La igualdad real entre las personas aún tiene deudas pendientes y cuestiones que reclaman equidad y justicia. Las mujeres son relegadas y discriminadas por el poder económico a la hora de percibir los salarios. La estadística sobre inequidades laborales existentes por razón del sexo de la persona trabajadora, elaborada por la oficina Mujer de la Organización Naciones Unidas, nos informa que las mujeres realizan el 66% del trabajo en el mundo, producen el 50% de los alimentos, reciben el 10% de los ingresos laborales y son titulares del 1% de las propiedades. El informe emitido por esa organización denominado “Eliminación de los obstáculos a la inclusión económica” concluye que en 103 de las 141 economías investigadas siguen existiendo diferencias legales y especialmente salariales a la hora de percibir los salarios por igual tarea. 

A pesar de las mejoras en los indicadores laborales de los últimos años, las brecha de género en el trabajo y en los salarios siguen siendo muy significativas y se profundizan en los sectores menos calificados. Las mujeres ganan menos, porque consiguen empleo en los sectores peor pagos y más precarizados y especialmente, porque tienen a su cargo las mayores responsabilidades de la crianza de sus hijos y otras tareas domésticas y de cuidado, que son importantes porque sustentan la vida diaria familiar. 

Estas son las principales conclusiones de un nuevo informe del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina (Cemyt). “La limitación que implica la presencia de niños/as en el hogar para la participación laboral de las mujeres es sustancial”, advierte la investigación. El problema se agudiza por la insuficiencia o ausencia de políticas públicas para paliar ese escenario, que condiciona o imposibilita la participación laboral femenina. En ese sentido, se muestra con claridad que la participación de las mujeres en el mercado laboral disminuye a medida que aumenta la cantidad de hijos/as. Por el contrario, en el caso de los varones aumenta. 

“Mientras que la brecha de participación entre mujeres y varones que no conviven con niños/as menores es del 27 por ciento, en el caso de los que conviven con más de un menor en el hogar aumenta al 53 por ciento”. Si bien los espacios de cuidado están previstos en la ley de Contrato de Trabajo (artículo 179), -a pesar de no estar hasta la fecha reglamentada-, aún cumpliéndose no cubriría las distintas modalidades de trabajo hoy presente y menos aún las situaciones de informalidad laboral, donde las mujeres son mayoría. 

El citado artículo 179 establece: “Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan”. Este artículo nunca fue reglamentado, con lo cual la existencia de salas maternales o guarderías depende de la voluntad de las empresas. Al mismo tiempo, las vacantes en los establecimientos públicos no son suficientes. 

Según la investigación citada la brecha salarial debe explicarse porque tanto en los empleos registrados como en los no registrados, las mujeres trabajan menos horas que los varones, principalmente porque los patrones socioculturales asignan a las mujeres compatibilizar vida pública y vida privada y esto atraviesa a todos los sectores. 

En el caso de los trabajadores registrados, las mujeres trabajan un 22 por ciento menos horas que los varones y en el caso de los no registrados trabajan un 36 por ciento menos. Concluye el estudio afirmando que “en las últimas décadas hemos asistido a cambios importantes en el mercado de trabajo, desde mejoras en los indicadores laborales, baja de la desocupación, subocupación, disminución de la no registración, así como la masiva incorporación de las mujeres con la consiguiente feminización del colectivo de asalariados. Esta ha tenido y tiene como telón de fondo la desigualdad, pues este avance no se ha traducido en una mejora equivalente del lugar que ocupan las mujeres dentro del mercado de trabajo”. 

Pensamos que la implementación de algunas políticas públicas puntuales ayudaría a desarmar las brechas de género en el ámbito laboral. La agenda de demandas es extensa y comienza por la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de empleo. Es decir, tener en cuenta la realidad de las mujeres a la hora de salir al mercado laboral. Desde garantizar que haya vacantes para el Nivel Inicial desde los tres años en todo el país y servicios de calidad para la atención de bebés desde los 45 días hasta el pleno cumplimiento de la ley de Educación, en especial en la generación de escuelas de jornada extendida.  

En relación con los temas tuitivos, de cuidado, algunas reformas a lograr, entre otras, para promover igualdad serían: ampliar la licencia paterna por nacimiento y adopción, que actualmente es de dos días corridos, conforme al artículo 158, inc. “a”, Ley de Contrato de Trabajo, término notablemente insuficiente y seguir la tendencia mundial que amplía su duración; reformar la ley de modo que quede claro que la protección contra el despido por causa de matrimonio protege a ambos miembros de la pareja y ampliarla a un año, como mínimo; incluir licencias especiales para el período de crianza para madres y padres, que incluyan las diversas necesidades de atención y acompañamiento, en especial por enfermedad; contemplar períodos de excedencia por cuidado de la primera infancia tanto para varones como mujeres, conservando el puesto de trabajo y antigüedad; establecer la obligación de las empresas de proveer de espacios de cuidado infantil o el recurso económico para el acceso a éste, independiente del sexo del trabajador a cargo; otorgar licencias a las mujeres frente a situaciones de violencia de género, con protección del empleo, lugar de trabajo, antigüedad y remuneración; contemplar licencias para varones y mujeres para el cuidado por enfermedad de personas dependientes (adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedad de la pareja); promover, como parte de la responsabilidad social empresaria, acuerdos que favorezcan la incorporación de mujeres en sectores no tradicionales, que suelen ser trabajos mejor remunerados y promover políticas específicas para los sectores no calificados. 

El informe publicado en marzo de este año por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubica a nuestro país en el puesto 71 entre los 148 relevados para medir y comparar las inequidades que persisten, pese a los avances significativos en representación política, nivel educativo y fuerza laboral de las mujeres. Es cierto que, desde hace ya una década, las mujeres conforman la mayoría de las promociones de egresados en las universidades de nuestro país y esta tendencia llegó para quedarse, lo cual evidencia que la excelencia, el compromiso y la capacitación intelectual y laboral femenina es una realidad aceptada cultural y socialmente en nuestro país. 

La realidad señala diferencias que pueden y deben superarse. Los importantes avances logrados con la creación de cinco millones de nuevos puestos de trabajo, entre otros logros sociales, durante el actual gobierno, alientan la búsqueda e implementación de políticas que optimicen las condiciones laborales. El trabajo es el mejor ordenador social; la valoración social promueve la dignificación del esfuerzo laboral y demanda erradicar las diferencias salariales que aún persisten. Aportemos nuestro mejor esfuerzo para avanzar en la construcción de una sociedad sin inequidades ni injustas discriminaciones, para así contribuir a lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria.  

 

Fuente: El Independiente