Metropolitana. 

El concejal destacó el hecho de que Corrientes se ponga a tono con otras ciudades del país, aunque dijo, “para que el avance no sea una mascarada, algunas cosas tienen que quedar en claro”, como ser que el beneficio debe tener origen en un esfuerzo fiscal independiente por parte del Municipio. 

“Lo que queremos saber es si ya se pagó a las empresas, pero no me interesa tanto el interés de los empresarios, sino el sostenimiento del sistema en sí, que se va a poner en duda si el Municipio no cumple con la ordenanza que instituyó el servicio”, remarcó Romero. 

Por su parte, el concejal de la UCR, Claudio Polich, dijo que los concejales necesitan saber “de qué partida presupuestaria sale la plata que supuestamente se está pagando a los prestadores”. 

“Tengo información extraoficial de que a los prestadores no se les está pagando”, admitió el edil en radio Continental, a la vez que advirtió una disminución en el personal que trabaja en las oficinas dispuestas para atender a los padres y alumnos. 

En función de estimaciones, debido a la falta de informes, el concejal sostuvo que el Municipio debería estar pagando por mes a las empresas prestadoras 1.300.000 pesos, y que en caso de estar efectivamente demorado el pago, la deuda rondaría los 6 millones de pesos. 

 

TEXTUAL

Para que el avance y el beneficio no sea n una mascarada, algunas cosas tienen que quedar en claro.

Gabriel Romero, concejal del FAP 

 

Fuente: La República de Corrientes