22 de Setiembre de 2012 - Buenos Aires

Bs. As.-El retorno de las reformas impositivas provinciales

Jujuy y Santa Fe se preparan para aumentar la carga impositiva, una práctica que permite esquivar una reforma económica

Santa Fe y Jujuy se preparan para sumarse al grupo de provincias que transitan un 2012 plagado de aumentos de la carga impositiva, al punto tal que los distritos que no aplicaron (aún) incrementos en sus leyes fiscales son una minoría. Apenas 8, contra los 16 que decidieron reiterar hasta el hartazgo la vieja costumbre de hacer una reforma impositiva por no querer, no poder o no saber emprender una verdadera reforma económica.
Se podrá decir, con razón, que para llevar a cabo la segunda de las tareas apuntadas hace falta algo más que la voluntad aislada de un gobierno provincial. Si lo sabrán en Jujuy, cuyo gobernador Eduardo Fellner anunció el envió del proyecto tributario a la Legislatura luego de una aleccionadora conversación con Juan Manuel Abal Medina (jefe de Gabinete) y Hernán Lorenzino (ministro de Economía). Si lo sabrán en Santa Fe, donde Antonio Bonfatti espera una decisión del bloque del FPV para aprobar la ley, mientras asiste a los retos presidenciales por teleconferencia.
Es que en la mayoría de los análisis sobre la validez o no de los ajustes impositivos en las provincias falta un protagonista cuya ausencia es, precisamente, la que no permite llegar a una conclusión satisfactoria. Es el Estado nacional, que por el momento no muestra el menor interés en sumarse a la eventual mesa de discusión.
Por el contrario, se mantiene al margen mientras usufructúa beneficios a los que las jurisdicciones provinciales no pueden acceder, como el financiamiento a través de la emisión monetaria y las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Banco Central. ¿Tiene sentido plantear reformas impositivas provinciales sin una coordinación con la política nacional en la materia? Los intentos de aumentar los gravámenes provinciales, en algunos casos imbuidos de un justificado propósito de progresividad, chocan con la decisión nacional de no reducir la carga de impuestos regresivos en la misma proporción. El impuesto inmobiliario -que en los hechos es pagar conforme al nivel de vivienda o tierras de las que se es propietario- es uno de los más antiguos y justos de la humanidad, pero sus verdaderos efectos se distorsionan si su aumento no se compensa con rebajas en otros impuestos regresivos, entre los que un IVA del 21% se lleva todos los premios. Claro que para emprender esas dos tareas hace falta algo que por estos tiempos parece imposible: diálogo entre la Nación y las provincias. Si lo sabrán en Córdoba...
Un repaso de las iniciativas que tuvieron en cuenta los distintos gobiernos provinciales para llevar a cabo sus reformas impositivas muestra varios puntos en común. Después de todo, el pseudofederalismo fiscal imperante en la Argentina desde hace casi ocho décadas no les deja mucho margen de maniobra: aumentos en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario urbano y/o rural, revalúos de las bases imponibles, levantamiento de exenciones a algunos sectores exentas y la aplicación de algún gravamen especial en actividades específicas. Al respecto, habrá que prestar atención al tránsito de Cipoletti a Neuquén: en mayo, la Legislatura de Río Negro aumentó al 10% el gravamen a los albergues transitorios.
Pero el caso emblemático es el de la provincia de Buenos Aires. No sólo por su peso económico, que de por sí es ocioso destacar: el 40% de la producción argentina, el segundo presupuesto del país después del nacional, una población similar a la de Chile, una superficie equiparable a la de Italia y un producto bruto comparable al de países como Hungría o Irak. Lo insólito es que con las características señaladas, la administración bonaerense esté tan necesitada de recursos que está preparando la segunda reforma impositiva del año, cuando todavía no pudo mensurar los efectos de la primera, aprobada hace menos de cuatro meses.
A las modificaciones tributarias propiamente dichas, en Buenos Aires se le sumaron una ley de revalúo inmobiliario rural y un decreto de renovación de licencias a los bingos. Pero todo resultó insuficiente para afrontar el pago del medio aguinaldo del primer semestre, un gasto que, supuestamente, debería estar previsto desde el año pasado al sancionarse la ley de Presupuesto. En consecuencia, el gobernador Daniel Scioli debió acordar con el Gobierno nacional un préstamo de $ 600 millones de la Anses, con un interés de un 16,5% anual.
La segunda parte de esta saga impositiva avanzaría sobre viviendas y automóviles de alta gama, operaciones con tarjetas de crédito y fideicomisos agrícolas o pooles de siembra.
Scioli no eligió el mejor momento para la segunda parte de la reforma, a juzgar por la mala pasada que le jugó la naturaleza con inundaciones. Con 17 distritos en emergencia o desastre agropecuario, el esperado aumento de la recaudación puede diluirse con las prórrogas o condonaciones impositivas.
Algunos números están llevando a varios funcionarios de la capital bonaerense, La Plata, poner más atención a los alrededores de la Plaza de Mayo, donde se emplazan los tres pilares que, valga la comparación con otro suceso reciente, pueden decidir si se funde o no una provincia: la Casa de Gobierno, que determina los premios y castigos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que ejecuta la política tributaria, y el Banco Nación, de donde se giran diariamente los fondos de coparticipación federal.
Es que el Gobierno bonaerense hizo cuentas y comprobó que en los primeros cinco meses del año la transferencia de recursos tributarios de origen nacional aumentaron un 22,6%, casi seis puntos menos que el incremento de un 28,3% de los de origen provincial. Y que se si excluyera el Fondo de Financiamiento Educativo, la coparticipación registraría una caída de un 0,3%.
Una coparticipación que, en definitiva, es una delegación de las provincias a la Nación de la facultad de establecer y recaudar impuestos que le asignó la Constitución Nacional (CN). ¿Lo sabrán los gobernadores, o prefieren seguir el próximo año con nuevas reformas en sus políticas tributarias?

Fuente: La Gaceta