—¿El Juzgado de Faltas tiene un ahogo financiero?

—La figura del ahogo financiero no es descabellada, es un ahogo de tipo administrativo que no sólo complica las finanzas, sino toda la estructura del Juzgado de Faltas Municipal. Hay un cúmulo de cosas que vengo reclamando que terminan por paralizar o menoscabar las funciones del organismo.

 Se genera un atraso importante y una lentitud que no merece el vecino de la ciudad. Al no tener sistema informático, que es algo que viene de larga data, el trabajo se vuelve artesanal: estamos trabajando con unas computadoras para procesar texto e imprimir, pero el resto de los trabajos son todos a mano.

 

—¿Hace cuánto que trabajan de esta manera?

—La emergencia comenzó hace tres años. Esta administración ya tiene un año y medio y se le ha planteado cada uno de los problemas, pero no tenemos respuesta.

 Tuve una reunión con el intendente en setiembre del año pasado. En el presupuesto hice lo que sugirieron desde el Municipio con respecto a pedir un fondo para el sistema informático y computadoras. Las pedí este año y no mandaron nada. 

 Hice notas pidiendo personal porque me sacaron seis personas y hay otras ocho que por diversos motivos no trabajan más en el juzgado y no tuve respuesta. En el mes de marzo puse en conocimiento al Municipio la emergencia en la que estamos y jamás me llamaron.

 

—¿Qué le hace falta al Juzgado para que funcione bien?

—Le hace falta tecnología y que me devuelvan las personas que se fueron que son 14.

 

—¿Se fueron 14 en los últimos años?

—En los dos últimos años. Esta administración me sacó cinco personas que estaban en el turno tarde. Ahora en ese turno hay sólo dos personas. A esto hay que sumarle que se rompen computadoras y no se reponen. Todo eso se le planteó al intendente pero no hay respuesta.

 

—¿Por qué cree que no hay respuesta del Municipio?

—Porque esta administración desaceleró todos los plazos con los que el Juzgado estaba acostumbrado a trabajar. La cuestión de los controles mermó. Con esta gestión hubo un gran cambio en el funcionamiento de todas las direcciones, una paralización. Lo digo desde el punto de vista de juez de Faltas, porque dejaron de venir al juzgado actas importantes. Antes Medio Ambiente tenía una actuación fuerte en la ciudad con mucha cantidad de actas, SerBa también y así todas las direcciones.

 

—Eso se ha traducido en menos controles...

—Se ha traducido en menos cantidad de expedientes. En el área Tránsito un 50% menos teniendo en cuenta que la Policía de Tránsito no trabajó un año, es decir desde febrero de 2012 hasta ahora que empezaron a hacer algunas cosas de nuevo. Las demás áreas también disminuyeron. Además los procedimientos son engorrosos. 

 Envío a clausurar un negocio y no se cumple, envío a constatar situaciones y los procedimientos se demoran… Tengo una experiencia de ocho años en el Juzgado y sobre es-to tengo una visión particular: no hay diálogo, ni trabajo coordinado. 

 

—¿Qué riesgos implica para los ciudadanos tener un juzgado que trabaja así?

—Los riesgos son la lentitud y el tiempo que tiene que perder la gente, además de detectar cuestiones importantes en la ciudad. Debido a la lentitud, y a que se hace todo a mano, tenemos más margen de error. Esto es algo que no me ha pasado con otras administraciones tanto con Pérsico en 2005, luego con Vergés y Lemme. Siempre hubo un trabajo conjunto y mancomunado aunque es cierto que no se resolvieron temas de fondo como el sistema informático, pero había preocupación.

 

—Ha tenido alguna diferencia con el intendente…

 —No, en absoluto. Yo me remito a diciembre de 2011 cuando le elevé el informe anual que ya contenía todo lo que estoy diciendo, los faltantes, todo. No lo hice como un reclamo, sino como una herramienta para que la administración nueva sepa en qué estado estamos.

 Estamos acorralados porque no es un ahogo financiero directo, pero si te manejan los recursos y se pide una apertura y jamás te contestan…

 

—Una salida es modificar la ordenanza del Juzgado de Faltas tal como le pidió al Concejo

—Sí, modificar un solo artículo para que el juzgado pueda manejar su propio presupuesto. Es algo como le ha pasado a la Justicia de la Provincia que hace algunos años consiguió su ley de autarquía. El Juzgado de Faltas es como un Poder Judicial chiquito con ámbito en la ciudad. En la provincia el Poder Judicial se reestructuró y a partir de allí avanzó muchísimo, con los expedientes electrónicos, firma digital y más. Esa tecnología en el Municipio nos parece de ciencia ficción porque en el juzgado tengo lo mismo que hace ocho años. 

 

—¿Con qué presupuesto trabaja el juzgado?

—Alrededor de los dos millones de pesos. Suena raro, pero no conozco el número final porque nunca lo he manejado.

 

—¿Y cuánto recauda el juzgado en multas?

—El año 2011 fue el mejor y se recaudó 1.700.000 pesos. El año pasado cayó a los niveles de 2009 con 1.200.000 pesos. Pero funcionando óptimamente podríamos recaudar como mínimo 5 millones por año ya que también hay posibilidades iniciar juicios de apremio. Y esto es una crítica a esta gestión y a las anteriores también, porque ninguno inicia juicios de apremio.

 

—Operativamente con qué áreas tiene más vinculación el Juzgado.

—Tránsito y Vía Pública, Transporte que maneja todo lo inherente al servicio urbano y taxis. Otras áreas son Bromatología, Comercio, Espacios Verdes, Obras Públicas y Privadas. Lo que pasa es que ha habido un cambio en muchas direcciones que dejaron de tener la función que tenían.

 

—Siente que esos cambios han sido para mejor...

—No, en absoluto. Es más hay direcciones cuyo funcionamiento no conozco. Pero la dinámica que teníamos con las direcciones pasó de una visión muy buena a regular para abajo.

 

—¿Cómo funciona el área de Bromatología?

—En el 2012 tuve serios problemas. Este año el área empezó a trabajar un poco más. Es un área que siempre presenta inconvenientes con los oficios, con los operativos, las actas. Esto es una falta de comunicación que sí tenía con otras gestiones. Teníamos una comunicación diaria que ahora no hay, no hay diálogo que es interactuar todos los días con el Ejecutivo para que los problemas se solucionen.

 

—Eso afecta al funcionamiento de la ciudad... 

—Claro. Por ejemplo, como haber roto el convenio con la Policía con quienes veníamos haciendo trabajos desde hace más de seis años en prevención, uso del casco, multas, el trabajo con las grúas, los fines de semana... De pronto se rompió el convenio y la ciudad lo padeció: el tránsito es una anarquía.

 

—En Bromatología hay mayor o menor cantidad de multas 

—Menos sin duda. El año pasado es uno de los que menos hubo. Este año tuvo un leve repunte, pero nunca dejamos de tener problemas. Lo mismo pasa en otras áreas como Comercio u Obras Públicas y Privadas. La Municipalidad de San Luis perdió el respeto en la ciudad. No puede clausurar un negocio. 

 

—¿Por qué?

—Porque la Municipalidad perdió autoridad, por ejemplo al no tener la Policía para hacer los operativos.

 Ocho años como juez de Faltas me dicen que la gente no cumple si no va un policía. Hay obras que las he paralizado diez veces. Van los inspectores la paralizan y vuelven a retomarlas. También me pasó con locales nocturnos.

 

—¿Qué defensa tiene un ciudadano ante esta situación?

—La defensa que tiene es hacer la denuncia en el Juzgado, pero de la manera en que estamos trabajando no le damos ninguna solución. La Municipalidad ha perdido el imperio que tenía para hacer cumplir las normas. Lo vemos a diario, por ejemplo, con los vendedores ambulantes. Siempre hay que partir de una premisa: el poder de policía no lo tiene el Juzgado de Faltas, lo tiene el Poder Ejecutivo.

 Pero lo que ha hecho siempre el juzgado es coadyuvar para solucionar los problemas. Por ejemplo: enviamos oficios cada dos o seis meses para controlar a los geriátricos, peloteros, fábricas, boliches. 

 Últimamente hemos perdido esa periodicidad por la emergencia administrativa que estamos pasando, pero también de los oficios que hemos librado, la mayor parte no se llevan adelante. Estoy preocupado por esta situación porque con estas herramientas no podemos cumplir con nuestro trabajo.

 Insisto: no es una cuestión sólo de esta gestión. Pero ya mandé dos notas comunicando la emergencia y ni siquiera me llaman. 

 

—El intendente dijo que los recursos están pero usted no ejecutó el presupuesto disponible…

 —Discrepo con el señor intendente. Con los pedidos que le hice en las notas de marzo y de abril si me hubiese explicitado esto, hubiese motivado una reunión personal. Pero a las notas que le envié me respondió con un silencio total. ¿No entiendo por qué responde a los medios y no al juez de Faltas? De todas maneras esa respuesta me deja preocupado. No se trata de ir y buscar los fondos, porque yo no los manejo, me los manejan. Pero además no quiero los fondos, necesito personal, insumos y tecnología.

 

—¿Cuál es el costo de la instalación de un sistema informático como el que necesita el juzgado?

—No creo que supere los 100 mil pesos. De todos modos, me preocupa lo del intendente porque no contesta una nota que le envío y sale a los medios a declarar. Yo acepté notas con la prensa porque ya he agotado las cuestiones administrativas. 

 

—¿Cómo es su relación con los concejales?

—Con todos tengo buena relación. Y ellos me transmiten muchos problemas que tiene la ciudad. Pero también tienen el mismo problema de falta de diálogo con el Ejecutivo y no es una cuestión política porque hay concejales del mismo signo político y me transmiten que tampoco tienen diálogo. 

 Por ejemplo: sobre el tema de la Illia hay un montón de habilitaciones que nunca se terminaron. Son cuestiones que hay que resolver en conjunto con el Concejo y el Poder Ejecutivo tal como se intentó hace unos cuatro o cinco años cuando avanzamos mucho en el tema seguridad, presencia policial.

 

—¿A qué se refiere cuando dice que hay habilitaciones que nunca se terminan?

—Son trámites que no finalizan. Se intima a un propietario y no trae nunca la habilitación municipal, sino que viene con una constancia en trámite. En definitiva hay locales que nunca presentan la habilitación, pero tampoco se puede clausurar porque presentan una constancia de que está en trámite.

 Son cuestiones como tantos temas de la ciudad que hay que solucionarlos con diálogo entre los tres poderes. Pero no veo vocación de diálogo por parte del Ejecutivo. 

 

—¿Cómo fue el procedimiento en el que intervino el juzgado y que a raíz de ello ahora un concejal aliado al intendente le pide el juicio político? 

—Fue un operativo del año 2010. Trabajábamos muy bien con la cuestión de los ambulantes con la Policía Federal que detuvo un micro en La Cumbre y lo trajo a la ciudad. Los directores iniciaron el procedimiento cuando el vehículo llegó a la ciudad. Se hizo el acta, el chofer del colectivo firmó la infracción y allí se bifurcan las jurisdicciones: Policía Federal interviene con sus controles y las direcciones municipales hacen los suyos. Se elevaron las actas al Juzgado, se decomisó mercadería, se mantuvo detenido el transporte cerca de dos meses, luego se entregó y siguió la sentencia condenatoria contra la empresa de transporte, una empresa de Mendoza. Los abogados presentaron un recurso de queja al Superior Tribunal, porque es el Tribunal de Alzada. El Superior Tribunal declaró la nulidad de la causa porque le dio la razón a los abogados que sostenían que el acta de infracción no reunía los requisitos y entendió que el procedimiento había empezado en La Cumbre donde los inspectores no tienen jurisdicción. Este concejal acusa que hubo una falsificación de instrumento público, del acta. Pero el Superior Tribunal no dice eso. Dice que el acta es nula. La cuestión terminó ahí. Esa sentencia final la notificaron el 11 de abril. Ese mismo día hice una copia que la elevé al Poder Ejecutivo porque había observado que había una cuestión sobre las costas que se imponen sobre la vencida. En este caso no había vencida porque no había otra parte u abogado oponente, era solo la elevación de un expediente a una instancia superior. Además los abogados de la empresa no habían pedido las costas. Era una cuestión para tener en cuenta y presentarse en el proceso. Por eso yo elevo nota al intendente con copia de la sentencia, explicando esa situación y sugiriendo la intervención de Asesoría Letrada. Un mes después cuando hablo sobre la emergencia que tenemos en el juzgado aparece esta denuncia de un concejal. No voy a opinar. Para mí es impropio opinar si esto es causal de juicio político, eso lo evaluarán los concejales.

 

Fuente: Diario La República