29 de Agosto de 2012 - Mendoza

Mendoza-Tercer intento opositor para que Mendoza demande a la Nación

En el Senado se buscará debatir el proyecto para reclamar por el 15% de Coparticipación cedido en el Pacto Fiscal.

Por tercera vez consecutiva en los últimos 15 días, la oposición defenderá en la Legislatura un proyecto para que el Gobierno de Mendoza demande a la Nación por fondos coparticipables y, si bien el oficialismo hizo caer las dos sesiones anteriores en las que se quiso debatir este proyecto, se espera que hoy no ocurra lo mismo. La iniciativa que propicia la Unión Cívica Radical (UCR) obliga al gobernador Francisco Pérez a comenzar un juicio millonario ante la Corte Suprema de la Nación, cifrado en unos 2.800 millones de pesos, debido a que considera que la continuidad del Pacto Fiscal condena a Mendoza –al igual que a todas las provincias– a recibir 15 por ciento menos de Coparticipación Federal y que se destina a la Anses.
En otras provincias se ha avanzado en este punto con la presentación de demandas contra el Estado nacional, como son los casos de Córdoba y Santa Fe, a los que se sumarían Corrientes y San Luis. Hasta ahora, por fuera de las posiciones y razones a favor y en contra de la iniciativa, el asunto presenta la tensa posibilidad de un final desempatado por el vicegobernador Carlos Ciurca.
Ciurca confirmó ayer que los senadores oficialistas darán hoy el debate –a diferencia de lo sucedido en las semanas pasadas– aunque cabe recordar que expresiones similares ya se le oyeron al vicegobernador. De los 38 senadores que integran la Cámara Alta, la mitad se ha expresado en contra del proyecto y la otra porción, de manera favorable. Los 19 de un lado son del bloque de la UCR, el Partido Demócrata, Unidad Popular, el Peronismo Federal y el Pro; los otros pertenecen al Frente para la Victoria, a Nuevo Encuentro y al Eje Peronista.
En las dos sesiones anteriores del Senado, el oficialismo no pudo garantizar los 19 votos necesarios para frenar la embestida radical, debido a la ausencia de algunos legisladores propios, por lo que se fueron del recinto y dejaron sin quórum a quienes promueven la demanda contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El martes 14, el faltazo de dos senadores –José Escoda y Francisco Cofano– puso en aprietos al oficialismo y, siete días después, un viaje de Pérez obligó a Ciurca a cubrirlo en el cargo en el Ejecutivo, lo que también generó riesgo en el número de votos que necesita el oficialismo para tirar por tierra la movida opositora.
Pero hasta anoche en los pasillos de la Legislatura se especulaba con que no se podía repetir esta estrategia, que viene desgastando a los alfiles de Pérez en la Casa de las Leyes. El reglamento indica que si hay un empate en 19 votos, Ciurca puede votar doble y desempatar, pero, antes que esto pueda ocurrir hoy, lo que ambos bandos en disputa deben garantizar es contar con ese número, sobre todo entre los que movilizan este proyecto.
Este es el estado de situación con referencia a la cantidad de votos. Ahora, los fundamentos que exponen los dos grupos parlamentarios sobre el proyecto son los siguientes: el vocero de la UCR en este asunto es el senador Juan Carlos Jaliff, quien viene repitiendo la necesidad de instruir y autorizar al Poder Ejecutivo a iniciar y tramitar ante la Corte Suprema de Justicia las acciones judiciales pertinentes contra la Nación a los efectos de promover la declaración de inconstitucionalidad del artículo 26 del anexo del decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº2.054, por el cual se prorroga unilateralmente el plazo de vigencia del Pacto Fiscal, en cuanto a la retención de 15% de la masa de impuestos coparticipables con destino al régimen previsional.
"Como hay que pensar en términos políticos, yo no quiero que el gobernador se pelee con el Gobierno nacional. Por eso, con la aprobación de este proyecto, Pérez sólo tiene que presentarse y decir que la Legislatura lo ha instruido para que inicie la demanda", ha expresado Jaliff. Por su lado, la presidenta provisional del Senado, la oficialista Miriam Gallardo, ha explicado que el proyecto "instruye al Ejecutivo y a la Fiscalía de Estado" para que se inicie una demanda, lo que, para la senadora, no corresponde ya que invade la competencia del Ejecutivo.
"Nosotros (por la Legislatura) no podemos, por ley, darle instrucciones al Ejecutivo". Además, agregó que en el oficialismo entienden que un juicio no soluciona el problema hoy, y que, de prosperar, se resolvería en muchos años. Fernando Simón, también senador oficialista, ha dicho: "No se pueden tomar decisiones por el Ejecutivo". Otro punto de disidencia es el referido a la vigencia del Pacto Fiscal que se estableció en 1992. "El Pacto Fiscal es claro en cuanto a que no hay plazo y tiene vigencia. No se puede modificar hasta tanto no haya un nuevo Pacto Fiscal u otra Ley de Coparticipación", precisó Simón.
Según el oficialismo, en la cláusula octava del Pacto Fiscal dice: "Las provincias y la Nación se comprometen a seguir financiando mancomunadamente el Régimen Nacional de Previsión Social, por lo cual se asegurara el descuento de 15% de la masa de impuestos coparticipables hasta tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o una nueva Ley de Coparticipación Federal". Pero, el radicalismo sostiene que la continuidad de los recortes en contra de las provincias desde el 2011 hasta el 2015 no fueron nunca avalados por el Congreso y la Legislatura. "¿Si no se necesitaba ratificación, por qué antes se sancionaron leyes?", sostuvo Jaliff.

Fuente: El Sol