21 de Diciembre de 2012 - Nocturnidad

Neuquén-San Martín ataca de lleno la trata

Los concejales no habilitarán más las wiskerías y cabarets en la ciudad.

En el marco de las acciones para combatir la "trata", el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la concejal Emilia Otharán del Movimiento Surco, que prohibe el otorgamiento de nuevas licencias comerciales para locales de diversión nocturna tipificados en La Ordenanza 7/68, como "Cabarets", "Night Club" y "Whisquerías",
La misma norma solicita al Ejecutivo Municipal la eliminación de la categoría "C", que reglamenta la ordenanza de "Libreta Sanitaria", con lo cual en los hechos desaparecerá la figura conocida como "alternadora".
Se estableció que durante el curso del próximo período Legislativo, el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante deberán proceder a la revisión y adecuación de la apuntada ordenanza.
En sus fundamentos, el proyecto convertido en ordenanza señala que el delito de Trata de personas que, a partir de la sanción y promulgación de la ley 26.364 ha sido incorporado en el Artículo 145 bis y complementarias del Código Penal, es en magnitud el tercer ilícito en el mundo después del Tráfico de armas y drogas. Esta modalidad delictiva "contempla aspectos vinculados con el poder y la situación de extrema vulnerabilidad de grandes sectores de la población mundial y crece desmesuradamente operando a través de redes criminales", dice el texto.
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas , casi el 20 % de las víctimas de trata de personas en el mundo son niños, niñas y adolescentes, a quiénes reclutan para realizar trabajos en los que se requiere destreza, o como precoces combatientes para las guerras o son captados por redes de pornografía infantil.
También, la Organización internacional del Trabajo ha difundido que anualmente entre 600 a 800 mil personas son víctimas del tráfico de personas y que el 98 % de las víctimas de redes de explotación sexual son mujeres y niñas.
En tal sentido, dice el Estado Municipal "no puede seguir avalando institucionalmente un modelo social que garantiza el uso colectivo de las mujeres más desfavorecidas y excluidas del sistema ni las prácticas masculinas de acceso por precio a su cuerpo. El trabajo sexual no es un trabajo digno, sino una forma más de explotación, donde las mujeres siguen siendo sometidas. El estado es quien debe garantizar formas de trabajo digno", subraya.

Fuente: Diario Río Negro