4 de Junio de 2012 - La Rioja

La Rioja-La tierra: negocio redondo

Las maniobras puestas al descubierto esta semana, vinculadas a turbios negocios inmobiliarios, provocaron una profunda repulsión si se colocan a consideración las argucias que se pergeñan, las personas involucradas, la pasividad de la Justicia (que muchas veces se transforma en complicidad) y lo más lamentable que es el rol del cliente como víctima y principal damnificado.

El comprador pone en juego sus ahorros, además de su futuro económico en manos de personas inescrupulosas. Resulta imperdonable desde cualquier punto de vista que se juegue con la necesidad de conseguir un lugar dónde vivir, a cambio de enriquecerse rápidamente a espaldas de la legalidad.
Por ello resulta fundamental que los organismos competentes no duden un minuto en ejercer la defensa de los derechos de los riojanos en general frente a estos mercachifles, que en su gran mayoría se tratan de aprovechar del Estado, en cualquiera de sus formas, y vale recordar que Estado no es el gobierno de turno, sino que somos todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos este suelo.
La historia que develó estas maniobras comenzó con versiones de personas que, con el sueño de la casa propia como meta, fueron tentados por una operatoria que otorgaba un terreno en la zona con mayor futuro de la Capital, justo al frente del Parque de la Ciudad. Sumado a ello, la construcción de una vivienda tipo cabaña a costos aceptables y amplia financiación, lo que llamó la atención de quienes entienden en estos negocios.
Con improvisadas oficinas montadas en el centro de la ciudad se ofrecían loteos, inclusive el señalado en la zona de Avenida Circunvalación, lo que fue constatado mediante llamados telefónicos a los vendedores y testimonios de los compradores. Hoy con el escándalo expuesto, sus abogados niegan haber ofrecido y vendido lotes en esa zona, pero la investigación que emprendió la Secretaría de Tierras tendría las pruebas necesarias para dar por tierra ese argumento.
Algún desprevenido lector dirá que no está mal ofrecer y vender lotes, pero siempre y cuando la propiedad de las tierras esté normalizada y no pertenezcan al Estado provincial, como en este caso, que sólo existe un juicio de información posesoria en trámite. Hay que ser muy precavidos para no caer en esas redes de engaños y cotejar la titularidad de las propiedades antes de realizar cualquier operación.
Los volúmenes de dinero que mueve el negocio inmobiliario resulta muy tentador para muchos profesionales (o algunos que se hacen pasar como tales) que en connivencia con ciertos estamentos pueden generar importantes dividendos. En el caso de la inmobiliaria descubierta por Bienes Fiscales vendiendo tierras del Estado, aparece un estudio de abogados que litiga en nombre del supuesto poseedor de la zona denominada "3 mil hectáreas" y cuyo titular sería empleado estatal en la Legislatura, lo que significa a las claras una severa incompatibilidad.
Mientras tanto otra supuesta profesional trafica influencias en la Secretaría de Tierras y con ello trata de brindarle seriedad a una presunta transacción legal, que le traerá dolores de cabeza al comprador más temprano que tarde. El Estado dice contar con títulos perfectos en esa zona y promete defender la propiedad a como dé lugar y hasta las últimas consecuencias. Mañana mismo, Bienes Fiscales presentaría las pruebas documentales en la Fiscalía para que comience una causa que podría tener ribetes escandalosos.
No son pocos los que usan estas metodologías de litigar tierras del Estado y emprender una venta sin el loteo aprobado, esperanzados en que después el Gobierno tendrá que dar una solución a los damnificados. En manos de la Justicia queda que hechos como este no queden impunes.
Precisamente, la Justicia es la que debe ponerse los pantalones largos y tomar el toro por las astas. En toda la semana que se habló de estas presuntas estafas, ningún fiscal se hizo eco de oficio, considerando que son tierras del Estado las que están en juego. Como también es cuestionable que expedientes de informaciones posesorias duerman años en los estrados judiciales sin resolverse, generando este tipo de confusiones que impactan directamente en el bolsillo del pobre ciudadano que intenta invertir en un pedazo de tierra.
Se sospecha que existen especulaciones desde ciertos estamentos judiciales para demorar estos juicios y permitir que privados se enriquezcan ilícitamente, con el patrocinio de bufetes de abogados poco escrupulosos.
Esta es una buena oportunidad para que se castigue severamente acciones rayanas con la ley y brinden transparencia y confiabilidad a la gente común, que junta peso tras peso para poder adquirir una propiedad.

LUCES Y SOMBRAS
En general fue una semana tranquila a pesar de algunas operaciones mediáticas por instalar temas que pasaron al olvido rápidamente, quedando la sensación que sin marchas municipales, la vida de los riojanos transita en paz. Estas tareas de movilización prometen retomarse en los próximos días con un plan de acción que incluiría escraches a domicilios de los legisladores para que traten una ley de coparticipación, cuyo proyecto quintelista aún es desconocido por no tener estado parlamentario, pues nunca se presentó.
Por su parte, Beder Herrera decidió continuar con una agenda que incluyó la inauguración del albergue estudiantil y diversas reuniones como la realizada en La Costa el viernes, donde recibió el apoyo de los intendentes de la zona norte.
Mientras dura esta aparente calma, siguen produciéndose hechos con condimentos políticos y jurídicos fuertes que van signando los pasos futuros de esta desencontrada relación entre provincia y municipio capitalino. Por ejemplo el pedido de pronto despacho presentado por la comuna ante el Tribunal Superior de Justicia, tuvo como respuesta un duro revés, pues de manera unánime se rechazó la apetencia de exigir que los diputados traten una ley de coparticipación municipal y dejó todo en manos de la negociación y acuerdo político entre los 18 departamentos. No sería la única novedad en este ámbito, ya que está pendiente de resolverse el amparo presentado por comerciantes locales en contra de la tasa de Seguridad e Higiene. No sería extraño que en la semana surjan definiciones.
Tampoco se descarta que ingrese a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que cese la función del Tribunal de Cuentas municipal y los números de la comuna capitalina pasen a revisarse en el TC provincial. Hoy es el único departamento que posee organismo de contralor propio y con una conformación que no contempla a la oposición política real dentro del Concejo Deliberante. Se sospecha que el manejo de las arcas municipales no es del todo claro y el TCM poco hace por cumplir con su rol.
Lo sucedido esta semana que pasó debería servir para tomar conciencia que las disputas deben resolverse en los ámbitos que corresponden y que de nada sirve generar tensión y malestar en la gente, que se mantiene en su mayoría al margen de esta pelea doméstica por intereses y espacios de poder. Todos tienen el derecho de protestar y reclamar por lo que creen justo, pero también se debe tomar conciencia que el resto de los ciudadanos tiene derecho a vivir en paz, en una ciudad limpia, segura y en condiciones de transitabilidad. Tal como se dijo en columnas anteriores: "nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás".

Fuente: El Independiente