¿Existe una "Municipalidad paralela" en la capital, pergeñada para el cobro indebido de tributos? ¿Están involucrados inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa)? ¿Y otros funcionarios amayistas? ¿Cuentan con la "ayuda" de instituciones públicas o privadas? Estas y otras preguntas está tratando de contestar el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila. Y, según le explicó a LA GACETA, ya obtuvo algunas pruebas que avalarían su hipótesis sobre el desvío de fondos. 

Hace unos días, cuando el funcionario judicial sugirió que funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) estarían encubriendo maniobras presuntamente delictivas, aseveró que no sólo inspectores de la Dipsa están en la mira. "Estas personas no van a ser las únicas investigadas. La Municipalidad va a tener que dar explicaciones sobre cheques que eran depositados en cuentas de la Municipalidad, y que terminaban siendo cobrados en cuentas particulares, cuando únicamente tendrían que haber sido cobrados por la Tesorería", advirtió el representante del Ministerio Público Fiscal. 

El escándalo estalló en octubre, cuando una empresa del rubro mayorista le vendió sus acciones a otra. Para poder realizar la operación, los inversores pidieron al municipio un certificado de libre deuda impositiva. Allí quedó en evidencia que la compañía adeudaba $ 1 millón del Tributo de Emergencia Municipal (TEM). 

Navarro Dávila solicitó informes a funcionarios que responden al intendente de la capital, Domingo Amaya. Luego de recolectar estos y otros datos, alistó una carpeta con una serie de medidas judiciales para tratar de determinar si existe una "Municipalidad paralela". 

La hipótesis indica que, entre otras supuestas maniobras, inspectores de la repartición habrían recibido cheques de la empresa mayorista por la gestión en el cobro de los tributos. Aquellos documentos, según esta línea de investigación, no figurarían como ingresados en las arcas de la capital. Sin embargo, habrían sido cobrados en entidades bancarias ajenas a la Tesorería municipal. "La víctima (el empresario) les dio dinero a estos empleados municipales para pagar tributos, pero en otros casos emitió cheques a favor de la Municipalidad, y han aparecido cheques cobrados en cuentas particulares. Estamos investigando cómo y quiénes participaron en ese circuito para sacar los valores de circulación de la órbita oficial y cobrarlos de manera privada", señaló el investigador. 

La semana pasada, el amayismo rechazó la posibilidad de que exista un "municipio paralelo" y afirmó que el fiscal tiene "apetencias políticas frustradas". Incluso, el fiscal municipal, Hernán Colombres, le envió una carta documento a su casa para preguntarle si su nombre aparecía en la lista de presuntos encubridores. Navarro Dávila sintió que esta actitud tenía fines intimidatorios, y denunció al funcionario amayista por amenazas. En medio de estas disputas, ¿se esclarecerán los interrogantes del caso?

 

Fuente: La Gaceta de Tucumán