31 de Enero de 2013 - Coparticipación

Bs. As.-Todo lo que usted siempre quiso saber sobre la Coparticipación

Marcelo Capello Presidente IERAL de Fundación Mediterránea

Tres características principales han caracterizado a la relación fiscal Nación - Provincias en la última década:
1) Cayó la participación del conjunto de provincias en el reparto automático de los recursos tributarios nacionales (coparticipación y otras leyes de distribución);
2) Se produjo un perjuicio relativo a la provincia de Buenos Aires en el reparto automático de fondos entre provincias, por la existencia del tope al Fondo del Conurbano;
3) Aumentó la porción de los recursos tributarios nacionales que ahora se envían en forma discrecional a las provincias, lo que afectó negativamente a otras provincias más pobladas como Córdoba y Santa Fe.
Vayamos a los números: En primer lugar, la participación del conjunto de provincias en el reparto automático de los recursos tributarios nacionales pasó del 33,4% en 2000 al 26,1% en 2012 (incluyendo el Fondo Federal Solidario), consecuencia principalmente de la baja coparticipación del impuesto al cheque y de las retenciones a las exportaciones.
En segundo término, la participación efectiva de Buenos Aires en el reparto automático entre provincias resultó del 19,3% en 2012, por debajo de su participación inicial en la Ley 23.548 de 1988 (21,7% tras la inclusión de Tierra del Fuego y CABA en el reparto), y también bastante por debajo del coeficiente efectivo del 25% que obtuvo en el año 1995, cuando el Fondo del Conurbano no tenía tope. La Ley 20.221, vigente entre 1973 y 1983, le asignaba un coeficiente del 28% en la distribución secundaria entre provincias.
En tercer lugar, la porción de los recursos que reciben las provincias en forma discrecional desde el poder central pasó del 2,5% promedio en la década del noventa al 5% en 2012. Llegó a ser del 7,9% de los recursos tributarios en 2010. Esto es, de los cerca de 7 puntos porcentuales de participación que perdieron las provincias en el reparto automático de recursos en 2012, respecto al promedio observado en los noventa, recuperaron 2,5 pp a través de los envíos más discrecionales de la Nación. Así las cosas, sumando todo tipo de transferencias, existió para el conjunto de provincias en 2012 una pérdida neta de 4,5 pp de la recaudación tributaria nacional, con relación a lo que ocurría en los años noventa, cifra que equivale a $30.600 millones (duplica el déficit primario que mostraron los gobiernos intermedios ese año).
Las consecuencias de tales tendencias en los últimos años han sido también tres:
1) El conjunto de provincias muestra un resultado primario deficitario ($15 mil millones en 2012), donde además de la propia evolución del gasto provincial debe haber jugado un rol importante la menor percepción relativa de recursos desde la Nación;
2) Los mayores problemas fiscales se visualizan en las provincias más pobladas (Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza explicaban un 76% del déficit de provincias en 2011), entre otras razones por el mencionado tope aplicado a Buenos Aires, y por la negativa de ANSES a financiar los déficit previsionales de algunas Cajas no transferidas, que en los casos de Santa Fe y Córdoba representaron la no recepción de aproximadamente $400 y $1.300 millones, respectivamente, en 2012;
3) El conjunto de provincias tiene ahora menor autonomía financiera respecto del gobierno nacional, por lo que éste incide con mayor fuerza en las decisiones políticas que toman gobernadores y legisladores del interior (la porción del gasto provincial que se financia con recursos propios pasó del 40,5% en 2000 a cerca del 38% actualmente).
El caso de Buenos Aires resulta ciertamente paradigmático. Como se adelantó, su participación en los envíos automáticos desde la Nación se halla cerca de 3 puntos porcentuales de la recaudación nacional por debajo de su coeficiente de la Ley 23.548. Pero en el reparto de transferencias más discrecionales resultó mejor posicionada, al recibir alrededor del 31% del total (en los noventa ese guarismo resultó en promedio del 11%). Sumando transferencias automáticas y discrecionales, Buenos Aires pasó de captar cerca del 23% del total de transferencias en los noventa a aproximadamente 21,5% en los dos últimos años. Claro que el nuevo mix, con mayor presencia relativa de envíos discrecionales, le ha hecho perder a dicha provincia buena parte de su autonomía financiera y política, además de generarle graves problemas fiscales.
Lo cierto es que ya nos acercamos a casi treinta años sin un sistema de coparticipación definido sobre bases más racionales (en 1983 perdió vigencia la ley 20.221), y a 16 años de incumplir la constitución nacional reformada en 1994.
¿Por qué se discute desde hace tanto tiempo la cuestión del federalismo fiscal argentino y no se llega a una solución a largo plazo? Una razón de fondo deviene de la misma Reforma Constitucional de 1994, por cuanto ella exige unanimidad provincial en la aprobación del nuevo régimen, lo cual resulta muy difícil de lograr en presencia de juegos de suma cero entre jurisdicciones. En tales circunstancias, una reforma sólo podría resultar políticamente viable si el gobierno nacional resigna un porcentaje importante de su participación efectiva en el reparto, de manera que todas las provincias ganen recursos en términos absolutos. Para no desfinanciarse, el poder central debería compensar disminuyendo la importancia de los envíos discrecionales a provincias. Se trataría de una solución más racional en términos de federalismo, aunque disminuiría fuertemente el poder de fuego del gobierno nacional para lograr alineamientos políticos entre gobernadores e intendentes.

Fuente: El Cronista