6 de Diciembre de 2012 - Coparticipación

T. del Fuego-Ley 648: El Municipio de Río Grande pidió otra prórroga

A través de su asesor legal Dr. Daniel Garay, la Municipalidad de Río Grande ingresó ayer un pedido al Superior Tribunal para que se mantengan congelados los plazos para dictar sentencia por la ley 648. No establecen fecha pero delegan en la Legislatura la tarea de resolver políticamente la controversia.

Ayer se presentó ante el Superior Tribunal “un pedido de mantener la suspensión de plazos procesales dispuestos el 19 de noviembre, hasta tanto la Legislatura trate en sesión ordinaria antes de fin de año temas relativos a la tarifaria, presupuesto y entre otras cuestiones la 648 sobre financiamiento educativo”, explicó a Radio Universidad el Dr. Daniel Garay, asesor legal de la Municipalidad de Río Grande.
Ahora la Corte fueguina deberá analizar la solicitud de uno de los tres municipios y el pedido que también ayer ingresó el Fiscal de Estado para que se proceda a dictar sentencia, y decidir si sigue concediendo postergaciones o no.
El Dr. Garay explicó que “surgió esta presentación ahora porque hay un acuerdo que se firmó el 12 de noviembre, donde el ministro jefe de gabinete con los intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, entre otras cuestiones establecen que en lo relativo al financiamiento del sistema educativo, concretamente la ley 648, las partes reconocen el ámbito político como lugar natural para resolver la controversia”.
Ushuaia no se sumó y tampoco Tolhuin, por lo cual se relativiza la fuerza de la presentación, sumado a que no es parte actora en la causa judicial y que el criterio de la jueza Battaini para las prórrogas previas fue ante todo el consenso.
“Nosotros lo hemos planteado porque estamos con el convencimiento de que esto se debe dirimir en el ámbito político y así ha sido reconocido por el gobierno de la provincia. Más allá de que el Fiscal de Estado diga que el Jefe de Gabinete no tiene legitimación para actuar porque no es parte, lo cierto es que el Fiscal de Estado actuó a instancias de la señora gobernadora y me parece que el ministro jefe de gabinete tiene autoridad para firmar un acuerdo político”, señaló Garay en referencia a la validez judicial que a su criterio debería tener el Documento de Río Grande.
“Acá hay un acuerdo que se suscribió y no se lo puede desconocer. Las partes tienen la alternativa de dejarlo sin efecto, pero este convenio de fecha 12 de noviembre no fue desconocido. Es más, la gobernadora dijo que tenía conocimiento, por lo tanto mientras esté vigente no lo podemos desconocer”, defendió.
Garay admitió que en la letra de ese mismo documento “se estableció que se renovaban automáticamente los plazos procesales, pero no se dijo que se desconocía ese acuerdo firmado ni que ya no formaba parte del expediente. Ese acuerdo forma parte del expediente y es la Legislatura la que tiene que trabajar”, sostuvo.
A su entender “ese Documento de Río Grande tiene efectos y tiene efectos inclusive en el proceso”.

Un rol legislativo
Consultado acerca de si, en caso de buscar una salida política basada en ese documento, la gobernadora no debería desistir de la acción judicial, Garay aclaró que “representa los intereses del municipio de Río Grande”, y por lo tanto no puede decidir por la mandataria.
Y puso el acento en el rol de la Legislatura: “Son los legisladores los que dijeron cómo era la forma de financiar el sistema educativo y no lo puede resolver el poder judicial”, consideró, aun cuando la legislatura aprueba las leyes y la justicia tiene la facultad de interpretarlas.
“Entendemos que al haberse suscripto este convenio, no podemos ir a decirle a la justicia que resuelva, cuando hemos dicho que se debe resolver en el ámbito político. Habría una contradicción muy grande”, marcó.
Recordó que “la justicia, cuando dispuso la suspensión de pasos procesales, dijo que ese documento revela la intención de las partes de darle una solución alternativa al conflicto, distinta del dictado de una sentencia. Para mí se acabó el juicio y no hay más nada que discutir. Para nosotros se acabó la incertidumbre y a mi entender se debería declarar abstracto el proceso”, manifestó.
“Como dijo el intendente, una sentencia a favor del gobierno no le sirve a nadie. Pierde la provincia, porque un fallo que saque el 25% a los municipios va a traer problemas para la provincia, no a los intendentes. Si el fallo es favorable a los municipios, el intendente siempre estuvo dispuesto a ayudar a la provincia. Pero no de la forma en que se pretende”, concluyó el abogado.
 
Fuente: Provincia 23