11 de Enero de 2013 - Justicia

Jujuy-La justicia vindicó al secretario de Gobierno de la Municipalidad

El funcionario de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy obtuvo un fallo favorable a su actuación en la justicia.

La juez de Control Nº 4 habilitada, Filomena Ortiz otorgó la Resolución de acción vindicatoria a Carlos Toconás en su carácter de secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, quien oportunamente solicitara a la Justicia la investigación por una acusación de supuesto delito en el desempeño de sus funciones, de acuerdo al artículo 62 Inciso 2 de la Constitución Provincial.
Luego de producidos todos los plazos legales de investigación, de la Mesa Unica receptora de denuncias, Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo de Carlos Farfán, quien solicitó informe a la Fiscalía de Investigación Nº 2, y que vueltas las actuaciones a su origen de pedido para su pronunciamiento, el pasado mes de noviembre del 2012 el Juzgado de Control Nº 4 dictaminó el fallo antes dicho.
La demanda de vindicación de Toconás se fundamentó en base a la ética de la función pública para el desempeño de cargos en el Municipio, teniendo por objeto el resguardo de la calidad institucional y el derecho a la información ciudadana respecto de las condiciones de ejercicio de la función pública, y también para contribuir a la ejecución de las políticas del gobierno del que forma parte. Las acusaciones, se relacionaron con las funciones de Toconás vinculadas a las políticas municipales orientadas al ordenamiento y normalización de la situación de los vendedores ambulantes y en la recuperación del espacio público.

Patrocinantes
En su pedido, el secretario de Gobierno patrocinado por los abogados María Fernanda Yapur y Pablo Baca, expuso la acción vindicatoria en los hechos producidos a partir de declaraciones públicas que Marcela Vargas referente de un grupo de “vendedores ambulantes autoconvocados” habría formulado en oportunidad en que la Municipalidad hiciera controles de vendedores ambulantes ubicados en calles Santiago del Estero, Dorrego, Zegada y José de la Iglesia en la zona del mercado de abasto.
Precisamente, Vargas habría señalado que “actualmente cobran cuatro mil pesos ($ 4.000) el 1,20 metros”, vinculando a Toconás en ese supuesto cobro indebido de espacios de la vía pública.
A estas denuncias se sumaron las de una concejala de la oposición, por lo cual el funcionario efectuó la denuncia a la primera mencionada para que presenten pruebas de las imputaciones realizadas.
Por otra parte, cabe hacer notar que en el análisis del Juzgado, integra en el plexo normativo, las cuestiones relativas al Sistema Republicano de Gobierno y al Estado de Derecho, y que “la imposición de obligaciones y deberes a los funcionarios y empleados públicos, es correlativa a la actuación de los mismos dentro del marco legal, de allí la índole de esta previsión constitucional”.

Deberes
Agrega que entre los deberes de los funcionarios públicos se encuentra “la obligación de acusar judicialmente hasta vindicarse bajo pena de destitución...” como consecuencia de ser imputados de un delito cometido en el ejercicio de su cargo o empleo.
Asimismo señala que en el análisis del texto que titula el artículo 62 dice de la “obligación de querellar”; y luego, que en el inciso se establece que “está obligado a acusar judicialmente...” y que ambas expresiones “acusar y querellar, aparecen como sinónimos”.

Fuente: El Tribuno