La modalidad de presupuesto participativo (PP) surgió en 1989, cuando la gestión del Partido de los Trabajadores (PT) la implementó en la ciudad de Porto Alegre.
El éxito de aquella experiencia, tanto en la vida cotidiana de las personas como también en intangibles como lo es la construcción de ciudadanía; la convirtió en un modelo a replicar por otros gobiernos locales de diversos países.
En Argentina la iniciativa le correspondió al socialista Hermes Binner, cuando ocupaba la intendencia de Rosario. Desde aquella experiencia pionera a nuestros días, esta modalidad de participación ciudadana se extendió a otras localidades, abarcando más de 11 millones de personas que toman parte en la decisión acerca del destino de los recursos de su localidad.
Pablo Caruso es responsable del Programa de Presupuesto Participativo dependiente de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; y en diálogo con el suplemento Ámbito Municipal consideró que el PP permite profundizar la democracia, enriqueciéndola al incorporar mecanismos de la democracia directa.
En la actualidad son 46 los municipios que cuentan con Presupuesto Participativo. De ellos, 10 son capitales de provincia. Puede parecer un número escaso, pero adquiere otra dimensión si se considera la cantidad de personas, más de 11 millones, que participan en asambleas y votan los proyectos en que se utilizará parte de los ingresos municipales.
Este ímpetu que ha tomado la iniciativa en el país quedó también plasmado con la creación en el año 2008 de la Red Argentina de Presupuesto Participativo que está integrada por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, además de 34 municipios que ya aplican PP y la Universidad Nacional de General Sarmiento
En cuanto a los desafíos futuros, Caruso planteó tres aspectos centrales: "Primero buscamos garantizar la continuidad de las experiencias ya que algunas se discontinúan. En segundo lugar, apostamos por el cambio de escala, es decir, que más municipios apliquen PP y por último contribuir a mejorar la calidad de las experiencias. En calidad incluyo la incorporación de criterios de justicia distributiva para la asignación de los recursos. Es decir, si tengo una ciudad dividida en cinco zonas y tengo 10 pesos de PP, que la distribución de esos fondos sea en función de indicadores que tengan que ver, por ejemplo, con necesidades básicas insatisfechas, con población bajo la línea de la pobreza, cantidad de población, nivel de carencia de infraestructura y de servicios, estos indicadores que apuntan a que la distribución sea mayor hacia los que más lo necesitan. Hay experiencias que esto no lo tienen y de esa forma lo que se hace es consolidar una situación de desigualdad de origen".
Fuente: Gobierno Local
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