EL INDEPENDIENTE tuvo acceso a las copias de las documentaciones que Galván elevó en la causa de los trabajadores PIL municipales cuyo abogado querellante es Gabriel García Cruz, ante el juez de instrucción y que complicarían la situación del tesorero de la comuna capitalina, sobrino del intendente Ricardo Quintela. 

En las pruebas puestas a disposición de la Justicia, se da cuenta de la liquidación de haberes correspondientes al personal de planta PIL de la comuna y cuyo monto asciende a la suma de 1.823.054,28 pesos por cada mes. En dicho importe total están discriminados e incluidos los aportes de APOS, jubilatorios y otros descuentos según se desprende de las planillas de Recursos Humanos. 

Tomando un mes testigo, se desglosa que el total efectivo es de 1.531.288,66; en aportes de APOS y voluntario, 74.824,41 pesos; aportes jubilatorios 11% es de 205.286,71 pesos y otros descuentos por 11.654,50 lo que sumados totalizan los 1.823.054,28 pesos. 

Asimismo, en la documentación presentada ante la Justicia local se encuentra el decreto del Ejecutivo municipal donde consta en el articulo 1° que visto el expediente y la planilla de pago de haberes correspondientes al mes en cuestión, aportes personales al personal del programa PIL de la comuna, el intendente decreta aprobar la liquidación efectuada y disponer el pago de haberes y aportes por la suma de 1.823.054,28 pesos. En el articulo 2° del decreto respectivo, se ordena librar orden de pago a favor del tesorero general Marcelo Becerra con cargo a rendir cuenta y de conformidad a lo establecido en el anterior artículo. 

También se remiten cada una de las planillas por áreas municipales que tienen asignado personal PIL con sus respectivos importes y órdenes de pago. 

Las pruebas que complicarían la situación de Becerra, serían los recibos confeccionado en una hoja con membrete municipal donde se lee “recibí de Tesorería General Municipal la suma de pesos un millón quinientos treinta y un mil doscientos ochenta y ocho con sesenta y seis centavos ($1.531.288,66) en concepto de haberes, personal de Planta PIL”. Dicho comprobante lleva la firma y sello de la persona receptora en la sección Caja de Ahorro del Nuevo Banco de La Rioja. A su vez, consta en letra manuscrita el número de cheque correspondiente a esa suma de dinero, que en el caso testigo es el Nº 03699536. 

 

CAMBIO DE CARÁTULA 

Galván al efectuar las presentaciones de las documentaciones en la causa de los PIL municipales y donde se agregaron 30 nuevos delitos y hechos presentados que también complican la situación de la secretaria de Hacienda comunal, Claudia Ortiz, solicitó a su vez el cambio de carátula para que la causa sea “Estafa, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Peculado y Malversación”. 

De igual modo, solicitó que por los nuevos hechos presentados se da cuenta que se siguieron cometiendo nuevos delitos y que sigue manejando los expedientes vinculados a los trabajadores PIL. Por ello peticiona que la funcionaria municipal no goce del beneficio de la eximición de prisión, dado que no da garantía procesal, porque continua vinculada a la función y al manejo de los expedientes de los PIL. 

Todo se encuentra en manos de la justicia y se espera que con la actuación de Fiscalía haya una pronta resolución, habida cuenta que las pruebas aportadas corresponden a los 15 meses de liquidaciones a los beneficiarios PIL desde que entró en vigencia el convenio entre la comuna y el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Dependiendo de la resolución judicial, la situación de los funcionarios del gabinete del intendente Ricardo Quintela, su sobrino Marcelo Becerra y la titular de Hacienda, Claudia Ortiz, podría complicarse y no se descartaría la emisión de órdenes de detención. 

 

Fuente: El Independiente